 Un
año después de acceder el PSOE al Gobierno, el
ministro del Interior, José Antonio Alonso,
ha decidido cumplir "hasta donde se pueda"
el programa electoral socialista en lo relativo
a su departamento, el cual pasa por una profunda
reestructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y de las relaciones entre las diferentes
policías -estatales, locales y autonómicas-.
A instancias del ministro, desde principios de
año se mantienen dos mesas negociadoras: por un
lado, la coordinada por el secretario de Estado
de Seguridad, Antonio Camacho, con los
sindicatos policiales. Una mesa relativamente
fácil de llevar, dado que la Policía ni tiene
el carácter militar de la Guardia Civil ni tiene
competencia en esta materia, por tanto, el Ministerio
de Defensa que dirige José Bono.
De hecho, el proyecto de nuevas Líneas Estratégicas
de Actuación de la Dirección General de la Policía
prevé un desembolso total en cinco años de más
de 600 millones de euros, según el documento al
que ha dado su visto bueno el ministro José Antonio
Alonso y que sustituye al llamado Plan Cotino
de Policía 2000. El documento ha sido bien recibido
por los representantes policiales. Toda la información
relativa a estos planes la pueden encontrar en
la siguiente dirección web:
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/alternativo/050305informe.php
El reto de la Guardia Civil
 Paralelamente
a la mesa policial, hay abiertas dos mesas de
negociación con las asociaciones de la Guardia
Civil: una, coordinada por el propio secretario
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y otra
coordinada por el director general de la Benemérita,
general Carlos Gómez Arruche. A estas mesas
asisten de forma quincenal y desde mediados de
febrero cuatro asociaciones de guardias civiles
-no está reconocida la sindicalización en el Cuerpo-:
Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC);
Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC);
Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC)
y la Unión de Oficiales.
En la mesa llevada directamente por Antonio Camacho,
Interior discute con los representantes de los
guardias civiles un proyecto sobre los nuevos
Derechos y Deberes Fundamentales de la Guardia
Civil que deberá quedar articulado como proyecto
de Ley Orgánica en el plazo de dos meses, según
los planes gubernamentales. Con este proyecto
el Ministerio pretende acabar con una situación
anacrónica de relación interna en el Cuerpo, pero
se limita a actuaciones como acceso a la Guardia
Civil o a otras cuestiones laborales que, aunque
suponen importantes mejoras respecto al régimen
actual, no convencen ni mucho menos a todo el
colectivo.
Además, según ha sabido este Periódico
Alternativo, el meollo de la cuestión, centrado
en la reforma global de la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado que el Gobierno
pretende llevar a cabo, se ha excluido a los representantes
del Instituto armado. Desde luego, en ningún caso
habrá desmilitarización de la Guardia Civil, lo
que ha sido bien recibido por el Ministerio de
Defensa, pero que ha descorazonado a los representantes
de esa Institución.
La segunda mesa la dirige, ya más internamente,
el director general del Cuerpo, general Carlos
Gómez Arruche, pero ya desde la primera reunión
quedó claro que existe un punto de alta discrepancia:
el papel, derechos y responsabilidades de las
asociaciones de guardias civiles. Según asistentes
a la reunión, Gómez Arruche reconoció, aunque
a regañadientes, la necesidad del asociacionismo
en el Cuerpo -no de la sindicación, en ningún
caso-, pero la discrepancia surge en que el general
quiere relegar el asociacionismo interno a cuestiones
meramente formales, tales como a que se vigile
que los guardias no lleven 'ropas remendadas',
etcétera.
Además, ya en la reunión que tuvo lugar en la
Dirección General, en Madrid, el pasado 28 de
febrero, uno de los mandos asistentes a la misma,
el coronel Parrilla, hizo un comentario que deja
entrever por dónde van los tiros de la reforma:
dijo que echaba de menos que en la mesa negociadora
hubiera algún representante del Ministerio de
Defensa. La impresión de los asistentes a la reunión
es que José Bono -de cuyo Ministerio depende en
gran parte la Guardia Civil- no está por la labor
de ninguna reforma, por pequeña que sea. De ahí
la ausencia del Ministerio en esa mesa.
Por si fuera poco, Gómez Arruche informó a los
asistentes que se estaba elaborando un proyecto
de Ley Disciplinaria en el Cuerpo que deberá sustituir
al existente y que, en ciertos casos, endurece
las condiciones de representación en la Guardia
Civil. Por ejemplo, algo que puso los pelos de
punta a los guardias asistentes a la reunión es
que el citado proyecto de la Dirección General
contempla sanciones importantes a los representantes
asociativos que, en función precisamente de su
representación, realicen declaraciones a los medios
de comunicación social.
De momento, así están las cosas hasta la próxima
reunión.
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