En febrero de 2004, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo su Comunicación sobre las Perspectivas Financieras para el próximo marco financiero. La adopción de esta Comunicación por la Comisión supuso la apertura formal de las negociaciones sobre la asignación de las dotaciones presupuestarias para cada una de las políticas comunitarias a partir de 2007. El secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alberto Navarro, y el director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea, Enrique Viguera , han publicado en el Real Instituto Elcano un extenso informe sobre el tema que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

De acuerdo con el calendario adoptado por el Consejo, dicha negociación debería culminar con la adopción de un acuerdo político en el próximo Consejo Europeo, al final de la presidencia de Luxemburgo, en Junio de 2005. Siguiendo las previsiones del mencionado programa, idealmente, durante la Presidencia británica (2º semestre de 2005), se aprobaría todo el paquete legislativo, es decir, los distintos Reglamentos de políticas de gasto. Si todo ello se desarrolla según el calendario previsto, un nuevo acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo se podría acordar antes de que finalice el marco financiero actual (finales del 2006).

La negociación sobre los gastos constituye la esencia de la negociación de las Perspectivas Financieras. En su valoración sobre las necesidades de financiación de la Unión Europea a partir de 2007, la Comisión ha considerado importante tener en cuenta las repercusiones presupuestarias de algunas decisiones políticas tomadas con anterioridad. Estas son básicamente las siguientes:

El acuerdo sobre la financiación de la PAC del Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2002 que hizo posible la conclusión del capítulo agrícola en las negociaciones de ampliación y, en definitiva, el acuerdo político sobre la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002. El gasto agrícola para los años 2007-2013 está ya acordado, aunque habrá que prever el gasto para Bulgaria y Rumania.

La incorporación de los nuevos Estados miembros que normalmente, en términos presupuestarios, se debería traducir en un mayor volumen de gasto, teniendo en cuenta la importancia tradicional de la cohesión en el presupuesto comunitario y el hecho de que estos Estados poseen rentas "per capita" muy inferiores a la media comunitaria.

Los nuevos retos políticos, económicos y sociales de la nueva Unión Europea ampliada tanto a nivel interno, muchos de los cuales encuentran respuesta en la llamada "Agenda de Lisboa", como en la esfera internacional, incluyendo la nueva política de vecindad.

Considerando estos factores como punto de partida, la Comisión propuso para las siguientes PPFF un techo anual de recursos propios en créditos de compromiso del 1,24% de la RNB comunitaria, incluyendo el FED (0,03%) -que actualmente está fuera del presupuesto-, y el Fondo de Solidaridad (0,01%) -que en las actuales PPFF no tiene una dotación fija-. Ello supone, de hecho, un techo real del 1,20%, lo que debería permitir financiar las nuevas prioridades de la Unión. Respecto al límite global de los créditos de compromiso, la Comisión propone que éste se sitúe, como media durante el periodo, en el 1,26% de la RNB comunitaria, mientras que el límite de los créditos de pago se establece en el 1'14%.

Del total del presupuesto, se destinaría aproximadamente un 40% a la cohesión, un 35% a la agricultura, un 16% a las políticas internas, un 7% para financiar las acciones de política exterior y un 2% aproximadamente para el espacio de libertad, seguridad y justicia y los programas de movilidad.


Los ingresos

Si la negociación de las Perspectivas Financieras consiste básicamente en la concreción de los gastos, la Decisión de Recursos Propios es su reverso, en la medida que regula el sistema de ingresos de la Comunidad. Se trata de una decisión que se adopta con una regla muy particular ya que requiere la unanimidad de los Estados miembros, así como su ratificación por los parlamentos nacionales (art. 269 párrafo 2 del TCE). Esta regla no cambiará con el próximo Tratado constitucional.

La comunicación de la Comisión sobre las perspectivas financieras 2007-2013 abarca no sólo al lado de gastos del presupuesto UE, sino también a los ingresos. En efecto, en este documento la Comisión propone crear un Mecanismo Generalizado de Corrección (MGC) de saldos netos excesivos en el que se diluiría el actual cheque británico, así como las bonificaciones que actualmente disfrutan determinados Estados en la financiación de dicho cheque. Las propuestas de la Comunicación sobre ingresos han sido posteriormente (julio de 2004) recogidas en el proyecto de nueva Decisión de Recursos Propios y en el proyecto de Reglamento para el establecimiento del método de cálculo del nuevo MGC. Asimismo, la Comisión presentó una comunicación sobre el funcionamiento de los recursos propios.

Por lo demás, la Comisión propone mantener los elementos básicos del Sistema de Recursos Propios, por lo que la posible reforma en profundidad de los ingresos queda excluida de la negociación sobre las próximas perspectivas financieras.


La posición negociadora española y posibles soluciones

El Gobierno español ha reconocido que su situación ha cambiado con respecto a la de 1999, tanto en términos absolutos, como relativos. España ya no es la misma porque ha experimentado un importante crecimiento económico, por encima de la media comunitaria. Asimismo, la Unión Europea de 2006 tampoco es la misma que la de 1999: hemos pasado de 15 a 25 Estados miembros y pronto seremos 27 ó 28. Consecuentemente, es lógico que la manera y el planteamiento con que se afronta esta negociación sean radicalmente diferentes al de 1999.

Posiblemente es en este tipo de negociaciones sobre Perspectivas Financieras en las que se requiere mayor flexibilidad, pero también generosidad, teniendo siempre presente el interés nacional por un lado, pero sin perder de vista la propia integración europea, por otro.

Sin duda, hay un firme compromiso de España con la cohesión, como expresión del principio de solidaridad comunitaria que ha adquirido carta de naturaleza en el proceso de integración europea gracias, en buena medida, a nuestro país. De la misma manera en que nos hemos aprovechado ampliamente de las posibilidades de financiación europea en el pasado gracias a la cohesión, debe haber una buena disposición a hacer lo propio en el futuro con países que lo van a requerir, incluso más que nosotros en el pasado.

Sin embargo, dicho lo anterior, no se puede exigir a España que contribuya de una manera desproporcionada a la financiación de las siguientes PP.FF. y que asuma una cuota que va mas allá de la que debe razonablemente corresponderle, mientras países miembros más prósperos ven relativamente poco cambiada su situación financiera con respecto a las actuales PPFF, a pesar de que haya tenido lugar la ampliación. Hay que recordar que la propuesta de la Comisión resultaría en un esfuerzo financiero de España superior al doble de la media de la Unión a 15 y a cerca del triple de la de algunos países con renta per capita superior a la española. Con dicha solución se puede decir, utilizando un lenguaje llano, que a más de uno la ampliación le saldría barata y que incluso le puede hasta salir gratis, lo cual no resultaría justo.

Pueden consultar el texto íntegro de este artículo en:
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/191.asp.