El juicio, que se celebra a partir de este lunes, y todos los martes y miércoles en el pabellón que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo, en Madrid, en sesiones de mañana y tarde los dos primeros días y sólo por la mañana el tercero, es el más importante de los realizados contra el entorno de ETA, no sólo por el número de acusados, sino también por abarcar las principales plataformas de la izquierda abertzale. Fuentes de la Audiencia señalaron que es la vista oral celebrada en España en el que más personas se sentarán en el banquillo.

Las causas contra Batasuna, Gestoras pro Amnistía y Jarrai-Haika-Segi se han investigado en otros procedimientos y se han empezado a juzgar independientemente. De hecho, los responsables de las organizaciones juveniles abertzales ya fueron juzgados y condenados por asociación ilícita, pero no terrorista. Gestoras pro Amnistía se juzgará cuando termine el juicio contra Ekin, que se prevé que dure entre cuatro y cinco meses.

Petición fiscal

El fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso, Enrique Molina, pide un total de 946 años de prisión para los 56 acusados que se sentarán en el banquillo por el sumario 18/98, compuesto de 600 tomos que suman más de 200.000 folios. Esta causa fue iniciada por el juez Baltasar Garzón con la clausura del diario "Egin" el 15 de julio de 1998 y en ella se investigaron distintas formas de financiación de ETA a través de empresas y sociedades de la izquierda abertzale.

Sin embargo, el único acusado en esta parte del sumario, el director del clausurado "Egin" y después de la revista "Ardi Beltza" (Oveja negra), José Benigno Rei , no será juzgado debido a su delicado estado de salud. En similar situación se encuentra el ex consejero delegado de Orain Ramón Uranga , para quien la acusación pública pensaba solicitar la pena más alta (51 años de prisión), a la que se enfrentará Xabier Alegría, considerado enlace de ETA con las distintas organizaciones implicadas en la causa.

El fiscal también acusaba en sus calificaciones provisionales al fallecido Manuel Aramburu , y a los presos en Francia Peio Jon Sánchez Mendaza y Francisco Aramburu , así como al huido Unai Hernández Sistiaga . De ahí, que el número final de acusados sea de 56, de los que tres se encuentran en prisión por otras causas: Iker Beristain, Ruben Nieto e Iker Casanova . Serán representados por doce abogados y como acusación actuará, además del fiscal, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

De los acusados que serán juzgados, 22 están relacionados con el aparato político de la banda terrorista Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y 16 con su sustituo, Ekin. Nueve, más Carlos Trenor, que también comparecerá por KAS, serán interrogados en relación con la Fundación Joxemi Zumalabe, que puso en marcha en el País Vasco distintas iniciativas que tenían la "desobediencia como uno de los ejes de la construcción nacional", y otros nueve lo harán sobre el aparato internacional Xaki.

Los delitos a los que se enfrentan los acusados van desde integración en organización terrorista o colaboración, hasta distintos delitos fiscales, bien contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social. Las penas de prisión solicitadas por el fiscal oscilan entre 10 y 51 años.

Testigos admitidos

Debido a la duración que se prevé que tenga el juicio, es posible que se celebre por partes, es decir, primero los interrogatorios relativos a KAS, luego los de Ekin y así sucesivamente. Además, los acusados podrían ausentarse de las sesiones en las que ellos no aparezcan de ninguna forma mencionados.

Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que el tribunal, presidido por la magistrada Angela Murillo , que actuará de ponente, y compuesto por Nicolás Poveda y Luis Martínez de Salinas , ha admitido la comparecencia de más de 300 testigos solicitados por las partes, después de reducir sensiblemente la lista de propuestos entre los que se encontraban el portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y conocidos periodistas y políticos, como el ex presidente del Gobierno Felipe González .

Desestabilización social

El fiscal afirma que desde 1995 la estrategia político-militar desarrollada por ETA y KAS se desarrolló en tres aspectos, el político, el económico y el militar. En el ámbito político, KAS se ocupó de la "desestabilización social e institucional" a través de organizaciones como Herri Batasuna y de medios de comunicación del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Así, se encargó a KAS la elaboración de un proyecto de financiación para cubrir gastos de los miembros "liberados" de la banda. Se desarrolló entonces el "Proyecto Udaletxe", que utilizó empresas "legales" del MLNV (AEK, HB y Gestoras pro Amnistía, además de agencias de viajes, aseguradoras, etc), según consta en la documentación intervenida tras la detención a la cúpula etarra en Bidart (Francia), el 29 de marzo de 1992.

El sistema de financiación de ETA también lo componían "empresas menores", como Gadusmar o Ganeko, que servían además para "penetrar en los consejos de administración de otras mercantiles a través de personas afines al MLNV, entre las que estaba Orain y su diario 'Egin'".

Nacimiento de Ekin

Garzón ilegalizó el 20 de noviembre de 1998 las actividades de KAS, lo que propició la creación de su sucesora, Ekin, cuya primera aparición se remonta al 23 de septiembre de 1999. En los actos de presentación estuvieron presentes Olatz Eguiguren (portavoz, para quien se pide 12 años de cárcel), Juan María Mendizábal (responsable de Ekin y presidente de la Fundación AEK, que se enfrenta a 15 años de prisión) y Francisco Aramburu (responsable en Guipúzcoa, otros 15 años).

Ekin asumió la aplicación de la estrategia "político-militar" de ETA mediante "métodos complementarios" . Así, controlaba el colectivo de presos mediante Gestoras Pro Amnistía, desarrolló el "Frente de Makos" a través del abogado Txema Matanzas (para quien se piden 15 años de cárcel), y controló las relaciones exteriores a través de Xaki. Del mismo modo, llevó a cabo el proyecto de "desobediencia civil" de ETA, dirigido al denominado "movimiento popular".

Respecto a Xaki, aparato internacional de ETA, el escrito señala que esta organización fue utilizada para "deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español" y para "difundir la cultura abertzale" y así "justificar la singularidad vasca" , entre otros aspectos.

Por su parte, Orain, editora del diario "Egin" , la emisora "Egin Irratia" y las entidades Publicidad Lema, Hernani Imprimategia, Ardatza y Erigane, eran instrumentos que ETA "controlaba en su trama financiera plasmada en el Proyecto Udaletxe de 1992". En lo relativo a "Egin" , el fiscal indica que su función consistía en la intención de ETA de dar un "encuadramiento político" a la "violencia" de la banda a través de medios de comunicación

El grupo Orain-Egin mantenía, según el fiscal, la cohesión interna del MLNV, "servía de instrumento de coacción y de anestesia de las masas afines" y era un "elemento al servicio de todos los frentes de la organización terrorista".