El Pleno ha adoptado un importante paquete de
medidas para aumentar la eficacia en la lucha
contra el terrorismo. En concreto, ha dado luz
verde con algunos cambios a siete informes de
iniciativa, y rechazado uno, que se enmarcan en
el contexto de la revisión del plan de acción
contra el terrorismo, aprobada por el Consejo
de diciembre del año pasado y que propone alcanzar,
a través de cerca de doscientas medidas, siete
objetivos estratégicos en la lucha antiterrorista.
Este plan de acción será examinado en la próxima
reunión del Consejo Europeo, que tendrá lugar
en Bruselas los días 16 y 17 de junio.
En primer lugar, el Parlamento Europeo ha adoptado
el informe del eurodiputado español Jaime Mayor
Oreja (PPE) en el que, entre otras cosas,
se respalda la creación de una Oficina Europea
de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en la Comisión.
Además, sugiere cómo mejorar la capacidad de respuesta
frente a atentados terroristas, y destaca la información
como base para la prevención. El objetivo principal
de la UE, recuerda la Eurocámara, es evitar los
atentados: "al tratarse de un fenómeno cuyas
formas y cadencias de actuación no conocemos suficientemente,
es fundamental invertir en información".
La resolución propone numerosas medidas orientadas
a optimizar su uso, como la creación de nuevos
instrumentos y plataformas que fomenten el diagnóstico
y el intercambio de información entre cuerpos
policiales y servicios de inteligencia y la creación
de un foro en el que participen todas las instituciones
europeas. También insiste en promover este tipo
de cooperación con terceros países y organismos
internacionales, además de apuntar hacia la especialización
creciente de Eurojust y Europol.
El informe adoptado por el Pleno advierte de la
necesidad de "dotar a la Oficina del Coordinador
Europeo de la Lucha contra el Terrorismo de los
medios necesarios para diseñar y coordinar la
respuesta ante un atentado".
Como apoyo a los afectados por el terrorismo,
la Eurocámara plantea la consolidación del proyecto
piloto de ayuda a las víctimas mediante la creación
de una línea presupuestaria permanente, además
de la fundación de una Oficina Europea de Ayuda
a Víctimas del Terrorismo y la posibilidad de
aplicar el Fondo de Solidaridad para las indemnizaciones.
Reforzar infraestructuras vulnerables
La Eurocámara aprobó también un informe, elaborado
por el socialista Stavros Lambrinidis,
para impulsar una estrategia europea que busca
proteger la infraestructura vulnerable en los
países miembros en caso de desastre natural o
ataque terrorista. Según el texto adoptado, las
medidas existentes a escala nacional deben ser
armonizadas y las instituciones europeas han de
desarrollar un Programa Europeo para la Protección
de Infraestructura Crítica, financiado por cada
uno de los Veinticinco y/o por los operadores
y responsables.
Stavros Lambrinidis subrayó, durante el debate
en el Pleno, la necesidad de detectar las infraestructuras
críticas y qué medidas de protección son las más
adecuadas a la hora de responder a un ataque potencial,
para lo que recomendó un intercambio de información
entre los Estados miembros con el propósito de
saber dónde reside la vulnerabilidad.
Financiación
También se adoptó en Estrasburgo el informe de
Mario Borghezio (IND/DEM) que apoya, para
prevenir la financiación del terrorismo, que la
UE adopte unos estándares mínimos de regulación
"con el fin de garantizar que las organizaciones
sin ánimo de lucro ofrezcan la máxima transparencia,
usando exclusivamente cuentas bancarias oficiales
para los fondos y canales formales para las transferencias".
El texto explica que "en algunos casos los
terroristas han podido acceder y beneficiarse
de los fondos de fundaciones de caridad",
muchas de las veces con la ignorancia por parte
de de los donantes y dirigentes de las organizaciones
no gubernamentales, pero otras "con su cobertura
y apoyo logístico, tanto para operaciones terroristas
como para transporte de armas".
Por otra parte, señaló que las medidas para prevenir
la financiación del terrorismo se deben centrar
en las fuentes de ingresos, como son el tráfico
de armas y de drogas y, desde este punto de vista,
acoge con satisfacción la propuesta de reglamento
anunciada por el comisario europeo de Justicia,
Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
El eurodiputado italiano también quiso recordar
el problema, todavía sin resolver, de los paraísos
financieros y fiscales dentro y fuera del territorio
de la UE, que pueden ofrecer una pantalla de protección
a las organizaciones terroristas internacionales.
Asimismo, Agustín Díaz de Mera (PPE/DE)
requirió una muestra de solidaridad, a través
del apoyo a su enmienda al informe de Borghezio,
hacia todos los empresarios vascos y españoles
que se encuentran bajo el yugo de lo que se conoce
como impuesto revolucionario, "la mayor forma
de extorsión que existe en la UE" y que aporta
a la banda terrorista española de 12 a 15 millones
de euros anuales. El español argumentó que sin
esta fuente de financiación el terrorismo etarra
no sobreviviría.
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