La resolución aprobada por los nueve miembros del consejo de administración de la CNE el pasado jueves ya contemplaba que se podría interponer un recurso en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de tal resolución.

La CNE estableció en su resolución que E.ON deberá vender la central nuclear Ascó I (Tarragona) y tendrá que ceder la gestión de las centrales nucleares en las que participa Endesa: Santa María de Garoña (donde controla un 50%), Almaraz I y II (85%), Vandellós II (72%) y Trillo (1%).

Además deberá deshacerse de las centrales de carbón de Compostilla (León), Teruel (Andorra) y Anllares (León), por estar este combustible sujeto a acuerdos estratégicos entre el Gobierno y los sindicatos en el marco del Plan del Carbón 2006-2012.

La compañía alemana deberá garantizar las inversiones comprometidas por Endesa en las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad), lo que exigirá cumplir los ratios de endeudamiento fijados por el regulador y no podrá repartir dividendos entre 2006 y 2012.

En caso de triunfar la opa sobre Endesa, la empresa alemana también deberá deshacerse de los activos de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, es decir Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

E.ON ya había afirmado el pasado viernes que las condiciones eran "injustificadas" y que se reservaba "todas las acciones legales a su alcance" para responder a la medida.

"Expropiación encubierta"

En las alegaciones del grupo alemán obtenidas en el informe completo de la operación, E.ON estima que la obligación de vender activos forma parte de una "expropiación encubierta" y señala que la decisión impuesta por el regulador de los mercados energéticos "no es propia de sus funciones".

E.ON también argumenta en sus alegaciones presentadas el pasado martes que la CNE "no sólo ha producido indebidas dilaciones en el procedimiento, sino que, además, ha intentado por todos los medios que esas dilaciones fueran las mayores posibles, en contravención del principio de celeridad".

El grupo sostiene que la CNE ha rebasado con creces el plazo de un mes que tenía para resolver el presente procedimiento y que, en consecuencia, han operado los efectos del silencio positivo. Por ello, E.ON consideraba que la opa debía ser aprobada sin condiciones.

Asimismo, señala el carácter injustificado de las sucesivas interrupciones. Afirma que la legislación únicamente permite interrumpir los plazos "para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios".

Durante el proceso de estudio del organismo que preside Maite Costa, la compañía recurrió ya ante Industria cada una de las personaciones de terceros aceptadas (Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía, Caja Duero y la Xunta de Galicia), al considerar que dilataba el proceso injustificadamente y provocaba un coste económico adicional.


Industria tiene hasta tres meses para resolver el recurso

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone de hasta tres meses de plazo para resolver el recurso de la alemana. Una vez presentado el recurso, previsiblemente la semana próxima, el Ministerio que dirige José Montilla deberá notificar acuso de recibo en diez días.

Después de esto, comienza el plazo de tres meses e Industria pedirá a la CNE los motivos que le han llevado a adoptar la decisión. A continuación, tras el análisis de la información, la elaboración de una propuesta de resolución pasará a los servicios jurídicos del Estado, es decir a la Abogacía del Estado, "para saber si todo sigue la normativa vigente".

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