Durante la primera mitad de 2003, el capitán
de la Guardia Civil Pedro Amable Marful, jefe
de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de
Oviedo, no consiguió avanzar nada en la investigación
de la trama de explosivos asturiana. Un año más
tarde, sus compañeros uniformados le verían llorar
tras la masacre del 11-M en Madrid: "Si hubiéramos
investigado más, si hubiéramos investigado más...",
exclamaría Marful ante otros guardias civiles
del Principado, entre ellos el jefe de la Comandancia
de Oviedo, teniente coronel Fernando Aldea Juan,
por esas fechas jefe accidental de la Zona de
Asturias al ser ascendido a general el coronel
Pedro Laguna Palacios.
Lo cierto es que no hubo ningún tipo de cooperación
entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en
esta trascendental cuestión, como reconocieron
ante la Comisión de Investigación del 11-M los
mandos de la Benemérita Laguna Palacios y Aldea
Juan, además del comisario Juan Carretero Rodríguez
y del inspector-jefe de Avilés Manuel García
Rodríguez "Manolón" -benefactor de
José Emilio Suárez Trashorras y de la mujer
de éste, Carmen Toro, hermana de Antonio
Toro-.
Una falta de información recíproca y de colaboración
que resulta aterradora toda vez que guardias y
policías, mandados éstos por el comisario Carretero,
jefe superior de Policía de Asturias, compartían
confidentes y confidencias sobre grandes cantidades
de dinamita robada en las minas asturianas. Además,
como hemos visto en las entregas anteriores, todas
las confidencias -incluida la de Rafa Zouhier
a la UCO- apuntaban hacia Antonio Toro y Suárez
Trashorras como las personas que querían cambiar
explosivos por droga, hachís o cocaína.
Hay quien quiere ver, catorce meses después de
la matanza de Madrid, que había una operación
más amplia de vigilancia a Toro Castro para, en
el caso de que éste facilitara explosivos a ETA,
poder controlar las entregas y golpear a esta
organización terrorista. Pero no hay ningún dato
concreto que confirme esta tesis. Lo que sí hay
es una mezcla de inoperancia y un posible asunto
aún más turbio de supuestas 'vendettas'
dentro de la Benemérita que se habrían iniciado
con una denuncia de un capitán (entonces teniente)
en el cuartel de Vegadeo por falsificación de
vales de gasolina. Pero el hoy capitán Virgilio
López Rico, suspendido en 2004 por un año
de empleo, chocó supuestamente con un hueso muy
duro de roer: un pariente lejano del general José
Manuel García Varela.
La historia se inicia en el cuartel de
Vegadeo
"Otro hecho que me sorprendió enormemente es
la publicación en los m.c.s. la nula colaboración
entre la Guardia Civil y la Policía Nacional (en
cuanto a la investigación de la trama de explosivos);
esto sabes tú muy bien que no se ajusta a la realidad;
por los primeros meses del año 2003, meses coincidentes
con tus gestiones e informaciones de la dinamita,
ambos Cuerpos estaban muy bien coordinados en
el asunto de los delitos contra la prostitución
a los que hago referencia, un simple Fax, interesándose
por una súbdita brasileña, recibido el 10.02.03,
fue el detonante para que en menos de 48 horas
hubiera una total coordinación entre ambos Cuerpos
(lástima que no lo hubiera igual en el tema de
los explosivos)".
Así se expresaba el 12 de diciembre de 2004 el
capitán de la Guardia Civil Virgilio López
Rico, suspendido de empleo, en una carta remitida
al capitán de la Unidad Orgánica de la policía
Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, Pedro
Amable Marful Amor, a la que ha tenido acceso
Diariocrítico. ¿Qué tiene que ver
la prostitución en Asturias, y menos aún una prostituta
brasileña, con la investigación de una trama de
explosivos que acabaría en la mayor masacre terrorista
cometida en toda la historia de Europa?
Aparentemente, nada, pero la forma en que se desarrollaron
estos hechos añaden un punto aún más de confusión
sobre cómo ha funcionado la Benemérita en el Principado.
