La polémica ha vuelto a rodear en Bruselas al
presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, por disponer de cinco guardaespaldas
que no pertenecen a las fuerzas de seguridad del
Ejecutivo comunitario, sino a la Policía de Seguridad
Portuguesa, y que son pagados por el Gobierno
luso y por la Comisión.
Según han afirmado fuentes comunitarias, los cinco
agentes reciben un total de 6.000 euros mensuales
del Gobierno de Lisboa, para garantizar sus pensiones,
y un doble salario de la Comisión que no está
permitido por la legislación comunitaria que regula
el estatuto de los funcionarios europeos.
La noticia ha saltado tras la publicación en La
Libre Belgique del refuerzo que ha experimentado
la seguridad del presidente del Ejecutivo comunitario
desde el cambio de legislatura. Según el rotativo
belga, su antecesor, Romano Prodi, no disponía
de agentes externos al cuerpo de seguridad de
la Comisión Europea, ni de una protección "tan
estrecha" -la Comisión confirma una vigilancia
de 24 horas diarias- como la del ex primer ministro
portugués.
"El refuerzo de la seguridad del presidente
fue objeto de discusión entre las autoridades
belgas, portuguesas y de la Comisión", precisó
el portavoz comunitario Jonathan Todd.
Según sus palabras, la Comisión Europea no disponía
de las fuerzas de seguridad necesarias para proteger
al presidente, por lo que el hecho de contratar
los servicios de los agentes portugueses resultó
"más barato que cualquiera de los servicios
prestados por una compañía privada", apostilló
Todd.
No obstante, el modo de pago es irregular y no
cumple con la legislación comunitaria que prohíbe
que los funcionarios europeos tengan un doble
salario: el de las arcas comunitarias y el de
sus Estados miembros, como ocurre con los cinco
guardaespaldas de Barroso. Éstos reciben un salario
conjunto de 6.000 euros mensuales de las autoridades
lusas, "un mínimo para que coticen en su país
y puedan cobrar las pensiones" y un sueldo
de la Comisión Europea. En esta línea, Todd afirmó
que el Ejecutivo comunitario solicitó una exención
el pasado mes de marzo para resolver por qué agentes
que trabajan para la Comisión reciben dinero por
otra vía.
En lo que se refiere a la decisión de contratar
a estos cinco escoltas, señaló que se debía a
un análisis elaborado por los servicios de seguridad
de la Comisión, aunque no confirmó que el actual
presidente del Ejecutivo haya sido objeto de amenazas
contra su persona.
Por otra parte, el portavoz hizo referencia a
la calidad de los servicios de seguridad de la
Comisión y señaló que "son muy competentes"
pero que no hay que olvidar que se ocupan de la
seguridad de 50 edificios con capacidad para albergar
a mucho personal.
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