Veamos cómo están las cosas en el partido de Alfonso Guerra: el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso está compuesto por 164 diputados, de los que 67 (el 40,85 %) pertenecen a las circunscripciones cuyas federaciones socialistas ya se han rebelado contra el ‘Estatut Maragall': 15 de Madrid (incluyendo a Rodríguez Zapatero, pero también a los ‘críticos' José Acosta, del que hablamos en otra nota de este mismo boletín, y Joaquín Leguina), 38 de Andalucía (la más numerosa, por donde es diputado Alfonso Guerra, el más combativo contra la reforma), 9 de Castilla-La Mancha (supuestos seguidores de José Bono y/o Barreda) y 5 de Extremadura (entre los que se incluyen Francisco Fernández Marugán y Victorino Mayoral).

Otros socialistas disconformes con el Estatut son los 'históricos' Txiqui Benegas, diputado por Vizcaya, junto a su compañera por la misma circunscripción, Arantxa Mendizábal --menos moderada que Benegas--; Ramón Jáuregui, diputado por Álava; Cipriá Ciscar, diputado por Valencia --cuyo apoyo a la reforma del Estatut valenciano es publica y notoria, como lo ha sido el de su compañera Carmen Alborch--; Javier Barrero, diputado por Huelva y miembro de la Mesa del Congreso; Carmele Hermosín, diputada por Sevilla y esposa del no menos histórico, Luis Yañez, actualmente eurodiputado; Diego López Garrido, secretario general del Grupo parlamentario; las veteranas Delia Blanco y Dolores García Hierro, o 'fichajes' de Zapatero de la ultima ‘hornada', como Mercedes Cabrera, que estuvo a punto de ocupar la cartera de Educación, y Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO.

Además, otros diputados como José Andrés Torres Mora, diputado por Málaga y ex jefe de gabinete de Zapatero; el palentino Julio Villarrubia; Javier Torres Vela, diputado por Granada y ex presidente del Parlamento andaluz; el cordobés Juan Luis Rascón, comisionado del 11-M; la sevillana Isabel Pozuelo, una de las ‘mujeres' de Chaves; Alfonso Perales, otro veterano dirigente andaluz y responsable de política autonómica y municipal de la Ejecutiva del PSOE ;Gerardo Torres, diputado por Teruel, alineado con las tesis de Marcelino Iglesias, o el valenciano Ricard Torres tampoco consideran apropiado el texto del Estatut. Uno de los diputados cuya posición es una incógnita, sin embargo, es el valenciano Herick Campos, dirigente de las Juventudes Socialistas, formación que no se ha pronunciado hasta la fecha.

A todos ellos se les suma nada menos que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Su papel de portavoz del Grupo Parlamentario le va a poner en la complicada tarea de tener todo muy bien ‘atado' para que el día del debate del Estatut no haya disidencias o ausencias en sus filas, lo que pondría en peligro el resultado de la votación además de colocarle en la obligación de aplicar duras multas.

El Gobierno y el PSC

En los bancos azules del hemiciclo, aunque se sienta todo el Gabinete, no todos tienen la condición de diputados. Tal es el caso de José Bono, que no podrá votar. Tampoco son diputados Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía; la titular de la Vivienda, Maria Antonia Trujillo; Elena Salgado, ministra de Sanidad o Elena Espinosa, ministra de Agricultura. El resto sí lo son y a ninguno de ellos le gusta el Estatut tal y como llega a Madrid. Desde la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a Miguel Ángel Moratinos (Exteriores); Jesús Caldera (Trabajo); José Antonio Alonso (Interior); Juan Fernando López Aguilar (Justicia); Carmen Calvo (Cultura); Cristina Narbona (Medio Ambiente); Jordi Sevilla (Administraciones Públicas, uno de los más beligerantes con la reforma)... y José Montilla (Industria), el único ministro catalán cuyas posiciones moderadas le están colocando en una difícil tesitura dentro del PSC, partido del que es primer secretario.

Precisamente, el verdadero quebradero de cabeza para Zapatero va a ser el PSC, partido que cuenta con veinte diputados en el Congreso y que tiene la llave para bloquear o dar 'luz verde' a cualquier posterior modificación del texto estatutario. Hasta ahora, el PSC, que siempre se ha declarado ‘autónomo' dentro del PSOE, nunca ha creado problemas de calado a la hora de alinearse con las posiciones oficiales. Un fracaso en este terreno abriría una seria brecha en las relaciones que actualmente mantienen con el PSOE de consecuencias imprevisibles.

