Para los deseos del capitán Pedro Amable
Marful, la llegada, el 27 de febrero de 2003,
de la nota de la Unidad Central Operativa (UCO)
a la Jefatura de Zona de Asturias no significó
un avance en las investigaciones. Más bien lo
contrario: con el tiempo le iba a traer más sinsabores
que reconocimientos de la labor de la Guardia
Civil asturiana en su conjunto, al menos en lo
que se refiere al control de explosivos.
No obstante, el disgusto del capitán Marful no
era exclusivo. También mostraban visiblemente
su malestar el brigada Camero y el subteniente
Fernando, de la Intervención de Armas,
porque, a pesar de tener la responsabilidad exclusiva
en esta cuestión, nadie se había molestado en
informarles de algo: ni la Policía Nacional -ya
vimos que el CNP ni siquiera informó a la Guardia
Civil de que a Antonio Toro le habían requisado
16 cartuchos de dinamita y casi un centenar de
detonadores en la 'Operación Pipol'- ni siquiera
sus compañeros de Información que habían montado
la 'Operación Serpiente'.
En ese ambiente llegó la nota de la UCO, y lo
hizo por conducto reglamentario al coronel Pedro
Laguna Palacios, pero éste prácticamente la
archivó en un cajón de su despacho. Al parecer,
el hoy flamante general no estaba entusiasmado
con unas investigaciones que no avanzaban nada.
De hecho, según reconocería ante la Comisión de
Investigación del 11-M, por no enterarse Laguna
ni se enteró de los pormenores de la 'Operación
Serpiente' -ver
número de ayer-: "En la reunión aquella,
el capitán (entonces teniente) Montero
me hizo una somera información de lo que fue la
'Operación Serpiente'. Entonces, yo cogí esos
datos. Yo no he sabido lo que es la 'Operación
Serpiente' en realidad hasta abril de 2004, en
que pedí un informe de todas las actuaciones de
la Comandancia de Gijón y Oviedo".
Es decir, que el jefe de la Zona de Asturias no
fue informado a fondo de todas las actuaciones
de la Guardia Civil de su Zona sino hasta un mes
después de los 192 asesinatos de Madrid. Ni siquiera
-según él- conoció en su día la grabación del
guardia Campillo al confidente "Lavandero".
"Yo no sé los entresijos de la operación. Ya
le he dicho que yo me entero de la cinta el 11
de noviembre del 2004 y que ni el teniente coronel
(José Antonio Rodríguez Bolinaga) ni
el comandante ni nadie me ha puesto en contacto
ni en detalle ni informado ni nada de nada. Qué
mas quisiera yo que darle contestación. Repito,
y perdone usted", diría Laguna Palacios el
22 de noviembre de 2004 ante la Comisión de Investigación
del 11-M en respuesta al cuestionario del diputado
del PP Jaime Ignacio del Burgo. Un cuestionario,
por cierto, preparado para exculpar de cualquier
omisión a la entonces delegada del Gobierno, su
correligionaria Mercedes Fernández.
Pregunta de Del Burgo: "¿Informó a su superior
jerárquico de algún asunto relacionado con lo
que ahora llamamos la trama asturiana, concretamente
de la 'Operación Serpiente', de la investigación
de la OCU, de las llevadas a cabo por su propia
iniciativa?".
Respuesta del ya general Laguna: "No".
Pregunta: "¿Y a la delegada del Gobierno en
Asturias?"
Respuesta: "Tampoco".
Quedaban así exculpados de cualquier responsabilidad,
por un lado, la delegada del Gobierno, Mercedes
Fernández, y por otro, el subdirector general
Operativo, general Faustino Pellicer. Pero
las preguntas de Del Burgo iban tiradas, porque
al exculpar a Pellicer, realmente lo que hacía
era exculpar por elevación al siguiente mando
en la cadena, el director general Santiago
López Valdivielso, y por más elevación al
secretario de Estado de Seguridad, Ignacio
Astarloa, y por último, al máximo responsable
político, el ministro del Interior, Ángel Acebes.
Ahora bien, el 'marrón' tampoco se lo iba a comer
Laguna Palacios, porque el flamante general mantuvo
en la Comisión del 11-M, como hemos visto, que
a él no le contaron los pormenores de ninguna
operación al respecto y que la cinta de "Lavandero"
'se paró' en un eslabón de la cadena de mando,
en el jefe de la Comandancia de Gijón, teniente
coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, quien
sí fue cesado. En la Guardia Civil no existen
mayordomos, afortunadamente, para el mayordomo.
La UCO entra en escena con Rafa Zouhier
La nota de la UCO, llegó, como hemos dicho, el
27 de febrero de 2003, después de que el capitán
Marful 'intercambiara' impresiones con sus colegas
de la Unidad Central. En la misma se señalaba
que "a través de fuente A-1", es decir,
del delincuente-confidente Rafa Zouhier,
la Unidad -el capitán "Paco" y el alférez "Víctor"-
había tenido de que Antonio Toro Castro poseía
150 kilos de explosivos y traficaba con drogas.
Dos agentes, al menos, de la UCO se desplazaron
a Asturias y hablaron con el capitán Marful. Pero
no encontraron nada y noticias sin confirmar señalan
que, probablemente, se dedicaron a otros menesteres
de seguimiento, como veremos en su momento.
