 Durante
los últimos meses, y muy particularmente a lo
largo de este marzo que ya está próximo a finalizar,
varias compañías españolas del sector energético
han estado escudriñando hasta el más mínimo detalle
de la crisis política producida en Bolivia, que
se ha venido desarrollando en diferentes capítulos,
como si de un 'culebrón' televisivo se tratara.
Estas empresas, con Repsol YPF a la cabeza,
se han estado jugando -y aún arriesgan- ingentes
cantidades de dinero y su futura política de inversiones
en la zona. El motivo no es otro que la aprobación
de una nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo debate
central ha sido (y aún seguirá siendo) el incremento
en el pago de regalías.
La regalía es la cantidad económica que la compañía
que explota un bien o materia prima no renovable
ha de pagar al Estado boliviano, o a la región
donde realiza sus explotaciones, en compensación
por su actividad. No es considerada como un impuesto,
sino otra clase de tributo que hay que abonar,
además de los citados impuestos.
La historia
La historia viene de lejos. Concretamente, de
octubre de 2003, cuando el presidente Carlos
Mesa prometió reformas mediante un referéndum
sobre el destino del gas y esta ya famosa nueva
Ley de Hidrocarburos. La evolución de los últimos
acontecimientos que han convulsionado Bolivia
es la siguiente, según ha venido contándola la
prensa boliviana:
A comienzos de marzo, la Comisión Mixta de Desarrollo
Económico propone aumentar las regalías petroleras
hasta el 50 por ciento para que así se aseguren
los ingresos fiscales para el Tesoro General de
la Nación. Se debaten hasta tres propuestas para
obtener más tributos petroleros a partir de este
día. Es la 'recta final' para la aprobación de
la nueva Ley de Hidrocarburos en la Cámara de
Diputados. Entre las propuestas está la del Poder
Ejecutivo, la de la presidencia de la Cámara de
Diputados y aquella procesada por la Comisión
de Desarrollo Económico, impulsada por el Movimiento
al Socialismo (MAS), liderado por el opositor
Evo Morales.
Todas coinciden en lograr el 50 por ciento de
ingresos para el Estado, pero difieren en la metodología.
Lograr más ingresos para el Estado boliviano por
el negocio petrolero fue una de las consignas
de la "guerra del gas", en octubre de 2003, que
luego se convirtió en la promesa del presidente
Carlos Mesa y en una de las preguntas del
referéndum del gas.
En medio de protestas sociales y vaivenes políticos,
la nueva ley de hidrocarburos ve la luz el 16
de marzo en la Cámara de Diputados, tras siete
meses de debate y confrontaciones entre el Congreso
y el Ejecutivo, que finalmente perdió un pulso
en ese escenario porque no logró que se considerara
su planteamiento.
Adelanto de elecciones
Mesa había presentado el pasado 7 de marzo su
dimisión ante el Congreso. Sin embargo, la Cámara
se la rechazó al día siguiente, por un acuerdo
con los partidos conservadores que suponía aparentemente
una garantía para dar luz verde a su proyecto.
Pero Mesa anunció su voluntad de adelantar las
elecciones generales al 28 de agosto, al comprobar
que en una crucial sesión convocada por los diputados
para aprobar el nuevo régimen tributario para
el sector no tenía el apoyo comprometido.
La nueva Ley de Hidrocarburos boliviana introduce
cambios profundos en la industria petrolera, aunque
aún está pendiente de análisis en el Senado y
el mandatario, si se mantiene en el poder, tiene
el poder de vetarla.
Las reformas
La primera reforma significativa estipula la recuperación
para el Estado de los hidrocarburos en boca de
pozo (en la superficie), cuya gestión y destino
corresponde hasta ahora a las firmas privadas
instaladas en el país desde 1996. También emplaza
a las empresas, entre ellas Petrobras, British
Gas, British Petroleum, Repsol YPF y TotalFinaElf,
a cambiar de forma obligatoria en 180 días 76
contratos de riesgo compartido para adecuarlos
a la nueva ley cuando entre en vigencia y deje
sin efecto las condiciones que atrajeron sus inversiones.
La normativa establece que el Estado ejercerá
sus derechos mediante la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) que, gracias a la misma
ley, será refundada para operar en toda la cadena
de hidrocarburos y se convertirá en un nuevo actor
del sector y con el que tendrán que negociar las
trasnacionales.
La forma en que YPFB fue refundada fue criticada
por el ministro de Hidrocarburos, Guillermo
Torres, porque la empresa tendrá su presidencia
en La Paz y sus vicepresidencias en Santa Cruz
y Tarija, regiones que reclamaron esa presencia,
lo que, según la autoridad, hará difícil su gestión.
Otro cambio sustancial contra el que han protestado
el Gobierno y las compañías es haber otorgado
a los grupos indígenas un poder para concertar
con las empresas la explotación de los recursos
naturales en los territorios que habitan, lo cual
supone un derecho de veto, si no hay consenso.
El otro punto central de la nueva norma está en
la creación de un impuesto del 32 por ciento a
la producción que se aplicará de forma universal
e inmediata en el sector petrolero, al que se
sumará una regalía -pago fijo por explotar recursos
naturales- del 18 por ciento.
Los diputados que votaron la reforma consideraron
que de esta forma cumplieron con el mandato del
referendo sobre el gas del 18 julio del año pasado,
en el que se proponía que el Estado obtenga el
50 por ciento de los ingresos generados por el
negocio.
Amenazas de las petroleras
El ministro Torres criticó este punto porque cree
que es "inviable" y, además de espantar
inversiones, causará "terribles problemas"
al país, uno de los cuales está en puertas con
la advertencia realizada por la británica British
Gas (BG) de entablar procesos judiciales si la
reforma afecta a sus derechos. Para el presidente
Mesa, la nueva Ley de Hidrocarburos es "un
suicidio" para el país.
En su transición de un sector petrolero liberalizado
a uno en el que Estado recobre su importancia,
Bolivia aspira a convertirse en el eje energético
que integre el Cono Sur latinoamericano, gracias
a sus reservas de gas natural de 1,47 billones
de metros cúbicos, las segundas más grandes del
Suramérica después de las de Venezuela.
Ley de Hidrocarburos de 1996 (aún en vigor):
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/
internacional/leyhidrocarburos_bolivia.pdf
Proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos:
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/
nacional/proyecto-ley-hidrocarburos.pdf
Documento sobre los tributos petroleros, publicado
por la revista boliviana Petróleo y Gas:
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/
internacional/sistemas_impositivos_mundo.pdf
Palabras de Carlos Mesa sobre la nueva Ley de
Hidrocarburos en el programa "El presidente
te responde":
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario
/nacional/palabras_pres_republica.pdf
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