No ha hecho más que llegar al Congreso el proyecto de reforma del Estatuto catalán y ya hay auténticos conatos internos de sublevación en las filas socialistas, aunque lo nieguen: Manuel Chaves le ha contado sus cuitas al popular andaluz Javier Arenas; José Bono ha hecho lo propio con Eduardo Zaplana y Mariano Rajoy ; José María Barreda , presidente castellano-manchego, ha firmado con José Manuel Molina , presidente regional del PP, un pacto para frenar las peticiones exclusivistas catalanas, y Ángel Villalba, jefe de los socialistas de Castilla y León, ha comenzado a poner unos cimientos similares con el presidente autonómico, el popular Juan Vicente Herrera.
El jefe de los socialistas madrileños, Rafael Simancas , por su parte, descarta un acuerdo como en Castilla-La Mancha, pero también apuesta por reformar el proyecto de Estatut en las Cortes con ayuda del PP. Así están ahora mismo las cosas dentro del Partido Socialista.
Rodríguez Ibarra
Quien no se ha pronunciado aún en esos términos –pero lo hará, habida cuenta de que opina igual que sus compañeros aquí citados- es el presidente de Extremadura y ‘ barón' socialista por excelencia, Juan Carlos Rodríguez Ibarra . Precisamente, el presidente Rodríguez Zapatero mantendrá mañana un encuentro con él en La Moncloa, en un intento de seducción presidencial para amarrar un poco las filas socialistas.
Rodríguez Ibarra ya señaló el pasado 29 de septiembre que el presidente del Gobierno "jamás" permitirá que Cataluña “sea una nación". Y el pasado jueves, el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura registró una Proposición no de Ley en la Cámara autonómica contra el concepto de solidaridad que plantea el Estatuto de Maragall.
Cinco federaciones ‘rebeldes'
Es decir, que cinco poderosas federaciones socialistas ya se han decantado en el proceso estatutario.
En Castilla y León, su secretario regional, Angel Villalba , se ha mostrado dispuesto a firmar acuerdos similares al alcanzado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PP en defensa de la ‘nación española' y a favor del ‘respeto a la Constitución' , aunque añadiendo el matiz de que también se respete al Parlamento catalán. En tal sentido, representantes del PSCL ya han mantenido encuentros con el PP para acercar posiciones. Y ya hay un punto de acuerdo primordial: el rechazo a la utilización del término ‘nación' en el articulado del Estatut.
En Madrid, el secretario general del PSM, Rafael Simancas, no ve con malos ojos la proposición no de ley presentada el pasado viernes por el Grupo Popular para que la Asamblea inste al Ejecutivo autonómico a que se dirija al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que "garantice la unidad de la Nación española, la soberanía nacional y la solidaridad entre todas las regiones que la integran".
La posición del PSM a este respecto no ha sido fijada aún, pero es sabido lo que opina Simancas al respecto, y que coincide en lo sustancial con lo que piden los populares: defensa de los principios de convivencia recogidos en la Constitución, no admisión de una vía indirecta de cambio en el modelo de Estado a través de reformas estatutarias, plena validez del sistema de derechos, libertades y reglas y normas de convivencia compartidos por todos los españoles y rechazo a la bilateralidad que propone el Estatut .
Más obediente que los otros y siguiendo directrices federales, Simancas rechaza un pacto a lo castellano-manchego pero confía en "la labor a desarrollar por el Grupo Parlamentario Socialista con la ayuda del Grupo Popular y el resto de grupos parlamentarios" del Congreso de los Diputados y el Senado para "adecuar este proyecto de Estatuto a la Constitución española". Lo mismo que los otros, aunque sin pacto explícito.
Y mientras, en el PSOE niegan por activa y por pasiva que hayan lanzado un SOS a los populares para “hacer descarrilar” al Estatut .
Jiménez de Parga cabalga de nuevo
Por si fuera poco, y ante el silencio –obligado- del Tribunal Constitucional, que no debe pronunciarse mientras el Estatut no sea aprobado-, quien ha entrado en la escena ha sido el ex presidente del Alto Tribunal, Manuel Jiménez de Parga , quien ha advertido que la propuesta de Estatut "no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional" porque busca modificar la Carta Magna: esa reforma hace obligatorio cambiar, según él, no sólo la Constitución, sino desde la ley electoral general hasta la ley del Tribunal Constitucional, pasando por la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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