 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha pedido a España que acelere la reforma de la ley, actualmente en fase de redacción, para endurecer las multas y los términos que definen la responsabilidad de las empresas para combatir con más eficacia la corrupción y, en concreto, los sobornos de extranjeros a agencias públicas españolas. Los autores del documento en que se realiza esta petición no citan instituciones o administraciones concretas, pero hacen hincapié en que las autoridades españolas deben ampliar la definición legal de soborno a la consecución de favores como contratos en un concurso o un empleo para un familiar.
El informe del grupo de trabajo sobre sobornos internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE), del que forman parte 36 países, evalúa de qué manera cumple España con la Convención de la OCDE para combatir los sobornos y las transacciones financieras ilegales por parte de funcionarios públicos. Según este, las autoridades españolas deberían "modificar rápidamente su legislación" para que a las compañías se las pueda considerar directamente responsables de sobornos y sancionarlas con "serias multas" .
El informe no cita hechos concretos ni instituciones o administraciones susceptibles de recibir estos sobornos, aunque enumera las agencias y organismos encargados de encauzar las relaciones comerciales con el exterior, y recuerda que España sufrió "serios escándalos de corrupción" en los años ochenta y noventa. Por el contrario, sí que se refiere a sobornos como para, por ejemplo, conseguir contratos en concursos. En este sentido, recomienda a España que amplíe la definición de soborno a aquéllos pagos en los que no necesariamente entre en juego el dinero, sino un trabajo a un pariente.
Incrementar las "advertencias"
La OCDE pide que se incrementen las " advertencias " a los trabajadores de las agencias públicas y que se realice un "entrenamiento específico" a jueces, fiscales y policías para estar al día de las características de los delitos de corrupción. Además, considera que en los referido a multas y responsabilidad corporativa se incumple la Convención, ya que "existe una ausencia de responsabilidad directa sobre personas legales" en caso de sobornos desde el extranjero y ninguna sanción monetaria específica en este asunto.
En 1995 se puso en marcha un servicio judicial especial para combatir la corrupción y, gracias a él, recuerda el informe, estas prácticas "se han reducido significativamente en los últimos años" . Otras medidas adoptadas son la firma el año pasado de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y un acuerdo en el Consejo de Europa. El informe, que recoge las recomendaciones de la página 50 a la 53, recuerda que, como los otros socios, España tendrá que informar al grupo de expertos el año que viene sobre las nuevas acciones adoptadas para poner en marcha las recomendaciones.
Informe:
http//www.oecd.org/corruption
OCDE:
http://www.oecd.org/home/
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