Félix Taberna, responsable de Política Institucional de Izquierda Unida, considera que el proyecto del Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se tramita en el Congreso “se ha quedado corto en cuanto a lo que deben ser las aspiraciones para un verdadero cambio progresista del Alto Tribunal”. IU, que a través de su Grupo Parlamentario se encuentra en la fase de elaboración de las enmiendas a este proyecto de ley orgánica, cuyo plazo concluye el próximo 1 de febrero, afirma que “colaborará de forma constructiva en la reforma del Constitucional, siempre que en el oportuno debate y en las enmienda al proyecto se incida en la agilización del funcionamiento de esta trascendental institución de nuestro Estado de Derecho, principalmente en la resolución de los recursos de amparo que le son dirigidos”. No obstante, Taberna puntualiza que “consideramos que esta reforma planteada debería completarse con ulteriores avances mucho más profundos, en el marco de una reforma de la Constitución". Éstos deberían ir dirigidos a:
a) Modificar el sistema de elección de los magistrados, de modo que tengan participación las CCAA a través del futuro Senado, constituido efectivamente como Cámara de representación territorial y procurando la máxima independencia y cualificación técnica de los mismos.
b) Ampliar la protección de los derechos fundamentales a los derechos económicos y sociales, cuya configuración constitucional actual deja mucho que desear y en la que quedan reducidos a meros principios o expectativas sin garantía alguna para la ciudadanía.
Para Taberna, “algunas medidas contenidas en el proyecto del Gobierno son razonables, principalmente las que van en la línea de simplificar su funcionamiento sin mermar las garantías de los ciudadanos. También creemos positivas las medidas que incrementan la participación de los interesados tanto en los procedimientos de inconstitucionalidad como en los recursos de amparo, o aquellas que suponen un reforzamiento del papel de la jurisdicción ordinaria en la protección de los derechos fundamentales”.
“No obstante –advierte el dirigente de IU-, creemos que esta reforma podría ser ineficaz si tanto la justicia ordinaria como el propio Constitucional no reciben los medios materiales, humanos y económicos suficientes para poder afrontar toda la carga de trabajo que les corresponde. Una mayor proximidad de los órganos judiciales que den respuesta a las demandas de amparo de los ciudadanos no servirá de nada si no la acompaña una resolución más rápida y adecuada de las mismas. La reforma de la Administración de Justicia sigue siendo una asignatura pendiente para este Gobierno”.
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