A principios del año 2001, el capitán (entonces
teniente) Virgilio López Rico elevó a la superioridad
las conclusiones de su informe sobre un tema aparentemente
menor: la falsificación de vales de gasolina en
el cuartel de la Guardia Civil de Vegadeo por
valor de entre treinta y cincuenta mil pesetas
mensuales. De la investigación interna de López
Rico se deducía, según él, que podían estar implicados
el sargento Antonio Mistal y el guardia
civil Carril Conde. Eso, al menos, es lo
que comunica a la cadena de mando.
El informe interno llegó a manos del jefe de la
Zona de Asturias, coronel (hoy general) Pedro
Laguna Palacios, quien, contra todo pronóstico,
le pidió a López Rico que dejara la investigación,
según reconocieron a Diariocrítico
fuentes próximas al caso. El guardia civil,
entonces un teniente obstinado quizá en exceso,
insistió en continuar y respondió al coronel en
fecha 19 de junio de 2002 que estaba dispuesto
a llegar hasta la Dirección General, en Madrid.
El coronel Laguna decidió entonces designar al
capitán Marful para instruir las diligencias.
López Rico afirma en sus cartas, a las que ha
podido acceder Diariocrítico, que
"Marful falsificó documentos y ocultó otros"
para tapar el asunto de Vegadeo.
¿Por qué? Cierto es que se trataba de una corruptela
menor, pero era sin duda un asunto interno. El
problema es que, según los documentos de López
Rico y las fuentes consultadas por Diariocrítico,
uno de los presuntos responsables era familiar
lejano del general José Manuel García Varela,
actual subdirector de Operaciones de la Guardia
Civil. ¿Recibió Laguna presiones de García Varela
para tapar el tema? No parece probable; más bien
pudo ocurrir que Laguna pensara que una cuestión
menor podría convertirse en un gran escándalo
en la Benemérita, que era lo que menos le convenía
al Cuerpo.
Sea como fuere, las conclusiones elevadas finalmente
por el instructor del caso, el capitán Pedro Marful
-el mismo que investigaría la trama de explosivos
asturiana sin resultados-, sostenían que, en base
a las pruebas presentadas, efectivamente se había
producido una corruptela en el cuartel de Vegadeo,
pero que resultaba imposible señalar a los culpables.
El caso, pues, tuvo que ser necesariamente archivado.
Seguimientos y palizas
En ese punto debería haber acabado aquel asunto,
pero la cosa fue más lejos, y parece que el detonante
fue una filtración a la prensa a finales de 2002.
"Ahí se abre la caza del hombre", afirman
a Diariocrítico fuentes conocedoras
del caso. El vocablo "caza" quizá parezca un tanto
exagerado, pero lo cierto es que al teniente denunciante
se le buscaron las vueltas y un comandante del
Servicio Jurídico desplazado desde Madrid le instruyó
un expediente que concluyó con la suspensión de
funciones de López Rico por "conductas indignas".
En esos momentos, y de forma paralela, se creó
en Luarca una "Plataforma de apoyo al teniente
Rico" presidida por un ex director de sucursal
bancaria, Manuel Evaristo Villamil, amigo
del teniente recusado. Lo curioso es que la plataforma
fue creada el 17 de enero de 2003 -cuando arreciaban,
por cierto, las confidencias sobre un posible
tráfico de explosivos, como vimos en capítulos
anteriores- y sólo dos días después Villamil recibió
una sonada paliza por dos individuos aún sin identificar,
concretamente en la noche del 19 de enero.
Los hechos fueron puestos en conocimiento del
Juzgado de Castropol, dirigido entonces por José
Manuel Fernández Raposo, un magistrado que
ha hecho correr ríos de tinta en la prensa local
y que fue finalmente suspendido de empleo y sueldo
por exigirle al jefe de la ITV 18.000 euros después
de que la tiraran hasta tres veces en la inspección
técnica de su vehículo. Existe, además, una carta
de Fernández Raposo al jefe de tráfico de la Guardia
Civil de Luarca que no tiene desperdicio, según
la copia a la que ha tenido acceso Diariocrítico:
el juez comunicaba a la Benemérita la matricula
de diversos vehículos con los que solía circular
por las carreteras asturianas, advirtiéndoles
de que lo hacía de forma oficial. Es decir, para
que no le multaran.
