 Lunes, 7 de noviembre, sobre las 17:00 horas. En el tramo de la Autovía del Mediterráneo a su paso por Almuñécar (Granada), el desplome de una plataforma de viaducto segó la vida de seis trabajadores. El hecho de que la empresa fuera una subcontrata y que la mayoría de sus trabajadores fueran portugueses dirigió todas las miradas hacia este tipo de contratos.
Martes, 8 de noviembre, a media mañana el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín , decide prorrogar el plazo de presentación de enmiendas a una Proposición de ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción presentada en abril de 2004 por IU hasta el 15 de noviembre. Es el aplazamiento número 27 que ha sufrido ya esta malhadada Proposición.
Coincidencia pura y dura, sin duda alguna. Pero el hecho de que una Proposición como éstas esté registrando tantos retrasos da mucho que pensar. Primero, porque la misma propuesta se había presentado en la anterior legislatura, pero el rodillo parlamentario del PP impidió que fuera tomada siquiera en consideración.
Vuelta a presentar en abril de 2004, nada más constituirse las nuevas Cámaras y con nuevas mayorías parlamentarias, se tomó en consideración y se apoyó en el Pleno del Congreso, sí, pero hasta el martes pasado ha contado con 26 sucesivos aplazamientos, instados desde el PP y el PSOE, principalmente, hasta los republicanos catalanistas de Carod-Rovira , pasando por los convergentes de Artur Mas .
El martes pasado se cumplía el plazo del ‘aplazamiento 26', e IU remitió un escrito a la Mesa del Congreso para que no se prorrogara, pero ese martes no hubo reunión de la Mesa y la Presidencia de la Cámara, haciendo uso de sus poderes, volvió a aplazarla nuevamente –y ya van 27 veces- hasta el 15 de noviembre.
Esos son los hechos, ordenados de forma cronológica. Ahora, los datos. Parece ser que hay cosas que no gustan, como que en la Proposición se establece un fuerte régimen sancionador con faltas leves, graves y muy graves, acompañadas de sus correspondientes sanciones económicas.
Segundo punto, que parece el más polémico: se establece que las contrataciones públicas suelen concederse a una empresa, la cual suele contratar con una segunda empresa y ésta con una tercera y así sucesivamente en muchos casos. En cada subcontratación se ‘abaratan costes', lo que lleva que se tenga a trabajadores muy en precario y en numerosas ocasiones sin formación cualificada, lo que fomenta los accidentes (no es que éste haya sido el caso de Almuñécar, aunque se trate de subcontrata. Eso lo dictaminará el juez).
Pues bien, el Proyecto establece límites a las subcontrataciones, lo cual, evidentemente, no gusta en determinados sectores. Así están las cosas.
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