Los informes del periódico alternativo
Los documentos que levantaron las iras del PP

El jefe de los espías españoles, Alberto Saiz, dijo el viernes en un seminario en Toledo que la matanza del 11-M podría haber evitado si el Gobierno de José María Aznar hubiese hecho caso de los informes que en tal sentido habían emitido los servicios de información de Policía, Guardia Civil y CNI, además de 'servicios secretos amigos'. Estas palabras han despertado la ira del PP, uno de cuyos portavoces en la Comisión del 11-M, Vicente Martínez-Pujalte, ha exigido la urgente comparecencia parlamentaria del director del CNI.

En 2004, una vez producido el 11-M y tras la creación de la correspondiente Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, la Comisaría General de Información (CGI) elaboró amplios informes-resumen de las notas que la Unidad Central de Inteligencia (UCI) había ido elaborando desde 1996 en relación al terrorismo islamita.

En el resumen de actuaciones de 2001 -que recoge las operaciones llevadas a cabo y las notas informativas 'reservadas' a que dieron lugar en su día, se relata cómo se inició el 13 de noviembre en Madrid y Granada la "Operación Dátil I", con la red de Al Qaeda en España supuestamente dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas, alias "Abu Dahdah" (sumario 35/01 de la Audiencia Nacional, que se está juzgando en la actualidad). En esa operación fueron detenidos, entre muchos otros, Said Chedadi, alias "Said" (Tánger, Marruecos, 1969) y Driss Chebli, alias "Idris" (Touzine, Marruecos, 1972), supuestamente implicados ambos en la matanza del 11 de marzo.

En el resumen de actuaciones de 2002 de la UCI, se relata como en la operación "Dátil III", de julio de 2002, se detuvo por pertenencia a Al Qaeda (grupo de Abu Dahdah) a otro que luego estaría supuestamente implicado en la matanza de Madrid, Mohamed Needl Acaid. Y en marzo de 2002, tras informar la CGI de la presencia de tres magrebíes procedentes de los campos de entrenamiento de muyahidines de Georgia, se puso en marcha la "Operación Lago", deteniendo a 16 presuntos activistas en siete puntos de Barcelona y Gerona, entre ellos a Abdelkader Lofti (Tiaret, Argelia, 1962), que dos años después aparecería también implicado en el 11-M.

En el documento-resumen referido a las "actividades antiterroristas" durante 2003, elaborado igualmente por la UCI, se señalaba que desde finales de 2001 se habían recibido informes de "Servicios de Inteligencia amigos" que apuntaban que individuos vinculados con el Frente Internacional Islámico que habían recibido entrenamiento como mujahidines en Pankisi (Georgia), después de haber tenido que abandonar sus instalaciones del campo de Herat, en Afganistán, "pudieran llevar a cabo en Europa atentados terroristas contra objetivos sin especificar".

Con esas confidencias, en junio de 2003 se detuvo a Driss Chebli, alias "Idris" (Touzine, Marruecos, 1972), también implicado en el 11-M y quien entonces estaba ligado a Al Qaeda a través de Imad Eddin Barakat Yarkas, alias "Abu Dahdah" (sumario 35/01 de la Audiencia Nacional). Su misión era "el reclutamiento de mujahidines".

En total, otro informe de la Comisaría General de Información (CGI) remitido a la Comisión del 11-M sobre detenciones de islamistas radicales entre 2000 y 2004 señala que en ese periodo se había procedido a 126 detenciones (dos de las cuales fueron consecuencia de extradiciones) en 19 dispositivos policiales. Es decir, que la amenaza islamista sobre España no era un entelequia, sino una realidad.


La Orden de Servicio 5/2003 sobre la "Crisis de Irak"

Por si todo ello fuera poco, se ha sabido tras el 11-M que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban preparadas desde principios de marzo de 2003 -una semana antes del inicio de la guerra contra Irak- ante la posibilidad de un atentado o una serie de atentados de terroristas islamistas en territorio nacional. Así se afirma muy elocuentemente en la Orden de Servicio 5/2003 de carácter "Reservado" titulada "Crisis en Irak" y firmada por el general de división Vicente Faustino Pellicer, subdirector general de Operaciones de la Guardia Civil, el 12 de marzo de 2003. Es decir, cinco días antes del inicio de la guerra contra Irak.

En la citada orden, de nueve páginas, remitida en su día a la Comisión de Investigación del 11-M y a la que hemos tenido acceso, se imparten instrucciones precisas a la unidades de la Guardia Civil "en relación con las distintas actuaciones que pueden generarse en el territorio nacional como consecuencia de la evolución de la crisis en Irak". De la Orden de Servicio se deducen dos cosas: que el día 12 de marzo de 2003 -justo un año antes de los atentados del 11-M- el Gobierno de Aznar ya sabía que iba a haber guerra en Irak -las hostilidades se desataron el 20 de marzo de ese año- y que la misma iba a traer consecuencias nefastas para la seguridad nacional.