Este grupo socialista catalán está integrado por:

- Barcelona: José Montilla (Mº Industria); Carme Chacón, vicepresidenta primera del Congreso; Elisenda Malaret; Manuel Mas i Estela; Lourdes Muñoz; Montserrat Colldeforns; Isabel López i Chamosa; Daniel Fernández, portavoz del grupo en Madrid; Maritxell Batet, esposa del dirigente del PP e ideólogo de la FAES, José María Lasalle; Jordi Pedret (su mujer ha sido una de las ponentes más destacadas de la reforma).

- Tarragona: Francesc Vallès, María Luisa Lizarraga, Ernest Benito.

- Lérida: Teresa Cunillera (secretaria adjunta del Grupo parlamentario), Esperança Farrera.

- Gerona: Montserrat Palma; Alex Sáez.

Entre esta veintena de diputados, unos mantienen posiciones más moderadas que otros. Entre los primeros podríamos situar a Montilla, Chacón, Batet, Cunillera o López i Chamosa. Y entre los segundos, a Fernández y Pedret.

No habrá 'rebelión'

Ello no quiere decir, en absoluto, que se vaya a producir una ‘rebelión' en el Grupo Socialista. De hecho, Rodríguez Zapatero, con su lugarteniente José Blanco, ya han previsto todos los pasos a dar ante los posibles escenarios. Antes de exponerse a una monumental bronca en el Comité Federal (máximo órgano socialista entre congresos) o en el Consejo Territorial (donde dicha bronca estaría garantizada con el ‘bloque' Chaves-Ibarra-Simancas-Barreda), han decidido que sea la Comisión Ejecutiva Federal (más dúctil, maleable) la que apruebe un documento de ‘orientación' --eufemismo de “de obligado cumplimiento'-- para toda la organización. Claro, aquí se está en el Grupo Parlamentario con especial atención.

Además, según fuentes socialistas, ha sido o va a ser ‘llamado a consultas' una persona que resultó clave en la negociación de la Constitución de 1978: Gregorio Peces-Barba, que aportará entre bastidores su experiencia constitucional y, sobre todo, negociadora.

Así pues, la reforma del Estatut irá mucho más lejos de lo que en su día fue el 'Plan Ibarretxe'. Al menos, eso es lo que se espera. El primer paso será la admisión a trámite de la proposición de ley por parte de la Mesa del Congreso, que contará con el voto en contra del PP, por supuesto. El PP puede estar planteándose enviar la reforma del Estatuto de autonomía catalán al Tribunal Constitucional.

La Comisión Constitucional, el meollo de cuestión

Una vez aprobada la admisión de la reforma del Estatut por el Pleno comenzarán los trabajos en la Comisión Constitucional del Congreso, que está compuesta por 39 diputados y otros cuatro adscritos. Esta Comisión es siempre de vital importancia, pero mucho más en los momentos que vivimos, como así lo vio en su día Rodríguez Zapatero, que colocó como presidente de la misma a Alfonso Guerra (uno de los que negociaron la Constitución) y como vicepresidente primero a otro socialista, José Andrés Torres Mora, un doctor en Sociología que ha ocupado importantes puestos de confianza.

Era evidente la importancia que Zapatero concedía a esta Comisión y no quería perder el control presidencial de la misma. Pero dada la naturaleza combativa que ha desplegado Alfonso Guerra antes, incluso, de que se aprobara la reforma del Estatut en el Parlament, Zapatero mantendrá esta misma semana un encuentro con él; encuentro que puede ser decisivo.

Los socialistas incluyeron en esta Comisión a sus ‘pesos pesados': Ramón Jáuregui, como portavoz del Grupo; Elviro Aranda, doctor en Derecho, especialista en Derecho Parlamentario y Derechos Fundamentales; Maritxell Batet, profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra; Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, o Juan Luis Rascón, miembro de las Carreras Judicial y Fiscal, magistrado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Córdoba.

También el PP ha colocado en esta Comisión a su grupo vanguardista. Aquí están adscritos, entre otros, juristas como Jaime Ignacio del Burgo, vicepresidente segundo; Federico Trillo (portavoz de su grupo, con Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz adjunta); Ignacio Astarloa, antiguo letrado de las Cortes Generales, o el magistrado Julio Padilla Carballada. Y aquí están también Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución, y, naturalmente, el secretario general del PP, Ángel Acebes.

Y, en fin, en está Comisión se hallan encuadrados igualmente Gaspar Llamazares, coordinador general de IU (portavoz de su grupo) y Josep Antoni Durán i Lleida, secretario general de CiU. El trabajo en la Comisión Constitucional se presenta, pues, muy interesante.