Diariocrítico ha elaborado un amplio informe sobre la situación actual de las Comunidades Autónomas al respecto. Les ofrecemos en una primera entrega la situación en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña.
Andalucía
Chaves, el problema de la mediación imposible
El presidente andaluz Manuel Chaves tiene una posición difícil de cara al modelo de financiación de la deuda sanitaria, por ser también presidente del PSOE. Pero forma parte del grupo que, con Rodríguez Ibarra, Barreda o Iglesias, o como el dirigente del PSOE de Madrid, Simancas, propone determinadas correcciones a la propuesta gubernamental. Correcciones que, como iremos viendo, pasan por la introducción de determinados factores de corrección, como la pirámide poblacional o la dispersión de los habitantes de una región en pequeños municipios.
La Comunidad andaluza cuenta con una población de 7.829.102 habitantes y, según los datos oficiales del ministerio de Economía y Hacienda, el gasto sanitario en el año 2003 fue de 6.438 millones de euros mientras los ingresos por financiación fueron 5.811 millones, lo que supone un desequilibrio mínimo de 627 millones de euros al año. Lo cual origina, obviamente, una importante deuda sanitaria.
Así las cosas, el PP andaluz ha aprovechado para emplazar a Chaves a que aclare la postura que va a mantener su Gobierno sobre la financiación sanitaria, porque creen los populares que ha pasado de criticar la propuesta -y en cierta forma encabezar el bloque 'correccionista' del PSOE- a "rendir pleitesía" al Ejecutivo de Zapatero. En cualquier caso, el PP andaluz se opone frontalmente a que el déficit sanitario se aborde con una subida de los impuestos directos o indirectos y consideran un "chantaje" a las comunidades la oferta hecha por el Gobierno central.
Aragón
Iglesias no está por el aumento de los impuestos
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se encuentra entre la espada y la pared, pero más cerca del bloque 'revisionista' del PSOE y a la espera de que Zapatero saque un conejo de su chistera en el último momento que salve la situación. Porque, como ha señalado con mucha ironía el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Ángel Biel, "lo que ofrece ahora el Gobierno central es similar a lo que ganan las empresas de telefonía con el redondeo de las llamadas" y "ahora la cifra para todo son mil millones, si hay una inundación o si hay que mejorar la sanidad". Contienen esas frases, sin duda, una fuerte carga política.
Aragón, además del envejecimiento poblacional y la dispersión parecida a la Castilla-La Mancha (como veremos luego), cuenta con un problema añadido: el aumento de la población por inmigrantes y que no ha sido contemplado en el actual sistema. De ahí que el Gobierno autónomo sea tan cítrico con Pedro Solbes, ya que, si se tiene en cuenta que en el conjunto de España hay como unos cuatro millones de inmigrantes, lo que significa un importante aumento de la población, " todo lo que se le ocurre a Solbes es poner mil millones para la sanidad", lo cual, efectivamente, mueve a risa.
A esa problemática inmigratoria no es ajena Aragón; una problemática que aumenta durante los meses de verano por el turismo, aunque en menos medida, claro está, que en la costa mediterránea. Y en cuanto a la posibilidad de incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos, José Ángel Biel expresa muy bien el sentimiento del Gobierno aragonés: "Lo que realmente encarece el precio de la gasolina son los impuestos del Estado" y rechaza "que las comunidades asuman el desgaste que supone aumentar los impuestos".
Baleares
Matas se pliega a la postura frentista del PP
El Ejecutivo del PP de las Islas Baleares que preside Jaume Matas se ajustará a la postura 'oficial' del partido. Es decir, que se cumpla el modelo vigente sobre financiación sanitaria aprobado por el Gobierno de Aznar en la anterior legislatura y que se garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.
No obstante, Matas, ha convocado para hoy miércoles a los presidentes de los Consells Insulares de Baleares a una reunión previa a la segunda conferencia de presidentes, para tratar el contenido de la propuesta del Gobierno central para reformar el sistema de financiación de la sanidad. Un encuentro que se celebrará en el Consolat de Mar y al que asistirán el presidente del Consell de Ibiza y Formentera, Pere Palau; y las presidentas del Consell de Mallorca y de Menorca, Maria Antonia Munar y Joana Barceló respectivamente.
Las Islas Baleares cuentan con una población de 980.472 personas. Su gasto sanitario en el 2003 fue de 825 millones de euros y sus ingresos por financiación ascendieron a 681 millones de euros, alcanzando un déficit de 144 millones de euros.
El Ejecutivo balear, que aplicó entonces la subida del denominado 'céntimo sanitario' en el impuesto de la gasolina, rechazará de plano la subida de impuestos que plantea el Gobierno de Zapatero y esperará a escuchar las nuevas contrapartidas que presente el Ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy o en la Conferencia de Presidentes cuando se celebre.
