El periódico alternativo

La 'revolución' educativa que prepara San Segundo
 - Por Carmen Moraga, periodista y cronista parlamentaria

Una de las primeras medidas en materia educativa que, al comenzar su mandato, en virtud de sus compromisos electorales, tomó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue la paralización por dos años de la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, aprobada por el anterior Gobierno de José María Aznar con el desacuerdo del PSOE, entonces en la oposición. Ello motivó una encendida polémica entre los sectores más conservadores de la enseñanza, fuertes críticas del PP, e incluso la 'sublevación' de alguna comunidad autónoma, como Madrid, que se negó a acatar la decisión del Consejo de Ministros.

Si la congelación de la LOCE trajo tantos quebraderos de cabeza al inicio de la legislatura a Rodríguez Zapatero y a la ministra del ramo, María Jesús San Segundo, no menos les va a acarrear la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación (LOE) contra la que ya están en pie de guerra organizaciones como la Confederación de Padres Católicos, CONCAPA, o la patronal CECE, que ven en el proyecto un peligro contra "los valores clásicos de la educación", mientras advierten de que "no se puede legislar sobre derechos fundamentales al mandato de minorías y de compromisos políticos", en clara referencia a ERC.

También el informe del Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto -preceptivo, pero no vinculante-, recomienda al Gobierno que "escuche a la sociedad" para garantizar el derecho "de todos a la educación". No obstante, el informe establece la constitucionalidad del texto y cree que se ajusta al ordenamiento jurídico.

Pese a estas criticas, y las 'amenazas' de movilizaciones para septiembre por parte de estos sectores conservadores de la enseñanza, que cuentan con el apoyo del PP, el Consejo de Ministros tiene pensado aprobar este mismo mes de julio este proyecto de ley que 'revolucionará' el sistema educativo. De hecho, su aprobación supondrá la derogación de tres de las cuatro leyes actualmente vigentes. La LOCE, la LOGSE y la LOPEG. Los aspectos más polémicos de esta nueva reforma son fundamentalmente dos:


La asignatura de Religión

Este ha sido uno de los puntos más espinosos del anteproyecto y que más polémica ha levantado. Pero, a pesar de tantas aspavientos del PP, de las asociaciones católicas y de la Iglesia, que exigen que la religión sea una asignatura tan importante como cualquier otra, el cambio propuesto por el Gobierno -en principio- mantiene la Religión confesional como evaluable, excepto en 1º de Bachillerato, pero establece también alternativas no evaluables.

Pero, además, la ley establece algunos cambios en referencia a otras materias recogiendo algunas de las demandas de aquellos colectivos que criticaban el anunciado recorte de asignaturas como la Filosofía o la Ética. Si no hay cambios, en 1º de Bachillerato habrá una asignatura que se denominará Filosofía y Ciudadanía y también en 2º de Bachillerato se estudiará Historia de la Filosofía , que se había quitado, así como Ética en 4º de ESO, aunque ahora se llamará Educación Ético-Cívica. Lo que disminuye en número de horas es la Música, la Plástica y la Tecnología que sólo se estudiará en uno y no en los tres cursos de la ESO.


La financiación

Es otro de los puntos de fricción. El nuevo texto prohíbe a los centros privados concertados el cobro de cuotas obligatorias (pese a que en algunos se asegura que son 'voluntarias') a las familias a través de las asociaciones de padres o de fundaciones, una fórmula habitual hasta ahora que aplican numerosos centros concertados para completar la escasa financiación pública que reciben. Lógicamente, esta medida ha provocado malestar en el sector concertado que pide una revisión entonces de su financiación , mientras ha sido acogida con agrado por el sector público que ve en ella una forma de integrar en estos centros a escolares procedentes de familias con menos recursos.

Junto a esto, otra de las críticas que ha lanzado el PP a la ley es que no se ha presentado por ahora ninguna memoria económica, algo preceptivo en cualquier proyecto, aunque el ministerio ha cifrado su coste en 6.100 millones de euros.


Después de la LOE, la LOU

Una vez que en otoño la LOE inicie sus primeros trámites parlamentarios con idea de que sea definitivamente aprobada por Las Cortes en enero o febrero de 2006, el Gobierno acelerará otras importante y no menos polémica reforma educativa: la Ley Orgánica de Universidades (LOU) cuyos primeros borradores ya están encima de la mesa de la ministra San Segundo, así como el informe que se encargó a una comisión de expertos sobre el mapa de titulaciones universitarias homologable con Europa en el 2010.

Sobre los cambios que se avecinan en la enseñanza superior portavoces del ministerio aseguraron a este boletín que hay un alto grado de consenso con la CRUE , la conferencia de rectores, los sindicatos de la enseñanza y la Federación de Asociaciones de Estudiantes, por lo que no se prevé tanta tensión como algunos vaticinan. También insistieron en el empeño y el compromiso de la ministra San Segundo a discutir con todos los sectores implicados y los partidos políticos cualquier escollo que surja a lo largo de la tramitación parlamentaria.

La reforma, según anunció hace un mes la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comenzará a debatirse en otoño, coincidiendo con el nuevo curso académico, con el objetivo de hacer modelo estable de Universidad "más abierta y flexible".

Una de las decisiones tomadas recientemente por el Gobierno en relación a esta reforma ha sido la prórroga de los contratos de los profesores asociados universitarios que ahora tendrán tiempo hasta el comienzo del curso 2008-2009 para cambiar su situación y adaptarlas a las nuevas figuras previstas en la LOU. Aunque desde el ámbito universitario y político se reconoce que la prórroga es 'un parche' , al menos no deja sin trabajo a numerosos docentes hasta que la nueva ley esté aprobada.

Las modificaciones en el texto vigente, aprobado en la etapa de la ministra de Educación del PP, Pilar del Castillo, afectarán a la selección del profesorado universitario, el acceso de los estudiantes a las carreras universitarias, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el sistema de representación en los órganos universitarios. Las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en Educación, tendrán tras la reforma capacidad para regular las actividades universitarias.


Programa I-3 y Ley Antidopaje

Pero, dado que el ministerio de Educación tiene también asignado las competencias en Ciencia y Deporte, a la lista de 'asignaturas pendientes' para septiembre hay que añadir dos proyectos que diferente índole.

El denominado Programa I-3, destinado a 'rescatar' a los científicos e investigadores españoles 'fugados' al extranjero ante las dificultades que encuentran en nuestro país para realizar su trabajo y el escasa atención que les presta la administración.

Este proyecto está dirigido a potenciar unas mil plazas para la investigación en tres años para lo que el ministerio tiene previsto realizar una inversión de 150 millones de euros.

En el terreno deportivo está en ciernes una nueva la Ley Antidopaje, cuyos mimbres se han ido tejiendo en el Senado. Entre las novedades estará la creación de una agencia estatal Antidopaje que dependerá del MEC, aunque es uno de los organismos arbitrados dentro de la Ley de Agencias para la Mejora de los Servicios Públicos aprobada por el Consejo de Ministros el pasado ocho de julio.

Dentro de este Plan el ministerio quiere impulsar también cambios en el Código Penal para sancionar las conductas de las personas del entorno del deportista que intervengan en estas prácticas fraudulentas. Además se creará una policía antidopaje.


Volver