 Los sindicatos policiales SUP y UFP y la asociación de guardias civiles AUGC han pedido al Gobierno que se activen todos los resortes que permita la legalidad vigente para “impedir que este asesino pueda quedar en libertad”, en relación al etarra Henri Parot, condenado a 4.799 años de prisión por sus 82 asesinatos probados, entre ellos cinco niños, y como presunto autor de una carta invitando a sus “buenos amigos” a la realización de atentados que dejarían pequeños los del 11-S y el 11-M.
Según estas organizaciones, que afilian en conjunto a más de 64.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, “los textos legales deben interpretarse para respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos, y cuando se convierten en aliados del criminal en detrimento de las víctimas, se interpreta mal la legalidad y se corrompe la justicia. El Código Penal de 1973 debe interpretarse a la luz de los principios de la Constitución de 1978. Lo contrario es aplicar en beneficio de los criminales normas preconstitucionales”.
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