El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil Robles, cree que aunque existe una "sólida cultura de respeto de los derechos humanos" en España, hay que "mantenerse extremadamente vigilante" en la investigación de torturas y malos tratos por parte de las autoridades policiales y los responsables de los centros de internamiento de inmigrantes.

Así lo ha comunicado Gil Robles ayer en un informe a la Unión Europea, donde también dice que nuestro país debe vigilar más el hacinamiento en las cárceles de nuestro país y que los recintos penitenciarios sean más modernos, además de luchar contra la violencia de género y proporcionar más apoyo a las víctimas del terrorismo.

El informe considera que existe una "sólida cultura de respeto de los derechos humanos" en este país. Sin embargo, advierte de la necesidad de "mantenerse extremadamente vigilante en este terreno porque subsisten sectores de riesgos que es necesario reforzar".

Entre las preocupaciones del comisario europeo de Derechos Humanos, figuran el hacinamiento de las cárceles españolas y la necesidad de instalaciones más modernas, la necesidad de más garantías frente a la investigación de torturas y malos tratos por parte de las autoridades policiales, más refuerzos en centros de internamiento de inmigrantes, lucha contra la violencia de género, y más apoyo a las víctimas del terrorismo.

El informe hace un repaso y presenta recomendaciones en relación con un conjunto de ámbitos como el sistema penitenciario, la administración de Justicia, los malos tratos, la inmigración y asilo, el tráfico de seres humanos, la violencia de género, el apoyo a las víctimas de terrorismo, los derechos humanos en el País Vasco o la situación de los gitanos. Cuestiones que fueron estudiadas por el propio Gil Robles durante una visita realizada a diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria o Sevilla entre el 10 y 19 de marzo de este año, según informa Aquí Europa.

Malos tratos y torturas

En materia de malos tratos, Gil Robles recomienda a las autoridades españolas implantar normas para "investigar, de forma rápida, rigurosa y exhaustiva todas las denuncias de posibles torturas y malos tratos, así como los fallecimientos de detenidos en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil y otras dependencias policiales, adoptándose, en su caso, las oportunas sanciones disciplinarias y penales" . Asimismo, considera necesario el establecimiento de procedimientos adecuados que garanticen que las denuncias formuladas por posibles malos tratos contra funcionarios de un determinado centro de detención, comisaría o cuartel de la Guardia Civil, no sean investigadas y, en su caso, respondidas directamente por los propios implicados, sino por servicios de inspección especializados, ajenos a los hechos investigados y bajo control de la superioridad.

Las recomendaciones del responsable de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa incluyen también la prolongación de los plazos de prescripción del delito de torturas, y propone a las autoridades españolas que consideren la posibilidad de prever la imprescriptibilidad de este delito. Asimismo, recomienda retirar las defensas antirreglamentarias y peligrosas para la integridad de las personas de las unidades y acuartelamientos donde aún puedan existir.

En el caso de las policías autonómicas y locales, Gil Robles considera fundamental determinar las causas que explican una proporción de casos de malos tratos muy superior a la de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y adoptar, con la mayor rapidez, todas las medidas necesarias para corregir esta situación, salvo en el caso de la Ertzaintza cuyos procedimientos darían mayores garantías. En este sentido, considera que podría ser útil la introducción de procedimientos de control similares en otros cuerpos de seguridad.

El documento propone también el establecimiento de los mecanismos necesarios para la reparación de las víctimas de torturas o malos tratos, incluidas reformas legislativas si fuera necesario, y recomienda la revisión del régimen actual de incomunicación, permitiendo que el detenido pueda entrevistarse, al menos una vez, a solas con su abogado.

Sistema penitenciario

En cuanto al sistema penitenciario, el informe elaborado bajo el paraguas del Consejo de Europa considera necesario revisar la ley de enjuiciamiento criminal para adecuarla a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y recomienda la adopción de todas las medidas necesarias para disminuir progresivamente la saturación de los centros penitenciarios, construyendo nuevas instalaciones, rehabilitando las existentes y contemplando la aplicación efectiva de penas alternativas al ingreso en prisión y que faciliten la reinserción social del penado. Según expone en el informe, Gil Robles visitó varios centros tanto en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Sevilla.

