La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia 10/06 por delito de terrorismo contra los etarras Miguel Guillermo San Argimiro Isasa , alias “Pablo” (San Sebastián, 1962) y Manuel Miner Villanueva (Hernani, 1976), por la explosión de un coche bomba en el 95 del Paseo de la Castellana, frente a la puerta del edifico Torre Europa, enfrente del Estadio Santiago Bernabeu, el 1 de mayo de 2002.
No hubo víctimas mortales, pero sí diez personas con heridas leves y abundantes destrozos materiales. La Audiencia Nacional ha condenado a cada uno de los etarras a un total de 291 años y nueve meses de presión. Pero, también, a indemnizar a las víctimas y a la reparación de los numerosos destrozos materiales ocasionados.
Y éste es el meollo de la cuestión: como los terroristas suelen ser insolventes, es el Estado el que abona los costes por su responsabilidad civil. Es decir, que el Estado tiene que sacarlo del erario público. Y esto es lo que nos costó materialmente -afortunadamente no hubo víctimas mortales- el atentado del Bernabeu: 44.150 euros (7,34 millones de pesetas) en concepto de lesiones a diez personas, entre ellas un policía, y 882.174,12 euros (146.781.423 pesetas) en daños ocasionados en 46 bienes inmuebles (pisos, locales comerciales y hasta el Ayuntamiento de Madrid por destrozo de mobiliario urbano valorado en 22.011,26 euros).
Y, como decimos, afortunadamente no hubo víctimas mortales, en cuyo caso los daños no son calculables.
Por cierto, que desde que Madrid fue descartada este verano como sede de los Juegos Olímpicos de 2012, no se han vuelto a repetir amenazas ni colocaciones de bombas en las instalaciones deportivas de nuestro país.
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