En concreto, las instrucciones firmadas por Vicente Faustino Pellicer afirmaban que las situaciones que se crearían con un hipotético conflicto con Irak "pudieran ser aprovechadas por grupos radicales, incluidos movimientos extremistas musulmanes, para la comisión de dichos ilícitos penales".

En la Orden se alertaba contra "sabotajes y atentados terroristas, tanto en el interior del territorio nacional como en aquellos medios de transporte aéreo que, por la compañía a que pertenezcan o por sus lugares de origen o destino, puedan considerarse especialmente amenazados", y se ordenaba a todas las Unidades de la Guardia Civil que, al recibo de esa Orden, establecieran un dispositivo general de seguridad en su demarcación "para evitar actos ilícitos relacionados con la evolución de la crisis en el Golfo Pérsico".

Entre las misiones que se encomendaba a los guardias estaba la de "detectar, ubicar y controlar a los elementos islamistas radicales, así como a aquellos otros que de forma señalada puedan liderar acciones de carácter violento en relación con el conflicto".

Igualmente, se intensificaban, a cinco días del inicio de los bombardeos contra Irak, los controles en las fronteras aéreas, marítimas y terrestres (Ceuta y Melilla), "a efectos de impedir la entrada de individuos procedentes de Oriente Medio y África del Norte que no puedan justificar suficientemente el objeto y condiciones de estancia en nuestro país. Se prestará especial atención a la utilización de pasaportes y documentación de viaje falsificados". Y, en ese apartado, se ordenaba establecer "un control de seguridad esporádico en vuelos de entrada de aeronaves procedentes de Oriente Medio y Norte de África".

A la vista de esos documentos, el 11-M no debía de coger por sorpresa a nadie, que es lo que vino a decir Alberto Saiz en Toledo.


Los otros documentos del 11-M

Del análisis de esas y otras notas que desde 2001 estuvieron realizando la Sección de Operaciones de la Benemérita y la Comisaría General de Información, a través de la UCI y de otros servicios, se deduce que ya desde el año 2002 se estaba avisando al Ejecutivo de José María Aznar de que España, por su política exterior, se estaba convirtiendo en blanco de los objetivos de integristas radicales islámicos.

La advertencia más seria llegó con la nota titulada Elecciones municipales y autonómicas, un documento de la Subdirección Operativa del Estado Mayor de la Guardia Civil (SUBOPE-E.M.) fechado el 19 de mayo de 2003 (once meses antes de la masacre de Madrid) con el número 97396. En ese documento se afirmaba que "Al Qaeda puede tratar de atacar intereses norteamericanos en España" o "centros públicos significados".

Se decía, igualmente, que España, al haberse distinguido en su lucha contra el terrorismo en los foros internacionales y perseguir los núcleos islamistas "simboliza nítidamente los valores Occidentales que ellos rechazan, por lo que se convierte en objetivo inequívoco de sus atentados". Es decir, la Guardia Civil avisaba al Ejecutivo de Aznar de la evidencia de que se podía sufrir un atentado como el que ocurrió el 11-M. Otros documentos fueron aún más contundentes.

Los documentos, a los que hemos tenido acceso, fueron hechos llegar a la Comisión de Investigación del 11-M por la Dirección General de la Guardia Civil a través del Ministerio del Interior. Se trata de una serie de notas elaboradas por la Sección de Operaciones a lo largo de los tres últimos años sobre el peligro de atentados terroristas de grupos islamistas o internacionales en España. La relación de documentos viene firmada por Salvador Romero García, coronel jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil con fecha 25 de junio de 2004 y responde a la petición cursada a tal efecto por la Comisión de Investigación del 11-M.

Respecto al año 2001, la Guardia Civil ha remitido las siguientes operaciones: Operación Verano, Operación Paso del Estrecho, Vacaciones de la Familia Real y Presidente del Gobierno en Baleares, Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Se adjunta igualmente copia de la Orden 10/2001 relativa a Actuación contra el terrorismo integrista islámico, que se remitió en su día a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Año 2002: Operación Verano, Operación Paso del Estrecho, Vacaciones de la Familia Real y presidente del Gobierno en Baleares.

Año 2003: Elecciones Autonómicas y Municipales (25-05-03), Vuelta Ciclista a España, Operación Verano, Operación Paso del Estrecho. Vacaciones de la Familia Real y Presidente del Gobierno en Baleares.

Año 2004: Elecciones Parlamento Europeo (13-06-04), Elecciones Generales (14-03-04), Operación Verano, Operación Paso del Estrecho, Vacaciones de la Familia Real en Baleares.

Del análisis de todos esos documentos se deduce que hasta septiembre de 2001 -atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York- no se esperaba en España "la actuación de grupos de este ámbito, como tampoco se tiene conocimiento de que ninguno de ellos tenga ni el potencial ni las motivaciones suficientes para la realización de ningún atentado".

