 Como
se sabe, Ecuador está viviendo estos días una
crisis política y social de enormes proporciones.
El último capítulo -por ahora- de las revueltas
lo ha protagonizado el Parlamento de este país,
que ha destituido a la Corte Suprema ecuatoriana,
al declarar inconstitucional una resolución con
la que los aliados del presidente, Lucio Gutiérrez,
tomaron en diciembre el control del tribunal.
Esta decisión amenaza la continuidad del mandatario.
La oposición, fortalecida, revive ahora sus planes
para destituir a Gutiérrez por su polémica intromisión
en el sistema judicial, que ha provocado el clamor
que recorre el país.
En medio de esta convulsión social y política
están algunas empresas importantes españolas,
como Repsol YPF, Caja Madrid o BBVA.
Según nuestras fuentes, estas empresas permanecen,
de momento, ajenas a las revueltas, aunque miran
con lupa cada movimiento que se produce.
A su favor está el hecho de que tradicionalmente
el sistema financiero y los poderes económicos
guardan una relativa distancia con el poder político,
para evitar en lo posible, precisamente, que la
inestabilidad les afecte. Una inestabilidad que
sacude a la mayoría de los países de la zona.
Los ecologistas las critican
A pesar de esta calma relativa que las empresas
españolas radicadas en Ecuador tienen, a pesar
de la crisis política que atraviesa el país, algunas
organizaciones ecologistas, como Acción Ecológica
en Ecuador y Ecologistas en Acción, han colaborado
en la elaboración de un durísimo informe contra
ellas. Entre otras cosas, las acusan de ir "de
la mano del Ejército en su ataque a las comunidades
campesinas e indígenas" y de producir el "desastre
ecológico en la amazonía".
Ecologistas en Acción y estas otras organizaciones
de Ecuador realizan estas denuncias basándose
en la participación de algunas empresas españolas
en el proyecto de Oleoducto de Crudos Pesados
del Ecuador (OCP), un polémico proyecto que unirá
las concesiones petrolíferas de la Amazonía ecuatoriana
con el puerto atlántico de Esmeraldas, a 503 kilómetros
de distancia. "Esta obra ha sido rechazada
por ONG's, como Ecologistas en Acción, Urgewald
de Alemania y Oilwatch de Ecuador, por las poblaciones
afectadas y por los pueblos indígenas, cuyos territorios
están amenazados por la ampliación de las explotaciones
petrolíferas que ocasionará la construcción del
OCP", dicen los ecologistas en su denuncia.
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