 El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que ha estado de viaje oficial por Chipre y Malta en los dos últimos días, ha expuesto a su homólogo chipriota, Doros Theodorou, el contenido de los acuerdos 'Schengen del Mar', un proyecto de cooperación para la represión y lucha contra el tráfico ilícito por vía marítima. En Malta se reunió ayer martes con el titular del Departamento de Justicia, Tonio Borg. El ministro español aprovechó esta visita para informar, entre otros asuntos, del estado de las negociaciones de esta iniciativa, surgida entre Francia, España e Italia. Estos son sus pormenores:
El proyecto de acuerdo ofrece importantes novedades a nivel internacional. Desde el punto de vista de la represión de los tráficos ilícitos por vía marítima, se amplía la lucha contra el terrorismo al ámbito material de cooperación (que comprende tráfico de personas, armas, drogas y falsificaciones).
Respecto de las competencias de intervención de los Estados parte, además de las tradicionales -interceptación del buque sospechoso, abordaje, inmovilización y desvío- se incorpora, en particular, la referida al derecho de persecución que, a diferencia del derecho de persecución establecido en el art.111 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, ha de entenderse como “persecución con cruce de fronteras” . Así, se amplían las posibilidades de intervención sobre el barco perseguido, más allá de lo que prevé el Derecho Internacional, permitiendo actuaciones fuera del mar territorial.
Ejes
El proyecto de acuerdo se articula en torno a tres pilares. El primero prevé la incorporación de un amplio catálogo de actos de tráfico ilícito que van más allá del tráfico de estupefacientes, para abarcar también la trata de seres humanos, la inmigración clandestina, armas y productos clasificados. Además, se ahonda en la lucha contra el terrorismo.
El segundo comprende la ampliación de todos los servicios y autoridades responsables en la prevención y represión del tráfico, singularizados como agentes de los servicios de represión del Estado. En tercer lugar, destaca el ámbito de aplicación territorial, pues el convenio resultaría de aplicación en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico con exclusión de las aguas territoriales de Estados que no sean parte del acuerdo.
Además, establece que las reglas para solucionar conflictos de competencia jurisdiccional tiendan a reducir y simplificar los plazos para incoar competencias o solicitar autorizaciones. Igualmente, incluye disposiciones comunes aplicables a las intervenciones en aguas territoriales y en alta mar que regula, entre otras cosas, el recurso a medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza.
Otros asuntos
Entre los asuntos tratados entre el ministro español y su homólogo chipriota, destaca el impulso de la cooperación jurídica bilateral, en especial la decisión del Tribunal Constitucional de este país sobre la Euroorden, que declaraba parcialmente contraria a su Constitución la legislación de transposición de la Decisión marco sobre la orden europea de detención y se prohíbe la entrega de nacionales chipriotas en tanto no se modifique su carta magna. Asimismo, se estudió la ratificación por Chipre del convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000.
Dentro del repaso de la agenda JAI (ámbito de la Justicia e Interior de los ministros europeos), las autoridades chipriotas han mostrado un claro interés por tratar el asunto de la búsqueda de equilibrio entre el respeto de los derechos de los ciudadanos y las nuevas normas comunitarias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Finalmente, se analizó la política de Euromed y en particular, el cuarto capítulo aprobado en Barcelona sobre migración, integración, justicia y seguridad, así como la celebración de una Conferencia Ministerial durante 2006 y la cooperación con Chipre en el marco judicial, mediante el desarrollo de programas de formación, intercambio de expertos y seminarios.
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