José Luis Rodríguez Zapatero llamó la semana pasada a Eduardo Zaplana para decirle que no era cosa del Gobierno ni del PSOE la filtración a El País sobre las conversaciones del Prestige , que provocaron que IU solicitara la comparecencia de dirigentes del Gobierno anterior ante el Congreso de los Diputados y también que el secretario de organización del PSOE, José Blanco , realizara unas duras acusaciones contra el PP,del que dijo que estaba instalado en el engaño y en la mentira.

Pero ZP no ha sido el único; han sido varias las fuentes gubernamentales que se han esforzado últimamente en desmentir tal cosa. Curiosamente, ni El País ha seguido insistiendo en el affaire del Prestige y la conversación en la que altos cargos del Ministerio de Fomento de Cascos daban instrucciones para que el buque fuera llevado a mar abierto antes de conocer la decisión de los expertos, ni el PSOE se ha hecho eco de las declaraciones de Blanco.

La explicación es que las compañías de seguros del Prestige , que se muestran reticentes a pagar las cantidades ingentes de dinero con el que paliar los daños del vertido de crudo, habían aportado esa conversación como prueba de que el Gobierno español había cometido graves errores y por tanto debía hacerse cargo del pago de los daños. El juez de Galicia que instruye la causa había rechazado esa prueba, y las aseguradoras la habían llevado a un juzgado de Nueva York. Y allí están. Las filtraciones hacen el caldo gordo, sin duda, a las compañías de seguros, y colocan en un brete al Gobierno si se ve obligado a pagar los centenares de millones de euros con el que se ha evaluado la catástrofe.