Castilla-La Mancha
Barreda pide que se tenga en cuenta la dispersión y la pirámide poblacional
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, mantiene una postura sobre la financiación sanitaria y la global prácticamente acorde con la planteada por los también socialistas Manuel Chaves (Andalucía), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y, en cierta medida, Marcelino Iglesias (Aragón). Acepta la propuesta gubernamental, pero la considera insuficiente; insuficiencia que, por otra parte, se arreglará con las nuevas cifras de aportación estatal que ofrecerá José Luis Rodríguez Zapatero para intentar salvar la situación 'in extremis'.
El gasto sanitario en Castilla-La Mancha asciende en la actualidad a 1.600 millones de euros, mientras que los ingresos no llegan a los 1.500 millones. Es decir, que existe un desfase anual de unos 100 millones de euros. No son cifras preocupantes por el momento, pero sí a medio y largo plazo si tenemos en cuenta que ese desfase se produce porque entre 2003 y 2005 la población de derecho se ha incrementado en esta Comunidad en un 7 % y la de hecho en porcentajes aún más altos (Seseña, por ejemplo, verá aumentar su población en unas 50.000 personas más con las nuevas urbanizaciones, la mayor parte de ellas llegadas desde Madrid).
Otro problema que cita Barreda: la Comunidad tiene 80.000 kilómetros cuadrados de territorio, con 919 municipios (una gran dispersión) y sobre 1.900.000 habitantes, de los que alrededor de 600.000 tienen más de 65 años. Es decir, que existe una gran dispersión de la población, lo que encarece el sistema sanitario, y, además, cuenta con un elevadísimo porcentaje de población, lo que también encarece el servicio.
Con esos datos en la mano, Barreda propondrá aplicar un criterio corrector al meramente poblacional: que se tenga en cuenta el número de habitantes, sí, pero que se corrija ese criterio con otros que tengan en cuenta la pirámide población -estructura social- y la dispersión.
Castilla-La Mancha, que accedió a las competencias de Sanidad hace tres años, no aplica aún el céntimo sanitario, pero no descarta su aplicación en el futuro.
Castilla y León
La Junta rechaza la propuesta del Gobierno porque dice que perdería ingresos
La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta realizada por el Gobierno de la Nación para la financiación sanitaria por ser "claramente insuficiente" y porque no van a negociar un modelo en el que no se contemple la 'garantía sanitaria'. Además, en 2006 y 2007, que es para los que el Gobierno dedicaría una cantidad no consolidable, Castilla y León perdería en cada ejercicio 14 millones de euros, que a partir del año 2008 serían cuarenta y cuatro millones de euros. Así se lo hizo saber el pasado lunes la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Según los datos manejados por la Consejería de Hacienda, en 2004 Castilla y León percibió 50 millones de euros en concepto del capítulo de "garantía sanitaria" que recoge el actual modelo de financiación, y que con el nuevo reparto de los 500 millones que quiere dedicar el Gobierno de Rodríguez Zapatero a las 17 autonomías durante los dos próximos años, serían 30 millones por transferencias del Estado más seis millones en concepto de la parte correspondiente a la subida de impuestos del alcohol y el tabaco. Pero la consejera de Hacienda estima que de la subida de los impuestos de estos dos artículos, la Comunidad Autónoma recaudaría el 40 por ciento, y el 60 por ciento restante iría a las arcas del Estado.
En cuanto a la subida de los impuestos de le electricidad en 2 puntos y el céntimo sanitario del 2,4 al 4,8, dicen en la Junta que preside el popular Juan Vicente Herrera que supondrían a mayores unos 91 millones de euros, y que de momento no estaba decidido nada. Además, según Pilar del Olmo, diez comunidades autónomas reciben en la actualidad la garantía sanitaria, y en caso de desaparecer ésta, el Estado ahorraría dinero con la sanidad: en torno a 414 millones de euros, mientras que los costes los cargaría sobre las Comunidades Autónomas.
La 'doctrina' que Herrera mantiene es que el Sistema Nacional de Salud tiene que estar financiado por el Estado para que todos los españoles reciban asistencia en cualquier punto del territorio nacional. Por lo tanto, para la Junta castellano-leonesa la propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero es "muy precipitada", no resuelve un problema que "requiere un pacto de Estado" y desde Castilla y León están dispuestos a colaborar, pero no a perder parte de los ingresos con los que ahora cuenta.
Castilla y León tiene una superficie de 94.223 kilómetros cuadrados, con 2.249 municipios y una población de 2.487.646 personas, con un alto porcentaje de mayores de 65 años. Según los cálculos efectuados por la Consejería de Sanidad, una persona mayor de 75 años ocasiona un gasto sanitario siete veces mayor que el de otro ciudadano menor de 65 años. También se destaca el mayor coste de los servicios al ser una población muy dispersa y que los costes se disparan por los desplazamientos que tienen que realizar los servicios sanitarios.
