Casi un mes después de los atentados, la Unidad
Central de Información Exterior (UCIE) había
desentrañado la trama de explosivos en Asturias,
pero no había sido capaz de cuantificar
cuánta dinamita ha podido ser sustraída en las
minas asturianas, ni mucho menos cuántos kilos
aún pueden permanecer desaparecidos y en venta
o si están en manos de los terroristas del 11-M
o de cualquier otra organización del crimen organizado.
El tomo 20 del sumario recoge, fundamentalmente,
los estadillos de la empresa Canela Seguridad,
SA, que era la encargada de suministrar los explosivos
no sólo a la sociedad Caolines de Meriles -explotadora,
entre otras de Mina Conchita, de donde se supone
que fue robada la Goma 2 ECO que se utilizó en
Madrid-, sino de otras empresas mineras asturianas.
Según el extenso listado de pedidos y envíos remitidos
por Canela Seguridad relativos a todos el año
2003 y primeros meses de 2004 (los documentos
remitidos a la UCIE y por ésta al Juzgado conforman
los primeros 320 folios del tomo 20), en un solo
mes esta empresa podía servir más de cuatro mil
kilos de Goma 2 ECO a diferentes explotaciones
mineras asturianas. Lo que pretendía la UCIE con
el estudio de la relación de dinamita servida
desde 2003 era ver en qué minas se podían haber
producido sustracciones, además de en Mina Conchita,
y calcular cuánta dinamita podía estar circulando
sin control.
Sin embargo, como se vería unos meses después
en la Comisión de Investigación del 11-M, el descontrol
en las minas asturianas con la dinamita era total.
Generales de la Guardia Civil que pasaron por
la Comisión llegaron a declarar que la sustracción
y uso de explosivo para temas como por ejemplo
pesca furtiva era muy frecuente. Los servicios
de información descubrieron con evidente angustia
que durante años no había habido ningún control
sobre los explosivos por diferentes razones, pero
entre otras por falta de personal y por una legislación
obsoleta que el nuevo gobierno que se formó tras
las elecciones del 14-M se preocupó en cambiar.
Continúan las detenciones
Respecto al pasado, queda evidenciado, pues, de
forma evidente el descontrol que hubo en materia
de explosivos, pero en cuanto a la investigación
sobre los autores del atentado la UCIE avanza
a pasos agigantados.
Así, el 31 de marzo declara ante el juez como
imputado el detenido Mostafa Ahmidan (Tetuán,
Marruecos, 1968). Ya se sabe que la familia Ahmidan
ha tenido parte activa en los atentados a través
de Jamal Ahmidan, que se había convertido
en uno de los personajes más buscados hasta ese
momento. Se confirma que Jamal usaba tres coches:
un Opel Astra azul oscuro, un BMW negro que pertenecía
a su primo Hicham Ahmidan y un Golf oscuro,
propiedad del propio Mostafa. Son los coches con
los que le vieron diversos testigos. El juez Juan
del Olmo, no obstante, decreta su libertad
provisional.
También el 31 de marzo vuelve a declarar Antonio
Toro Castro, el cuñado del ex minero José
Emilio Suárez Trashorras y quien sirvió de
intermediario entre éste, Rafa Zouhier y
los 'moritos'. Toro confirma ante el juez que
"Emilio le dice al declarante que los del atentado
habían sido los amigos de Rafa (Zouhier), el declarante
no le pregunta por qué relaciona el atentado con
los amigos de Rafa como autores, no sabe por qué
llega Emilio a esa conclusión ni le pregunta a
José Emilio cómo llega a esa conclusión porque
el declarante se quedó frío por pensar que podría
ser Rafa y por el suceso que había pasado".
Se decreta su entrada en prisión incomunicada.
La magnitud de la tragedia queda puesta nuevamente
de manifiesto cuando a finales de marzo, veinte
días después de los atentados, el Servicio Central
de Identificación de la Comisaría General de Policía
Científica remite al juez el informe sobre la
identificación de restos, facilitando una relación
oficial de víctimas (páginas 382 a 387 del Tomo
20).
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