El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció este martes que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá el próximo 1 de julio, desde los 460,5 euros actuales a 490 euros mensuales, lo que representa un incremento del 6,6 por ciento. Asimismo, anunció una revisión de las bases de cotización, un aumento de la cuantía de las pensiones mínimas y una revisión de la ordenación de la contratación con el fín de reducir la temporalidad.

Diariocrítico (Madrid)

En su primera comparecencia en el Congreso para explicar las líneas básicas de su departamento, Caldera explicó que con este aumento del SMI, que se someterá a consulta con los agentes sociales, se recupera el poder adquisitivo perdido en las dos últimas legislaturas y se cumple el compromiso electoral de subirlo escalonadamente hasta 600 euros mensuales al final de la legislatura.

Además, el titular de Trabajo indicó que la regulación del SMI se desvinculará como referencia de las prestaciones salvo la de desempleo, y a partir de ahora se utilizará un indicador de renta diferente que se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos, y que se sitúa actualmente en 460 euros al mes.

En este sentido, señaló que para poder acercar el SMI hasta los 600 euros al mes no resulta "realista" mantener esta renta como referencia de una gran cantidad de prestaciones públicas, un planteamiento que, según dijo, es compartido por los agentes sociales.

Revisión de las bases de cotización

En materia de Seguridad Social, Caldera reafirmó el compromiso del Gobierno elevar las pensiones mínimas un 26% en esta legislatura, si bien reconoció que la subida real, excluyendo las estimaciones sobre el crecimiento de la inflación, se situará en torno al 17%.

El ministro, que apeló en todo momento al diálogo con los agentes sociales para llevar a cabo las reformas necesarias, anunció además que "se reformulará" el conjunto de las pensiones de viudedad y en favor de familiares para adaptarlas a la nueva situación social y concentrarlas en aquellos colectivos más favorecidos y desasistidos.

También avanzó que se revisarán las bases de cotización para acercarlas progresivamente a los ingresos reales de los cotizantes, que se simplificarán los actuales regímenes de la Seguridad Social para que se configuren únicamente en dos (el General y el de Autónomos) y que se adoptarán medidas para impedir que el coste de las prejubilaciones llevadas a cabo por las empresas en beneficios vayan con cargo al sistema público.

Asimismo, defendió la revisión de la política de bonificaciones, el establecimiento de incentivos para retrasar la edad de jubilación, una mayor contribución de los trabajadores como aspecto "imprescindible" para la consolidación de la Seguridad Social, y una mayor correlación entre aportaciones y prestaciones. "No debe aceptarse que quienes cotizan más tiempo y realizan un mayor esfuerzo de contribución se vean perjudicados por otros cotizantes que, con rentas no inferiores, modulan su cotización", subrayó al respecto.

El ministro, que descartó una rebaja generalizada de cotizaciones sociales, también adelantó modificaciones en la Ley reguladora del Fondo de Reserva en aras a mejorar su gestión, y se mostró a favor de estudiar la petición de los agentes sociales de que parte de los intereses generados por el Fondo se destinen a incentivar el retraso voluntario de la jubilación. "Eso redundaría en una reducción del gasto", precisó.

Además, anunció la elaboración de una ley integral de atención a la dependencia en colaboración con las comunidades autónomas, lo que calificó como el "proyecto estrella" de esta legislatura, así como la creación de una subdirección general específica dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para estudiar el "preocupante" incremento del gasto en incapacidad temporal, que desde el año 2000 ha aumentado un 25 por ciento.

Modificar hábitos en el uso de contratos temporales

En materia de empleo y con el objetivo de reducir la temporalidad, Caldera insistió en la necesidad de modificar los hábitos actuales en el uso de la contratación temporal, de forma que para las actividades de carácter estacional se recurra a la contratación a tiempo parcial y a los fijos-discontinuos.

Para ello, el Gobierno revisará la ordenación jurídica de la contratación y recuperará el principio de causalidad para la contratación temporal, reforzará la eficacia de la Inspección de Trabajo, modificará la estructura de costes de la contratación para favorecer la estabilidad de las plantillas, elaborará una Ley General para clarificar las obligaciones de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y adoptará medidas para evitar que los empresarios rescindan contratos por las vacaciones.

Además de la reducción de la temporalidad, otro pilar fundamental será, según destacó Caldera, la reforma por consenso de la negociación colectiva y de sus reglas de funcionamiento para adaptarlas a los cambios producidos en el marco de las relaciones laborales y todo ello con vocación de que permanezcan vigentes en los próximos quince o veinte años.

Para cumplir con todos estos objetivos, el Gobierno propondrá la creación de una Comisión de Expertos, con participación de los agentes sociales, para estudiar las reformas laborales acometidas en los últimos diez años, entre ellas la derivada del acuerdo social de 1997, del que dijo que está mostrando síntomas de "agotamiento".

CiU denuncia un "tufo jacobino" en el discurso

Por su parte, tanto el portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, como los representantes de Nafarroa Bai, Usúe Barkos, y de PNV, Emilio Olabarría, apreciaron en el discurso de Caldera "un aroma jacobino", porque según denunciaron, no ha tenido en cuenta las aspiraciones autonómicas y sus competencias en materia de empleo y Seguridad Social.

Campuzano reclamó a Caldera el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua, a lo que el ministro se mostró favorable sin renunciar por ello a establecer un marco armonizado a nivel estatal. De hecho, Caldera anunció la apertura de un proceso de consultas con comunidades y agentes sociales para reformar el actual sistema de formación continua.

Desde el PP, José Eugenio Azpiroz lamentó que el ministro no precisara más algunas de las medidas esbozadas en su discurso, como la modificación de la Ley del Fondo de Reserva o la subida de pensiones, al tiempo que pidió su aceptación a la proposición presentada por su Grupo Parlamentario para incluir a los autónomos en el Consejo Económico y Social (CES), una medida con la que se mostró de acuerdo Caldera.

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