 Ni
pretendemos, ni queremos 'cebarnos' con la actual
ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo.
Sabemos que errar es de humanos y ella no va a
ser una excepción. Pero esto no la exime de responsabilidades
en el desempeño de sus funciones públicas y por
eso nos hacemos eco de otro 'desliz' pasado que
el PP de Extremadura, de donde procede la ministra,
no tiene el menor problema en recordar.
Resulta que en el periodo que fue consejera de
Presidencia extremeña, Trujillo se decidió
a poner en marcha una televisión autonómica y
adjudicó la realización de una parte de la programación
a una empresa privada del grupo Prisa, mientras
que el resto se emitiría en conexión con Canal
Sur Andalucía, dependiente de otro Gobierno
autonómico socialista, como era (y es) el andaluz,
del presidente del PSOE, Manuel Chaves.
Las adjudicaciones fueron realizadas por Trujillo,
que estaba al frente de la consejería de Presidencia.
Pero la Justicia determinó que no se ajustaba
a derecho, puesto que se conculcaba el artículo
20 de la Constitución al no permitirse el acceso
de los partidos políticos a esta televisión, de
gestión privada pero con fondos públicos.
"En definitiva, se cerró la televisión, siendo
la máxima responsable la actual ministra, por
realizar una adjudicación que no fue legal",
nos comentan ahora fuentes del PP de Extremadura.
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