 Los políticos catalanes se habían fijado la fecha del 23 de abril, Sant Jordi, Día del Libro y de la Rosa en Cataluña, para aprobar definitivamente el nuevo Estatut de Autonomía. Pero va a ser que no. La reforma de este Estatuto se presenta tan absolutamente complicada en lo político y farragosa en lo institucional que, realmente, no hay fechas o plazos concretos. En la medida de lo posible, revelamos ese complicado camino parlamentario sobre el que a fecha de hoy no se ponen de acuerdo ni los propios Grupos.
El presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene ante sí una difícil papeleta. Sus interpretaciones del Reglamento difieren notablemente de las del presidente de la Comisión Constitucional, el también socialista Alfonso Guerra, y mucho más de las del Grupo Popular, e, incluso, de los letrados de las Cortes. Así que Marín ha decidido tirar por la calle de en medio: la aplicación estricta de la Resolución de la Presidencia del Congreso sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, que aprobó el entonces presidente Félix Pons el 16 de marzo de 1993.
Esa Resolución la pueden obtener de forma íntegra en la siguiente dirección web:
/oc/actual/canales/diario/nacional/pdf/estatut_reglas_congreso.pdf
Un camino farragoso
Sin embargo, y aunque se quiera aplicar de forma estricta la citada Resolución, no existen plazos concretos, porque en caso de conflicto –que sin duda lo habrá- los plazos se dilatan y puede ocurrir de todo. Intentaremos explicarlo de forma clara.
Una vez registrada la reforma del Estatut en el Congreso de los Diputados –el registro se llevó a cabo el pasado miércoles, día 5-, la Mesa debe decidir ahora sobre su admisión a trámite o su rechazo. Dada la mayoría que sustenta al actual Gobierno, la Mesa lo admitirá a trámite en breve, el 18 de este mes de octubre.
Una vez admitido a trámite, deberá ser visto por la Junta de Portavoces, que fijará la fecha del Pleno para el debate de admisión o rechazo del Estatut. El debate no podrá fijarse para la semana del 17 de noviembre, ya que el Congreso necesita esos Plenos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado-2006 para su remisión al Senado y poder cumplir así los plazos constitucionales. Así que se barajan dos fechas posibles para ese Pleno: el 2 o el 22 de noviembre.
Habrá tensiones
Habrá tensiones en la Mesa -y aún en la Junta-, el PP votará en contra de la admisión, pero el Estatut saldrá adelante porque existe mayoría parlamentaria para ello, con lo que esa decisión será llevada a la siguiente reunión de la Mesa de la Cámara, la cual ordenará la apertura de un plazo de quince días para la presentación de enmiendas.
Paralelamente, y puesto que se presentarán enmiendas al proyecto remitido desde Cataluña, Manuel Marín notificará al Parlament de Cataluña que designe una delegación –proporcional a la representatividad de cada Grupo en la Cámara autonómica y no superior en número a la composición de la propia Comisión Constitucional del Congreso- para que participe en el debate que se abrirá en la Comisión Constitucional, que cuenta con un plazo de dos meses que, como se verá, será imposible cumplir.
La Comisión Constitucional designará una Ponencia, presidida por el presidente de la Comisión, el socialista Alfonso Guerra, y en la que también se integrarán representantes del Parlament catalán, la cual deberá emitir un informe en el plazo de un mes desde su constitución. Pero ese plazo es aleatorio, ya que el informe debe ser votado por separado por la Ponencia, por un lado, y por los representantes del Parlament, por otro. Si el informe es aceptado por ambos, pasa a la Comisión, pero si una parte lo rechaza y ha pasado el plazo de un mes, la Ponencia remitirá su informe a la Comisión señalando los puntos en los que hay acuerdo y en cuáles hay discrepancia.
Tras ese informe, la Comisión Constitucional deberá verificar el acuerdo y las discrepancias y, en el plazo de un mes, aprobar, junto a la delegación del Parlament, un texto definitivo. Pero puede ocurrir que no haya acuerdo tampoco entre la Comisión y la delegación autonómica, con lo que se tiene que remitir otra vez a la Ponencia para que estudie el problema “en el plazo que sea señalado”.
Los plazos se irán dilatando
Finalmente, si el acuerdo no es posible con la delegación del Parlament de Cataluña ni en la Ponencia, primero, ni en la Comisión Constitucional, después, la Comisión deberá aprobar por mayoría el texto que se remitirá al Pleno para su dictamen. La fecha de celebración de ese Pleno deberá ser fijada por la Junta de Portavoces, aunque lo habitual es que se incluya en el primer Pleno posible. Como se ve, los plazos se van dilatando, sobre todo porque el Estatut de Cataluña se presenta como muy problemático.
Una vez aprobado en el Pleno del Congreso, pasará al Senado, que lleva un trámite similar y, como es previsible, volverá de nuevo al Pleno del Congreso. Los más optimistas no prevén una aprobación antes de julio de 2006.
Pero, además, a lo largo de todo este proceso, el Parlament de Cataluña puede decidir en cualquier momento la retirada del Estatut. En este punto ha habido mucha desinformación, porque se pensaba que, puesto que la reforma fue aprobada en el Parlament por dos tercios, se necesitarían otros dos tercios para retirarla. Pero no: la ley establece que sólo es necesaria la mayoría simple (la mitad más uno del Parlament).
Sin embargo, hay un acuerdo político propiciado por Pasqual Maragall para que la decisión de retirar el Estatut mientras se tramite en las Cortes Generales sea también por dos tercios. La explicación política para este acuerdo es muy sencilla: Maragall no quería que si el Estatut era muy rebajado en las Cortes –como va a serlo- tuvieran la posibilidad de unir sus votos CiU y ERC –que entre los dos suman mayoría absoluta-, ya que así cogerían en pinza al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC)
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