 Al presidente del Congreso, Manuel Marín, no le ha bastado el verano para decidir qué va a hacer con los casos en los que se vieron implicados en el anterior periodo de sesiones, por un lado, una diputada del PSOE, Carmen Sánchez -a la que responsabiliza de que un grupo de familiares de víctimas del Yak 42 increparan a Trillo- y, por otro, el propio portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el diputado del PP, Rafael Hernando, que casi llegan a las manos tras la reunión de una Diputación Permanente.
Ambos sucesos están aparcados -sobre todo el de la diputada Sánchez- a la espera de que Marín decidiera si aplicaba algún tipo de sanción contra los protagonistas de estos comportamientos poco ejemplares o dejaba pasar el asunto para no sentar precedentes.
Pero en el PP no están dispuestos a que Sánchez se vaya ‘de rositas' y este martes, según fuentes de la Junta de Portavoces, los populares sacaron a colación el tema en la Mesa del Congreso para saber qué iba a hacer finalmente el presidente. ¿Qué hizo Marín?. Pues dar más largas al asunto convocando a los grupos a una nueva reunión monográfica y ‘extraordinaria' de la Junta en la que se abordará el peliagudo problema.
Y es que si Marín aplicase estrictamente el reglamento, teniendo en cuenta que el artículo 105 que le da poderes de policía para adoptar medidas contra los diputados que alteren el orden dentro del hemiciclo, podría llegar a castigar a los implicados con la suspensión de su acta parlamentaria por el plazo de un mes, algo que a Marín le parece excesivo. Por este motivo, ha emplazado a los portavoces a buscar soluciones y a alcanzar un pacto, vamos a llamarle ‘de caballeros', para intentar que estos casos no lleguen jamás a repetirse.
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