Les informábamos ayer de que Francisco Ramos, director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ha impedido a los funcionarios de los Cuerpos de Técnicos de Administración Civil, Abogados del Estado y otros colectivos que ocuparon altos cargos con el PP que puedan impartir clases en ninguno de los cursos del INAP. Pues bien, hoy podemos dar algunos aspectos más sobre este asunto. Veamos:

No es la primera vez que los colectivos de altos funcionarios de la Administración Pública española se quejan de marginación ante un cambio de Gobierno. Con el Ejecutivo del PSOE en la etapa de Felipe González como presidente, fueron los Técnicos de la Administración del Estado (TAC) quienes experimentaron importantes subidas en los escalafones ministeriales.

Después llegó el PP de José María Aznar, y entró "a sangre y fuego" -en boca de ex altos cargos socialistas que recuerdan esta llegada-, cesando 'a diestro y siniestro' para instalar en sus respectivos cargos a los miembros de otro cuerpo de 'funcionarios de élite' , como son los Abogados del Estado. No hay más que recordar que Miguel Arias Cañete -ex ministro de Agricultura-; Manuel Pizarro -presidente actual de Endesa y 'ex' de Ibercaja, así como 'consejero' personal del propio Aznar-; Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado en Interior, o Pepe Cerro en Correos, entre otros, han ocupado altas responsabilidades públicas durante el Gobierno de la 'era Aznar' y pertenecen a dicho Cuerpo.

Después volvió el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, y la inquietud se extendió entre los Abogados del Estado al comprobar cómo iban llegando los ceses para ser, nuevamente, sustituidos por los TAC (Técnicos de la Administración Civil).

Ahora, tanto estos como los Abogados del Estado han reiterado en varias ocasiones el caracter estrictamente profesional de sus respectivos cuerpos, destacando que es su alto nivel de preparación, y no su posible (o declarado, como Arias cañete y Astarloa) color político, el que debería de primar a la hora de elegir a quién nombrar para un alto cargo.

Precisamente los funcionarios del Estado existen desde hace mucho tiempo para que los vaivenes políticos al socaire de los cambios de Gobierno en un país no interfieran negativamente en el desarrollo de la Función Pública.