Los ministros de Transporte de la UE alcanzaron un acuerdo político sobre una directiva que permite imponer sanciones penales pero de manera voluntaria a los responsables de vertidos contaminantes al mar. Aunque el texto inicial propuesto por la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, imponía las sanciones, la presión de los países con intereses navieros, encabezados por Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, obligó a suavizarlo y a hacer voluntarias las sanciones. España, Francia, Portugal e Italia calificaron este compromiso como un "acuerdo de mínimos" que podría haber ido mucho más lejos. Los ecologistas consideran el acuerdo "escandaloso", porque "sucumbe a los intereses de los lobbys del petróleo".

Diariocrítico (Madrid)

La mayoría de los Estados miembros rechazaron que la imposición de sanciones penales sea obligatoria, como preveía el texto original, porque consideran que la UE no tiene competencias en esta materia. Por otro lado, también hay un vacío jurídico en la definición de las sanciones, que la tiene que decidir ahora el Consejo de Justicia e Interior de la Unión.

Para expresar su protesta, la Comisión Europea hizo pública una declaración en la que subraya que "el texto de compromiso del Consejo no alcanza el nivel de ambición de su propuesta en lo que se refiere al efecto disuasivo buscado en materia de prevención y de lucha contra la polución marina".

Loyola de Palacio recordó que en la cumbre de Bruselas de marzo de 2003, los jefes de Estado y de gobierno de los Quince reclamaron el establecimiento de "un sistema de sanciones, incluidas las sanciones penales". Según dijo, el acuerdo final "debilita" sus propuestas, y podría no ser suficiente para evitar nuevas catástrofes como la del Prestige.

La ministra de Fomento española, Magdalena Álvarez, calificó de "paso adelante" el compromiso, aunque subrayó que se trata de un "acuerdo de mínimos". "Nuestra propuesta era más exigente, queríamos haber ido más allá, pero a la vista del posicionamiento del resto de países, más vale ir avanzando que salir de la reunión sin haber conseguido nada", resumió.

"Equilibrio razonable"

En el mismo sentido se expresaron los representantes de Francia, Italia y Portugal, que junto con España, suscribieron una declaración conjunta en la que califican de "equilibrio razonable" y "mejora" el texto final, aunque destacan que "el Consejo podría haber ido más lejos". La directiva aprobada, subrayan los cuatro países, "no impide la utilización por parte de los Estados miembros de todas las facultades que los instrumentos internacionales les otorgan para la protección de las zonas marítimas que se encuentran bajo su jurisdicción".

Esta directiva es la última de las iniciativas que se tomaron tras la catástrofe del Prestige, junto con el aumento de inspecciones en los puertos y las sociedades clasificatorias, y la prohibición de trasportar fuel pesado en buques monocasco. Su principal novedad respecto a la Convención Internacional MARPOL para la prevención de la polución causada por buques, que está en vigor, es que prevé que se castiguen no sólo las infracciones voluntarias o fruto de la imprudencia temeraria, sino también la negligencia.

No obstante, los Veinticinco han reducido el alcance de esta novedad, ya que según el compromiso final, sólo podrán sancionar los comportamientos negligentes cuando se cometan dentro de las 12 millas de las aguas territoriales de un país. En las 200 millas del área económica exclusiva, tanto el armador, como el capitán del barco y la tripulación a su cargo quedarán exentos de responsabilidad.

Otro avance destacado es que la normativa comunitaria extiende las sanciones a toda la cadena de responsables, incluidas las sociedades clasificadoras, y no sólo a armador y capitán, como sucede en MARPOL. Además, la Convención no menciona el tipo de sanciones que se debe imponer a los infractores, mientras que el texto de la UE habla de sanciones "administrativas" o "penales", aunque sean voluntarias.

Por último, cuando existan pruebas objetivas de que un buque que navegue en las aguas territoriales o en la zona económica exclusiva de un país esté provocando una contaminación grave, las autoridades de ese país estarán obligadas a tomar medidas, "incluida la detención del buque".

Efectos negativos

Tras las enminedas finales introducidas por la presidencia que suavizaban el texto, sólo Grecia y Malta y Chipre reiteraron su oposición al compromiso, señalando que "tendrá efectos muy negativos sobre los buques y disuadirá a los jóvenes de trabajar en el sector". Por su parte, una vez conseguidos su objetivos, tanto Reino Unido como Dinamarca levantaron explícitamente sus reservas e hicieron posible el acuerdo.

Durante el debate, el representante de Grecia lanzó una andanada contra España por mantener detenido al capitán del Prestige "porque ya ha recibido garantías sobre el proceso judicial". La ministra de Fomento respondió que "la rapidez en juzgar a capitán no depende del gobierno español sino del poder judicial y el gobierno no puede inmiscuirse".

El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, criticó la decisión de los ministros de Transporte de la Unión Europea asegurando que "es un escándalo" y una vez más "ha sucumbido a los intereses de los lobbys del petróleo y las navieras" porque "no hay un cambio en el régimen de la responsabilidad y las sanciones no cubren todos los costes" en casos como el del Prestige. Además alertó del aumento de 'buques basura'.

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