Los informes del periódico alternativo
IU endurecerá su posición negociadora
sobre los PGE para 2006

No está fácil la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2006. No, al menos, con Izquierda Unida, uno de los 'socios' del Gobierno Zapatero y del tripartito catalán. Este lunes se reúne la Comisión Permanente de IU para fijar sus prioridades, las cuales no van a gustar al 'superministro' Pedro Solbes: Llamazares se decanta por llevar adelante una oposición influyente y exigente frente al Gobierno socialista para que las cuentas del Estado para 2006 recojan significativos avances en materia de gasto social, creación de empleo, infraestructuras y financiación de los ayuntamientos.

Eso es lo que se decidirá en la reunión de este lunes, pero cuidado, porque los de IU quieren vender caros sus diputados en otros aspectos significativos, como la política exterior: rechazo a la Constitución Europea y a la presencia de tropas españolas en Afganistán, así como el objeto de nuestra presencia en misiones en el exterior.

El debate sobre este tema se producirá en el Congreso en la segunda quincena de septiembre, para cuando se anuncia la presencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar los cambios en los objetivos del contingente español en el país centroasiático, distintos a los aprobados en su día por el Parlamento (Zapatero dijo que estamos en Afganistán para luchar contra el terrorismo).

Otros puntos en los que se prevén graves conflictos IU-PSOE será en la reforma de los Estatutos de Autonomía, la nueva Ley de Educación y la de Defensa, además de la forma en que el Gobierno pretende abordar la deuda sanitaria con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y en la próxima Cumbre de Presidentes.

En fin, que por si fuera poco habrá también 'guerra' en torno a las reformas pendientes en materia fiscal y del mercado de trabajo: IU se opondrá a los planteamientos socialistas de reducir la progresividad del sistema tributario y disminuir los tipos máximos que afectan a quienes tienen un mayor poder adquisitivo, así como frente al abaratamiento del despido y a la falta de medidas concretas para acabar con las altas tasas de temporalidad y siniestralidad laboral.


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