 ¿Ha
estallado la 'guerra' entre los abogados del Estado
y los jueces? No lo parece, pero las tensiones
entre ambos colectivos han surgido súbitamente
y crece por momentos. Lo cierto es que se ha producido
un fuerte enfrentamiento entre las dos instituciones
que representan a ambos cuerpos: el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación de Abogados
del Estado.
Hace dos días, el portavoz del CGPJ, Enrique
López, consideró "inapropiado" que
el Abogado del Estado realizase, según él, "un
juicio de valor sobre el ánimo" que llevó
al magistrado Carlos Valle a imputar un
delito de detención ilegal a varios policías,
por el arresto de dos militantes del PP, presuntos
agresores del ministro de Defensa, José Bono,
en la manifestación del pasado 22 de enero en
Madrid, a favor de las víctimas del terrorismo.
López se valió del acuerdo adoptado el pasado
martes, día 28, por la Comisión Permanente del
CGPJ, que consideró que el Abogado del Estado
-defensor de uno de los policías imputados- había
incurrido en un "abuso del lenguaje" en
su recurso contra la decisión tomada por el titular
del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid,
Carlos Valle, que instruye el caso. Según este
acuerdo, dicho "abuso" verbal del letrado
"puede desbordar el estricto ejercicio del
derecho de defensa, poniendo en cuestión ante
la opinión pública la profesionalidad e imparcialidad
del juez de instrucción". Pero lo cierto es
que dicho acuerdo no fue adoptado por unanimidad,
sino tan sólo por tres votos a favor -los de los
vocales conservadores, nombrados a propuesta del
PP, Enrique López y Carlos Ríos,
además del presidente del CGPJ, Francisco José
Hernando-, frente a dos votos en contra -de
la vocal Montserrat Comas, nombrada a propuesta
del PSOE, y de Félix Pantoja, nombrado
a propuesta de IU-.
Desde la minoría progresista del CGPJ, ocho vocales
-seis a propuesta del PSOE y el de IU, además
de Alfons López Tena, nombrado a propuesta
de CiU- mostraron su "más enérgico rechazo"
al citado acuerdo de la Comisión Permanente, que
estiman que "constituye una intolerable intromisión
del órgano de gobierno de la judicatura en el
ejercicio de la función de juzgar y en el principio
de independencia que debe regir esta función",
porque el CGPJ "carece absolutamente de funciones
jurisdiccionales" para opinar sobre procesos
judiciales sino es a petición del juez, lo que
no ha sucedido en este caso.
Al día siguiente -es decir, el miércoles- la Asociación
de Abogados del Estado respondía tajantemente
a la Comisión Permanente del CGPJ: "ni se contiene
ningún 'abuso de lenguaje' ni se pone en cuestión
'ante la opinión pública la profesionalidad e
imparcialidad del juez', entre otras cosas porque
el recurso de apelación no va dirigido a la opinión
pública, sino a la Ilustrísima Audiencia Provincial.
Si el mismo ha llegado a los medios de comunicación
no ha sido, desde luego, a instancia de la Abogacía
del Estado".
La defensa de funcionarios y autoridades públicas
en procesos penales por actos u omisiones relacionados
con sus cargos es una de las funciones que corresponde
a la Abogacía del Estado. En 2003 y 2004, este
cuerpo de letrados defendió a más de 2.000 empleados
públicos cada año, entre autoridades, funcionarios
y contratados laborales. De éstos, 1.651 fueron
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y de ellos, 38 por presunta detención
ilegal. "Es improcedente por tanto considerar
que la Abogacía del Estado toma partido en luchas
políticas cuando se está limitando a cumplir con
sus obligaciones en defensa de funcionarios públicos",
dice la Asociación en su comunicado.
Texto íntegro del comunicado de la Asociación
de Abogados del Estado:
http://www.ociocritico.com/conficritico/recursos/npabo_estado.pdf
Página web de la Asociación de Abogados del Estado:
http://www.asoc-abogadosdelestado.es.
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