La 'jugada' del Partido Socialista para hacerse
con el control de las asociaciones de la Guardia
Civil puede abocar a un maremoto reivindicativo
de imprevisibles consecuencias. De momento, tres
de las principales asociaciones -UPGC, ASICG y
Unión de Oficiales- se sienten 'engañadas' por
María Victoria Sánchez, directora del Gabinete
del secretario de Estado para la Seguridad, Antonio
Camacho, por haber convocado el Ministerio
a una reunión bilateral a AUGC -con acuerdos vinculantes
con el PSOE-, prescindiendo de las otras asociaciones,
las cuales, sin embargo, sí están presentes en
la mesa negociadora para la reforma del Estatuto
de la Guardia Civil.
María Victoria Sánchez negó a las asociaciones
que Interior fuera a seguir las pautas emanadas
desde el PSOE respecto a la creación de una mesa
bilateral Interior-AUGC, y que toda negociación
sobre las reivindicaciones de los guardias -especialmente
las retributivas- se verían en la mesa multilateral.
Sin embargo, y pese a la promesa de Sánchez, el
lunes, 25 de abril, se constituyó la mesa bilateral
entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC),
lo que ha provocado una tormenta en el colectivo.
Según fuentes de AUGC, en esa reunión bilateral
-con exclusión, por tanto, del resto de las asociaciones-
se analizó el marco regulador de las retribuciones
que perciben los guardias civiles, el acuerdo
suscrito con los sindicatos policiales con el
Ministerio del Interior y se abordaron las líneas
generales de la Reforma en profundidad del marco
retributivo de los Guardias Civiles.
En un comunicado colgado por AUGC en los foros
visitados por guardias civiles, la asociación
vinculada al PSOE ha expresado que AUGC "está
en disposición de anticiparte tres cuestiones
de gran interés en lo que a retribuciones se refiere,
la publicidad de estos tres puntos entre los compañeros
permitirá terminar con los 'macutazos' a los que
estamos acostumbrados". El acuerdo llegado
con la Secretaría de Estado incluye un incremento
salarial bruto de alrededor de 100 euros mensuales
con carácter retroactivo desde enero de 2005.
La noticia de la constitución de la mesa bilateral
ha caído como un mazazo en el resto del movimiento
asociativo en la Benemérita, que ha acusado a
Interior de "mendacidad". Las asociaciones
'excluidas' -la totalidad, menos AUGC, claro-
estudian acciones para reconducir la situación.
De momento se ha pedido una explicación al propio
ministro del Interior, José Antonio Alonso.
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