Pero a partir del 11-S, la cosa cambió, como advirtieron al Gobierno de Aznar los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. Así se comienza a afirmar, por ejemplo, en la nota interna número 221604, del 31 de octubre, relativa a la "Presidencia española del Consejo de la Unión Europea". Se veía con peligro para España la penetración de grupos extremistas islámicos relacionados con el movimiento internacional mujahidín inducidos por la situación afgana: "Esta amenaza se evalúa como la más grave", según la Benemérita, que advertía contra los "Terroristas espontáneos". Aquellos que sin estar integrados en ninguna organización terrorista se sienten 'obligados' a actuar contra cualquier objetivo marcado con los medios que tenga a su alcance. "Este último grupo puede ser el más imprevisible aunque tendería a elegir objetivos fácilmente asequibles".

En junio de 2002, la Guardia Civil señalaba al Gobierno que "distintos países de Europa, entre ellos España, están siendo utilizados como bases logísticas para la obtención dé armas, material, financiación, documentos falsificados, voluntarios y como refugio de huidos, en apoyo de la actividad terroristas que éstos llevan a cabo, principalmente, en suelo argelino".

Una advertencia que se convertía en muy seria en mayo de 2003: "Hasta el momento actual el territorio español no ha sido objetivo de los ataques terroristas de la red internacional de terrorismo, pero sí ha sido utilizado para la realización de diverso tipo de actividades en relación al terrorismo internacional (...) España está sirviendo de plataforma (...) Al Qaeda puede tratar de atacar intereses norteamericanos en España (...) o centros públicos significados (...) España se ha distinguido en su lucha contra el terrorismo en los Foros internacionales, ha perseguido los núcleos islamistas y simboliza nítidamente los valores Occidentales que ellos rechazan, por lo que se convierte en, objetivo inequívoco de sus atentados...".

Poco antes de esa nota -exactamente el 16 de mayo de 2003- se había producido el atentado integrista con la Casa de España en Casablanca, al que la inteligencia de la Guardia Civil hizo referencia en la siguiente nota interna, la número 125.251, de fecha de 26 de junio y relativa a la seguridad de las vacaciones de la familia real. "El atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), unido a las declaraciones efectuadas por TAWFIQ BIN ATTASH, número 4 de Al Qaeda, detenido recientemente en Pakistán, en las que manifestaba que los objetivos de la Organización eran los Estados Unidos, el Reino Unido y España, no ha hecho sino que confirmar a España como objetivo de los terroristas". Como factores de riesgo, citaba la inmigración magrebí en primer lugar, junto a las mezquitas y asociaciones.

Poco después, la Guardia Civil avisaba del riesgo debido al apoyo español a la guerra de Estados Unidos contra Irak (nota número 128.692, de 26 de junio) en los siguientes términos: "La pertenencia de España a diversas organizaciones internacionales occidentales, tanto civiles como militares (Unión Europea, OTAN, etc) , y la coherencia política que ha mostrado con las decisiones que éstas adoptan, unido al apoyo prestado a Estados Unidos en su guerra contra Iraq, implica determinados riesgos", entre los que señalaba que "de las amenazas procedentes del Islam radical hacia España, la inducida en el norte de África, especialmente en Argelia, es la que presenta un gran peligro potencial".

En esa misma nota se avisaba al Ejecutivo del PP de que "existe una situación especial de riesgo que actualmente se está produciendo en Ceuta y Melilla, inducida desde Marruecos (...) se están detectando indicios de la creación de un clima hostil anti-español que favorece las aspiraciones territoriales de Marruecos sobre Cauta y Melilla (...) Este clima está inducido, bien por grupos islamistas marroquíes, o bien por el propio Reino alauita, a través de las organizaciones citadas". Y ahí hablaba ya de la mezquita de Leganés (Madrid, localidad en la que se inmolaron los supuestos autores del 11-M), entre otras, de las que decía que "son usadas como centros de reunión y distribución de propaganda integrista por los elementos más radicales de la comunidad". Se alertaba, igualmente, de los "españoles islamizados, cuya actividad, aparentemente con fines exclusivamente religiosos, está sin embargo financiada por representantes de Servicios de Información de países vinculados directamente con la exportación, patrocinio y fomento de la actividad terrorista".

Más tarde, en agosto de 2003, la Guardia Civil continuaba con avisos cada vez más radicales y que aventuraban un posible 11-M en España, por ejemplo al analizar el atentado de Casablanca: "El atentado de Casablanca, es la culminación de un proceso de evolución creciente del movimiento islamista radical en Marruecos y, analizando su forma de ejecución, se observa que se trata de un atentado cuidadosamente planificado hasta el último detalle, donde se emplea más personas, donde se aprecia un más alto nivel de preparación y donde se ve claramente la intención de causar el mayor terror posible. La elección como objetivo de este lugar, podría deberse al alto grado de repercusión y alarma social que, simplemente la denominación de 'Casa de España', puede llegar a crear en las sociedades marroquí y española". Añadía la nota: "Son dignas de valorar las amenazas dirigidas contra países que participan junto a Estados Unidos en el conflicto de Iraq, entre ellos España".


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