El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría imponer a España 'multas diarias y sustanciosas' por no haber transpuesto a su legislación nacional la normativa comunitaria que desde hace dos años obliga a todos los Estados miembros a liberalizar el mercado del gas y de la electricidad. Según las fuentes comunitarias el Gobierno de Madrid no ha hecho lo necesario para evitar posiciones dominantes y prácticas abusivas en el sector, ni para garantizar tarifas de transporte y distribución no discriminatorias como exige Bruselas.

Diariocrítico/Bruselas

A España le queda poco tiempo para decidir si quiere transponer la directiva de gas y electricidad de 2003 y así comunicárselo a la Comisión Europea, o prepararse para pagar una sanción económica por incumplir la normativa comunitaria. La cuenta atrás ha comenzado y la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la UE y una de sus sentencias "que está por caer y que podría ser un palo gordo para España", corroboran las fuentes comunitarias consultadas en Bruselas. "Si el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dice que la Comisión Europea tiene razón cuando afirma que España no ha transpuesto a su legislación nacional la directiva de liberalización de gas y electricidad, el Ejecutivo comunitario abrirá un procedimiento de infracción", por el artículo 228 del Tratado, contra Madrid que podría derivar en multas millonarias.

Aunque dichas fuentes no dieron cifras exactas de la cantidad a la que podría elevarse la posible sanción, sí que recordaron que "hasta ahora nunca se ha llegado a este punto por una infracción en energía pero, en el caso de que se llegue, España tendrá que pagar muchísimo dinero". Y tal y como está el panorama, es más que probable que se llegue a tal situación si Madrid dificulta la creación de "un mercado interior plenamente abierto que permita a los consumidores elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes".

O cumple o paga

Sea como fuere, la realidad es que una vez que se conozca su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE dejará la pelota en tejado español, cuyo Gobierno tendrá que optar por obedecer o pagar. Desde que la Corte de Luxemburgo emita su fallo, Madrid dispondrá de cuatro meses para transponer a su legislación nacional la norma comunitaria e informar de ello a la Comisión. Si para entonces la respuesta española sigue siendo insatisfactoria, el dossier recaerá de nuevo sobre el Tribunal de la UE, que impondría "sanciones económicas a España equivalentes a muchísimo dinero", reiteraron las fuentes consultadas, para quienes "es lamentable y vergonzoso que de los países serios, España haya sido el único que no haya transpuesto una directiva que entró en vigor en julio de 2004".

Dejando adjetivos y juicios de valor a un lado, lo cierto es que la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia se acerca y a España se le va acabando el tiempo. El mensaje de Bruselas parece claro: o cumple, o paga. Y, si paga, el Gobierno de Madrid pagará tal cantidad que, independientemente de los ceros exactos que contenga la sanción, España ostentará el dudoso honor de haber sido el único país de la Unión Europea ampliada en haber recibido un castigo por no haber hecho sus deberes energéticos, en un momento en el que esta política ha vuelto a llenar las páginas de las agendas comunitarias.

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