En cualquier caso, un año después, cuando se han
producido ya los atentados de Madrid, el coronel
Laguna ha sido ascendido a general y ha dejado
interinamente al mando de la Zona de Asturias
al teniente coronel Fernando Aldea, éste
encarga a sus subordinados un informe sobre las
investigaciones realizadas tras la actuación de
la UCO.
En el informe -evidentemente exculpatorio- se
señala que tras retirarse la UCO se hicieron reconocimientos
de zona en el entorno de los domicilios de José
Emilio Suárez Trashorras, de Antonio Toro
Castro y de un tercer objetivo de Avilés, "no
observando actividades ilícitas".
Señala el informe: "En vista de los datos obtenidos
y circunstancias descritas anteriormente el Capitán
de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Oviedo (Pedro Amable Marful)
se entrevista con los Fiscales de Avilés, informando
de la investigación y solicitando asesoramiento
sobre la forma de judicializarla para obtener
intervenciones telefónicas y, en su caso, registros
domiciliarios y de las fincas".
"Los Fiscales -dice el informe- afirman
que con lo obtenido hasta el momento no era posible
fundamentar un mandamiento de entrada y registro
o de intervención telefónica ya que de las actividades
realizadas e información de las fuentes que querían
permanecer anónimas era de muy difícil consecución".
Así, la Guardia Civil 'reorienta la investigación
en mayo de 2003 hacia la trama del tráfico de
drogas, "sobre la que es mas fácil obtener
indicios racionales. y que además parece ser la
principal actividad ilícita de los investigados".
Pero la investigación no progresaba ni en este
punto, y consideraron que, ya que la 'fuente'
de la UCO, el delincuente Rafa Zouhier -quien
había conocido a Toro y Suárez Trashorras en la
cárcel de Villabona, en Asturias- "parecía
muy próxima a los investigados", se acordó
con dicha Unidad que si averiguaban alguna fecha
de algún posible viaje de los investigados a Asturias
con drogas, lo comunicasen al objeto de esperarlos
en el Peaje de Campomanes y una vez detenidos
solicitar los preceptivos mandamientos de entrada
y registro para buscar más drogas y, de esa manera,
"comprobar si existían armas o explosivos o
en su defecto obtener pruebas o evidencias de
su existencia; pasando varias semanas sin novedades
porque, al parecer, el confidente de la UCO había
dejado de informar sobre dicho asunto".
En junio de 2003 el Área de Investigación de Piedras
Blancas, mandada por un teniente, pudo detener
a Antonio Toro, pero por un delito contra la salud
pública y tráfico de drogas lo que llevó al registro
autorizado de sus propiedades, "con resultado
negativo" en cuanto a explosivos. La Intervención
de Armas, que ya sí había sido informada, efectuó
inspecciones documentales en la mina de Caolines
de Merilles, pero sólo de forma documental -libro
diario de entradas y salidas de materias y libro
auxiliar- y "no se encontró anomalía alguna".
Tampoco hubo novedad en una "inspección inesperada
sobre el terreno" el 21 de julio de 2003 sobre
los depósitos auxiliares de distribución (minipoles)
para ver si contenían las materias reglamentadas
en su interior (detonadores y explosivos), si
las cerraduras eran de seguridad, así como "si
las llaves de los mismos estaban o bien en la
caja fuerte o en poder de persona autorizada".
Pese a todo, el capitán Marful continuó con la
investigación hasta septiembre-octubre de 2003,
"no aportando datos de interés para el asunto
que nos ocupa quedando, para dinamizarla, a la
espera de nuevas actividades que pudieran encaminarla
hacia la vía judicial", según el refleja el
escueto informe.
El "otro asunto" que habló Marful
con los fiscales
Claro que, en el informe ordenado por el teniente
coronel Fernando Aldea no figura un punto que
puede ser como mínimo curioso en todo este oscuro
asunto. Como adelantamos en nuestra entrega de
ayer, efectivamente, el capitán Marful, jefe de
la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Oviedo,
fue a ver a los fiscales de Avilés Jesús Villanueva,
Belicia y Gorostiza, con los que se
entrevistó en el avilesino Mesón Ágora, una curiosa
forma de abordar las cuestiones judiciales.
Es verdad que Marful contó a los fiscales sus
cuitas con los explosivos. Y es verdad que los
fiscales -que no vieron la nota de la UCO, porque
no se les entregó- dijeron que con los datos aportados
por Marful en esa conversación de café no se podía
judicializar el asunto. Pero había 'otro asunto'
en ese encuentro que no trascendió ni siquiera
cuando el ahora fiscal-jefe de Asturias, Gerardo
Herrero Montes, compareció ante la Comisión del
11-M, porque no se acordaba.
Ese 'otro asunto' tenía que ver con un amplio
despliegue conjunto de Guardia Civil y Policía
Nacional que se iba a iniciar en esas fechas para
localizar a una prostituta brasileña, Christian
Araujo da Silva, por la que se había interesado
la embajada brasileña en España. Para este asunto
sí se contó, como veremos en la próxima entrega,
con una amplísima cooperación y coordinación entre
Guardia Civil y Policía Nacional. ¿Por qué no
fue posible la misma cooperación entre Cuerpos
para el asunto del tráfico de explosivos?
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