Si el Gobierno no responde satisfactoriamente en el plazo que le ha marcado el Ejecutivo comunitario, de dos meses, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ya pidió explicaciones al Gobierno por el decreto que amplía las competencias de la CNE en una carta enviada el pasado 3 de marzo, pocos días después de que lo aprobara el Consejo de Ministros el 24 de febrero, tras la opa de E.ON. McCreevy consideró insatisfactoria la respuesta dada por las autoridades españolas y ha seguido adelante con el procedimiento.

El Ejecutivo español había respondido a Bruselas que el decreto de la CNE está amparado en el Tratado de la Unión Europea, que permite tomar medidas justificadas por seguridad pública. Asimismo, defendía la necesidad de tomar medidas que garanticen la seguridad de suministro o la estabilidad financiera de las grandes empresas energéticas.

La Comisión aprobó el pasado martes, 25 de abril, la opa de E.ON sobre Endesa al considerar que los solapamientos de las dos empresas en los mercados de la electricidad de Francia, Italia, Alemania y Polonia son muy limitados y por tanto la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia.

El visto bueno de Bruselas reduce todavía más el margen de maniobra del Gobierno y de la CNE. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ya ha advertido que la CNE deberá notificarle cualquier medida que quiera tomar respecto a la opa. Si la considera incompatible con el derecho comunitario podría anularla, y las empresas podrían hacer valer esta decisión ante los tribunales de justicia nacionales.

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