Sin embargo, el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, confirmó que su grupo parlamentario votará afirmativamente los decretos ley la próxima semana, ya que su interés principal es "evitar" pérdidas en el control energético español. Cuando estas medidas se presenten en el Congreso, CiU planteará que se busque en este asunto una acción común en el seno de la Unión Europea para que el punto de partida en relación con el sector energético sea "igual para todos".

De su lado, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, señaló que previsiblemente su formación votará a favor de la convalidación de los decretos ley, aunque pedirá que se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan realizar sus propuestas y estas medidas tengan un procedimiento ordinario.

A través de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno aclaró el pasado viernes que se atendería a la petición de la CE "cuando los procedimientos internos españoles" -la ratificación parlamentaria del decreto- lo permitieran, tras conocerse que la CE había denegado la prórroga de nueve días solicitada para responder a las dudas de Bruselas sobre las nuevas competencias de la CNE.


Bruselas estudia un procedimiento de infracción

La Comisión Europea cree que la falta de respuesta dentro de plazo de España sobre el decreto que faculta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para examinar la opa de la alemana E.ON sobre Endesa "agrava" la situación del Gobierno al no plantear argumentos para su defensa, según explicó el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes.

El portavoz dijo que el Ejecutivo comunitario sigue analizando si el decreto vulnera o no el Tratado, como es su "obligación", y si la respuesta es positiva, lanzará un procedimiento de infracción contra España. "Para llegar a una conclusión no precisamos necesariamente la información del Gobierno español. Tenemos bastante información", subrayó.

Bruselas envió el pasado 3 de marzo una carta a las autoridades españolas en la que pedía explicaciones en un plazo máximo de 10 días sobre el decreto, al considerar que podía vulnerar el principio de circulación de capitales y el derecho de establecimiento. El Gobierno pidió más tiempo para responder pero la Comisión denegó la prórroga y reiteró que el último día para responder era el 17 de marzo.

Drewes confirmó que el 17 de marzo se recibió un fax de las autoridades españolas "en el que dicen que están dispuestos a cooperar con la Comisión y que nos enviarán más información cuando sea posible según sus procedimientos internos". El Gobierno ya había anunciado que respondería a Bruselas cuando pudiera.

El retraso en la respuesta "agrava la situación para el Gobierno español porque no dice nada en su defensa", señaló el portavoz, en un momento en que el Ejecutivo comunitario considera la posibilidad de abrir expediente contra España. La Comisión podría además decidir no considerar la información que le envíe Madrid por no llegar a tiempo.

"Tendremos que tomar decisiones sobre la situación española, y podemos decidir dar más pasos, con o sin la información del Gobierno español", insistió Drewes. "Cuando nuestros servicios estén listos con una argumentación plenamente desarrollada para avanzar en un posible procedimiento de infracción, lo consideraremos", añadió.

No obstante, no quiso hablar de fechas para la apertura de este expediente, salvo que descartó que sea esta semana y apuntó como posible el 29 de marzo, fecha en la que se lanzará la siguiente oleada de procedimientos de infracción contra los Estados miembros, y en la que podría continuarse también en el expediente contra la ley eléctrica española de 1999.

Volver