Otra de las recomendaciones en este ámbito se refieren a la necesidad de revisar en profundidad la atención psiquiátrica en las prisiones, dotando a los centros de unidades de psiquiatría adecuadas para atender a los reclusos con enfermedades mentales y crear una red de establecimientos especializados para los casos más extremos contando, en su caso, con la colaboración de las administraciones sanitarias autonómicas. Gil Robles propone también la revisión y actualización del programa de prevención de suicidios, así como el reforzamiento de los programas de desintoxicación y deshabituación de consumo de drogas, en particular el tratamiento con metadona en aquellos casos médicamente recomendables.

Otras medidas pendientes en el ámbito penitenciario son: mejorar la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios, en particular en lo que se refiere a enfermedades infecto contagiosas; tomar todas las medidas necesarias para que la presencia de niños pequeños con sus madres en los centros penitenciarios tenga lugar en locales especialmente adecuados para la vida del niño; y adoptar las garantías necesarias para que la información contenida en los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento sea utilizada exclusivamente por las unidades autorizadas.

Centros de menores

El documento también se detiene en la situación de los centros de reforma de menores, capítulo en el que pide a las autoridades españolas que adopten todas las medidas necesarias para "evitar casos de abuso y de malos tratos en los centros de reforma de menores" . En este sentido, considera aconsejable que los jueces y fiscales de menores visiten periódicamente los centros y comprueben que las condiciones de acogida y de trato del menor son las adecuadas.

En el ámbito judicial, Gil Robles reclama reducir la duración excesiva de los procesos, introducir la doble instancia en el ámbito penal, tramitar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para simplificar los procesos y reducir los plazos, regulando las escuchas telefónicas de manera compatible con las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos e introduciendo la posibilidad de revisión de las sentencias cuando haya procedimientos judiciales que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado contrarios al CEDH.

Asilo e inmigración

En este capítulo, aboga por facilitar el empadronamiento de los extranjeros y adoptar medidas que eviten la utilización de la información contenida en el padrón para sancionar al inmigrante en situación irregular. Recomienda llevar a cabo las reformas necesarias en los Centros de Internamiento de Inmigrantes para mejorar las condiciones de acogida, y concretamente agilizar el proyectado traslado del centro de La Verneda en Barcelona a las nuevas instalaciones en la Zona Franca de dicha ciudad. Para garantizar el derecho a la información para estas personas, demanda la distribución a las personas que ingresan una hoja con los derechos y deberes, explicados en forma clara y completa. Esta información deberá ser distribuida en varias lenguas, al menos inglés, francés y árabe.

Asimismo, insiste en facilitar, en todo momento, el acceso de los internos a la asistencia letrada de oficio y a un intérprete gratuito. Los colegios de abogados deberán también dedicar los recursos necesarios a la formación específica en materia de extranjería, inmigración y asilo de los letrados que integren el turno de oficio y que atienden a los extranjeros en situación irregular, y demandantes de asilo. El comisario de derechos humanos reclama también la aplicación de medidas para garantizar que las expulsiones y devoluciones de inmigrantes se produzcan de acuerdo con un respeto estricto a la legislación vigente, en particular al derecho a la asistencia jurídica y a un intérprete, así como la motivación de la resolución y la indicación de los recursos que puedan interponerse.

Ceuta y Melilla

En este sentido, reclama que todos los casos de expulsiones o devoluciones irregulares sean investigados exhaustivamente y se adopten sanciones administrativas y penales si fuera necesario. Gil Robles hace un apunte especial sobre la situación de Ceuta y Melilla, así como la de Canarias y la de los menores extranjeros no acompañados. En el caso canario, el comisario de Derechos Humanos reclama el cierre, con carácter inmediato, del centro de menores extranjeros no acompañados de Llanos Pelados, en Fuerteventura.

El documento se centra también en el tráfico de seres humanos, la violencia de género y especialmente la situación de violencia contra la mujer, así como la necesidad de mejorar el apoyo a las víctimas del terrorismo con mejores mecanismos de ayuda. En el caso de la situación en el País Vasco, reclama el refuerzo de las medidas adoptadas frente a la violencia callejera, mientras que en el caso de la comunidad gitana en España denuncia que sufre "cierto rechazo y exclusión social y económica". Ante esta situación reivindica medidas para facilitar su acceso a la vivienda, empleo y educación. Esta comunidad supondría el 1,5% de la población española. De ellos, entre el 10 y 12% estaría implantado fundamentalmente en Valencia, Murcia, Andalucía y las grandes ciudades del país.

Para más información:

http://www.coe.int