A este juez llegó el 20 de enero la denuncia de
Villamil, y sólo tres días después, el 23, decidió
su archivo. El denunciante recurrió, pero en vano:
se archivó por ser la agresión obra de "autores
desconocidos". Curiosamente, en esas fechas
fue seguido el teniente López Rico y se hallaban
en Asturias varios miembros de la UCO, supuestamente
investigando la trama de explosivos de Antonio
Toro y Suárez Trashorras. Hay quien intenta ver
una conexión entre ambos casos, pero no existe
ninguna prueba documental al respecto.
El asunto de la prostituta brasileña
Resulta estremecedoramente oscuro todo lo que
sucede en la Guardia Civil asturiana durante este
periodo, ya que, cuando se interrelacionan todos
los acontecimientos, da lugar a interpretaciones
tremendamente negativas sobre la labor de la Benemérita.
Así, mientras los rumores sobre cientos de kilos
de dinamita que estarían 'rodando' por ahí a la
búsqueda de un comprador se hacían más contundentes,
el 10 de febrero de 2003 se recibió un fax que
provocaría tal grado de coordinación entre Policía
y Guardia Civil que, de haberse dado esa misma
colaboración en el tema de los explosivos, quizá
el 11-M no hubiera llegado a producirse. Se trataba
de un fax por el que la embajada brasileña se
interesaba por el destino de una ciudadana suya,
Christina Araujo da Silva, la cual se vería
que ejercía de forma voluntaria la prostitución
en el club "El Edén", en Valdepares de Franco,
en La Caridad.
Para llegar a encontrar a Araujo da Silva, Policía
y Guardia Civil desplegaron un impresionante dispositivo
conjunto que ha tenido la virtud de desmentir
al general García Varela cuando afirmó ante la
Comisión de Investigación del 11-M en Madrid que
no existía colaboración ninguna entre Guardia
Civil y Policía Nacional.
No existió esa colaboración, es evidente, en el
caso de la dinamita, pero García Varela queda
desmentido en cuanto a otras operaciones, como
esta famosa redada que estamos comentando en un
tema como la prostitución, que dio lugar a una
operación de tres días con implicación de numerosos
efectivos de ambos Cuerpos y que se saldó con
la detención de ocho personas. Este caso, por
cierto, se está viendo estos días en la Audiencia
Provincial de Oviedo. A Cristina Araujo se la
localizaría en "El Edén", donde ejercía el oficio
de prostituta de una forma voluntaria. Seis meses
más tarde, a la hora de tomarla nueva declaración,
los agentes tuvieron que desplazarse a otro club,
pero esta vez en El Ferrol. En ese oficio hay
mucha movilidad.
Sostiene el capitán Virgilio López Rico en sus
cartas que todo el interés de los guardias que
participaron en esa macro-redada estaba centrado
en saber si él había visitado los clubes. De hecho,
apareció una supuesta testigo brasileña con el
'nombre de guerra' de "Bruna" que, efectivamente,
ante el entonces brigada -hoy subteniente de la
Guardia Civil- Ferreiro Palacios que visitó
el club de 'incógnito' identificó a López Rico
como 'un habitual', dijo que fue en el club donde
recibió la paliza Manuel Evaristo Villamil -y
no a la puerta de su casa, como éste había declarado-
y que ella fue testigo. Lo curioso es que "Bruna"
-que desapareció misteriosamente unos días después
de aquella conversación informal- había entrado
en España el 28 de enero de 2003 y la paliza la
había recibido Villamil en la noche del 19 al
20 de enero. ¿Cómo se puede ser testigo, si no
se está en un lugar hasta ocho días después de
ocurridos los hechos? ¿Pudiera ser que "Bruna"
tuviera el don de la bilocación?
En cualquier caso, para la historia que estamos
narrando, lo interesante es que, al contrario
de lo que declaró el general García Varela ante
la Comisión del 11-M, sí había colaboración entre
la Policía y la Guardia Civil de Asturias. Sólo
que, por lo que se ve, de forma muy selectiva.
Mañana les ofreceremos la última entrega de este
serial, con el final de la historia de la prostitución
y con los destinos que ocupan hoy todos los personajes.
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