A fecha de agosto de 2005, la Comunidad de Castilla y León ha alcanzado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 919.334 afiliados frente a los 17.968.476 del total nacional. De la misma manera, a fecha 31 de julio de 2005, la cifra de afiliados extranjeros a la Seguridad Social fue de 43.904, un 56,41 % más que en julio del año anterior y representa el 2,76 % del total nacional, estimado en 1.590.187 (un 48,99 % más que el mismo mes de 2004).
Cataluña
La Generalitat destina 1.000 euros per cápita al año, 500 menos de lo 'recomendable'
Cataluña facilita atención sanitaria a todos sus habitantes, incluidos los inmigrantes sin papeles, y, al mismo tiempo, atiende a miles de pacientes de otras comunidades. En cambio, sólo recibe dinero del Estado para cubrir los gastos de las 6.800.000 personas censadas, 305.000 menos de las que en realidad utilizan los servicios de la sanidad pública.
La cifra de beneficiarios de la Seguridad Social en Cataluña no para de crecer, según los datos manejados por la Generalitat. A fecha de hoy, la sanidad catalana tiene un millón más de usuarios que en 1999 y en 2012 sumará otro millón. La Generalitat reclama, por tanto, una financiación acorde con esos incrementos demográficos y dinero suplementario para mejorar la calidad asistencial que, pese a todo, es puntera en España.
Si Cataluña tiene en realidad 7,1 millones de usuarios de la sanidad pública y necesita destinar 500 euros más a cada uno de ellos, la cifra resultante es clara: 3.550 millones de euros. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Y los del resto de comunidades con deficit sanitario? Del tabaco y el alcohol, así como de las gasolinas -Cataluña ya aplica un impuesto sobre las mismas, el 'céntimo sanitario'- y, con toda probabilidad, también de la factura eléctrica.
Estiman en la Generalitat que esa cifra sería la razonable tal y como están las cosas. Pero hay otros factores que pueden hacerla insuficiente a corto plazo. El principal es el envejecimiento de la población catalana que, como es lógico, incrementa significativamente el gasto sanitario. El Gobierno tripartito catalán pide que en el futuro se tenga también en cuenta este extremo.
Cataluña arrastra un déficit sanitario de 2.100 millones de euros, pese a disponer este año de un presupuesto de 7.231 millones. Además de la aportación del Estado, la Administración estudia cobrar por determinadas prestaciones. Sin embargo, por el momento, se descarta la implantación del copago, el abono de una cantidad (un euro) cada vez que se acude a la consulta del médico.
Reducir el gasto farmacéutico
El departamento de Salud (antes Sanidad) de la Generalitat ha mejorado la gestión, aunque ya no sabe de dónde recortar más gastos. El personal, sometido a constantes congelaciones salariales, no está dispuesto a más sacrificios, pese a que se lleva el 50 % del presupuesto. Además, las autoridades sanitarias temen, si no mejoran los sueldos y las condiciones, que continúe la fuga de enfermeras catalanas hacia el Reino Unido o Portugal, donde los sueldos son más altos. Otros han optado ya por pasarse a la sanidad privada. Por ello, la consellera Marina Geli (PSC) es contraria a someter a los trabajadores a 'nuevos sacrificios'.
Aclarado este punto, el único apartado susceptible de recortes es el del gasto de farmacia. Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat subrayan que en España se lleva un tercio del astronómico presupuesto sanitario. Sin embargo, en muchos países europeos es de sólo un 15%.
Geli es partidaria de financiar los medicamentos esenciales y gravar el coste del resto. La consellera de Salud estudia cobrar a cada usuario según sus ingresos y rentas, lo que significaría que en determinados casos, como el de los parados, muchos específicos se facilitarían gratuitamente a los pacientes con pocos recursos.
Más prestaciones, pero pagando
En pleno debate sobre la financiación de la sanidad, emergen nuevas demandas de prestaciones y agravios comparativos entre comunidades. Por ejemplo, el País Vasco, Navarra y Andalucía cubren la asistencia bucodental hasta los 14 años. En este asunto, Cataluña pide uniformidad de criterios en toda la red.
El departamento de Salud catalán está dispuesto a aumentar la lista de prestaciones de la sanidad pública, siempre que el usuario pase por caja. Fuentes de este departamento precisan que nadie deberá pagar por los servicios básicos que hoy presta la sanidad pública. En cambio, sí lo tendrán que hacer en determinadas visitas, intervenciones oculares o de estética, siempre en función de los recursos económicos de cada paciente.
Con ese conjunto de medidas, la Generalitat pretende reducir las listas de espera. El departamento de Salud promete un plazo máximo de seis meses en una lista de operaciones, entre las que figuran las de prótesis o las cataratas. También desea abordar el uso desmesurado de los servicios de urgencias. La consellera Geli apunta que la solución pasa por aumentar los recursos económicos del los centros de asistencia primaria (CAP), que a menudo se encuentran colapsados.
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