Tras los "noes" a la Constitución obtenidos en Francia y Holanda, la solución de la crisis abierta en la Unión Europea pasa por que los políticos logren involucrar más a los ciudadanos en los debates sobre asuntos comunitarios, según advierte un análisis elaborado por la Red de Institutos de Política Europea (EPIN), de la que forma parte el Instituto español Elcano. Éste propone varias medidas concretas sobre cómo los líderes europeos podrían aprovechar el "periodo de reflexión" acordado el pasado junio para recuperar la legitimidad y estimular la confianza de la población en la Unión, mediante la creación de un "Pacto de los ciudadanos".

El rechazo al Tratado Constitucional por parte de Francia y Holanda ha creado dudas acerca del futuro rumbo que adquirirá el proceso de integración europeo. Antes de iniciar la ratificación de la Constitución europea, los jefes de estado y de gobierno de la UE añadieron una declaración especial para garantizar que la negativa de un país no implicaría automáticamente la paralización del proceso. Sin embargo, el texto adoptó en última instancia la forma de un tratado internacional, por lo que finalmente su ratificación requiere el consentimiento de todos los Estados miembros.

Por otro lado, el informe señala que los resultados obtenidos en estos dos referendos no pueden pasarse por alto desde un punto de vista político. En el caso de Francia, el referéndum era vinculante, por lo que ignorar su rechazo podría conducir a una crisis constitucional. En cuanto a Holanda, aunque el referéndum sólo era "consultivo", el Gobierno prometió respetar la votación popular, ya que la participación fue del 63,3%, el doble de la exigida inicialmente. Por esta razón, cualquier intento de no tener en cuenta estos resultados iría contra los objetivos que el proceso tenía en un principio: hacer la UE más democrática y "volver a conectarla" con sus ciudadanos.

El estudio señala que una de las causas que más podrían haber influido en el "hostil" recibimiento dado a la Constitución de la UE es la insatisfacción de los ciudadanos con la Unión en su estado actual. Hasta principios de los 90, la población parecía aceptar una situación en la que se tomaban decisiones en su nombre sin que pudiera participar en el proceso. Sin embargo, en 1992, el rechazo danés al Tratado de Maastricht dio comienzo a una nueva etapa en la que los ciudadanos comenzaron a reclamar un lugar proprio en "el nuevo espacio europeo".

"Pacto de los ciudadanos"

En el Consejo Europeo del pasado mes de junio, los líderes europeos acordaron darse un "periodo de reflexión" durante el cual se abordarían posibles vías para solucionar la crisis, aunque hasta el momento no se ha planteado ninguna alternativa viable. El análisis de la EPIN propone diversas iniciativas que los políticos europeos podrían examinar e incluso desarrollar durante los próximos meses para dar un nuevo impulso a las instituciones europeas ante los ciudadanos.

En primer lugar, considera que los políticos europeos deberían suscribir un "Pacto de los ciudadanos" que haga frente con medidas concretas al déficit democrático y de comunicación que padece la UE. Este adoptaría la forma legal de un acuerdo interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y serviría para desarrollar una dimensión europea en el debate público.

Esto se lograría a través de la mejora de los vínculos "verticales" entre las administraciones nacionales (regionales y locales) y la europea, por un lado, y de los vínculos "horizontales" entre los distintos foros nacionales, por otro. Por esta razón, los parlamentos y los gobiernos nacionales, así como los actores locales y regionales, tendrían que tener un papel importante en dicho Pacto.

Su contenido constaría de "compromisos para una mejor comunicación por parte de los actores nacionales y europeos, cambios estructurales a corto plazo y una estrategia a largo plazo para afrontar las deficiencias democráticas de la UE". Como principal novedad, el Pacto incorporaría medidas prácticas que aumentasen la capacidad de los ciudadanos para exigir cuentas a quienes toman las decisiones a escala europea.

Mejor comunicación y más debate

El "Pacto de los ciudadanos" se basaría en un amplio consenso político y constaría de ocho medidas específicas para "conectar" a la UE con la población. La primera de ellas consistiría en trasladar a los parlamentos nacionales el debate sobre las iniciativas europeas más importantes, ya que, según los autores del estudio, está probado que la política nacional concentra la mayor parte de la atención pública en los Estados miembros.

Por esta razón, los actores e instituciones europeas deberían dedicar sus esfuerzos a integrar la agenda europea en las estructuras democráticas ya existentes a escala nacional. Las administraciones nacionales, a su vez, se comprometerían a debatir públicamente las iniciativas europeas que afecten más directamente a los ciudadanos, como la liberalización de los servicios, las medidas antiterroristas, las futuras ampliaciones de la UE y los asuntos de inmigración.

En segundo lugar, es imprescindible mejorar la difusión de los temas europeos para atraer la atención del público. Por esta razón, el informe propone que los gobiernos nacionales publiquen periódicamente boletines con información objetiva sobre las últimas decisiones y propuestas de la UE, elaborada de manera accesible para facilitar su comprensión. Éstos serían ampliamente difundidos a los medios de comunicación nacionales.

Por otro lado, el análisis propone que los líderes nacionales hagan públicas -a través de comparecencias bianuales-, sus opiniones sobre las prioridades de la Presidencia de la UE, así como las posiciones adoptadas durante la Presidencia anterior. A escala comunitaria, apunta que el Parlamento Europeo debería albergar un debate general cada año, donde eurodiputados, jefes de gobierno y comisarios europeos abordasen las líneas generales de las políticas comunitarias.

Fomentar la participación ciudadana

El estudio también propone la implantación de medidas institucionales que aumenten la democracia y la participación como, por ejemplo, abrir al público las sesiones y votaciones del Consejo de la Unión y convocar referendos a escala europea. También recomienda la organización de debates públicos sobre asuntos europeos con la participación de políticos y sociedad civil.

Además, anima a los eurodiputados y comisarios europeos a que dediquen más tiempo a participar en debates nacionales sobre temas comunitarios. De este modo, proporcionarían a los ciudadanos una idea más clara de la naturaleza de su trabajo y de las auténticas competencias de la UE.

Por último, el informe considera conveniente la elaboración de una estrategia a largo plazo para atajar el déficit democrático de la Unión, que podría adoptar la forma de un Libro Blanco, basado en consultas a las principales instituciones nacionales y comunitarias, donde se explicaría detalladamente el paquete legislativo necesario para fortalecer un verdadero "Espacio Europeo Cívico y Democrático".

De igual manera, indica que podría llevarse a cabo una evaluación del impacto que tienen las medidas legislativas europeas sobre los ciudadanos. Ésta especificaría el modo en que se han tenido en cuenta las preocupaciones de la población a la hora de elaborar cada propuesta y cómo repercutirá ésta en sus vidas. Eventualmente, podría incluirse en una referencia sobre la necesidad o no de desarrollar acciones concretas de comunicación para dar a conocer a los ciudadanos una determinada medida o iniciativa legislativa.