 El
11-M demostró que era más necesario que nunca
contar con un buen número de traductores de árabe
y con confidentes relacionados con esos países,
pero hay auténtica preocupación en el Ministerio
del Interior sobre las actuaciones de esas personas
antes o después de los interrogatorios oficiales.
Se han dado instrucción para que los traductores
y a la vez confidentes no negocien con los detenidos
en su idioma, porque podría ocurrir que a cambio
de un dinero, durante los interrogatorios oficiales
se traduzca lo que mejor le convenga a su defensa.
Una de las posibilidades en estudio es la grabación
de las vistas o declaraciones con el objeto de
traducirlas luego por otro personal de confianza.
También se pretende evitar las entrevistas previas
del detenido con el traductor, aún cuando sea
en las propias dependencias policiales o judiciales.
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