| Ante las críticas de muchos expertos
y políticos que consideran que la Constitución europea "ha muerto", el presidente
de la Eurocámara, Josep Borrell, opina que sería necesario hacerla "sobrevivir"
porque los problemas que pretendía resolver siguen pendientes. Desde este punto
de vista, analiza las posibilidades que se presentan por delante y se debate entre
los pros y contras de continuar con el proceso, cambiar el texto y dejar a un
lado los referendos.
Diariocrítico/Bruselas
Tanto
Josep Borrell como el Parlamento Europeo -institución de la que es cabeza-,
consideran que "el proceso de ratificación debe proseguir". Y esta es la
respuesta que defiende ante las críticas de quienes consideran que "no tiene
sentido", ya que se necesita la unanimidad y, para empezar, ni Francia ni
Holanda están dispuestas a aprobar el mismo texto. Pero el proceso debe continuar,
según Borrell, para que todos los ciudadanos europeos tengan el derecho a pronunciarse
y para que la salida de la crisis se parezca lo más posible al proyecto actual
si es ratificado por el mayor número posible de países.
Contando con este
factor, Borrell describe cuatro posibles escenarios: mantener el texto tal cual
con algún añadido, salvar los elementos principales en un Tratado más pequeño,
abrir de nuevo las negociaciones sobre algunos puntos controvertidos y abandonar
el proyecto y esperar a tiempos mejores para negociar de nuevo.
Si se
conservara el documento actual podría añadírsele un "protocolo social"
como ha definido el anexo de la canciller alemana Angela Merkel. La ventaja,
para el español, estaría en la posibilidad de cambiar la interpretación del conjunto
sin alterar el propio Tratado. En este sentido, no se han marcado plazos para
comenzar ni terminar la ratificación, por lo que "la pelota rebotaría en el
campo de las posteriores Presidencias: Portugal, Eslovenia, Francia...". La
parte negativa de esta propuesta es que un añadido de este tipo no sería suficiente
para volver a plantear la pegunta a los dos pueblos que rechazaron el Tratado
Constitucional en su día.
En el caso que se decidiera crear un nuevo texto
que salvase los elementos principales, este "minitratado" -término con
el que se refieren a él con intención de reducir su importancia y eludir nuevos
referendos- no sería constitucional sino institucional. Una buena parte de la
población y los expertos europeos, proponen excluir la parte tercera del texto,
que corresponde a la regulación de políticas, que en un principio es la que atrae
la mayor parte de las críticas. El Parlamento Europeo se ha mostrado en contra
de esta práctica, y además considera que "sería un milagro que los 27 Estados
miembros se pusieran de acuerdo sobre lo que es necesario preservar exactamente".
Sobre la opción de la renegociación parcial Borrell dice: "es difícil
imaginar que se pueda avanzar rápidamente sin convocar una nueva Convención".
Aún así, algunos países ya han anunciado su voluntad de poner en tela de juicio
algunas disposiciones o abrir debate. Es el caso de la ponderación de votos del
Consejo o la cuestión de las raíces cristianas de la UE.
Por último, podría
abandonarse el proyecto y dejar una puerta abierta a "tiempos mejores".
En este sentido, Borrell apunta que supondría "volver al punto de partida",
cuyas carencias han sido "reconocidas por todos desde un principio". Un
paso más allá, sugiere la posibilidad de que "el abandono del Tratado abra la
puerta a cooperaciones reforzadas". Si fuera así, éstas podrían desarrollarse
fuera del marco comunitario y soslayar el papel del Parlamento Europeo.
A
pesar de este análisis realizado por Borrell y cuya conclusión está en la línea
de que habrá que esperar a ver lo que ocurre ya que ninguna de las salidas convence
a todos, él mismo apunta que sería un error pensar que "la UE ha dejado de
funcionar". Para él, es una realidad que "no estamos dando una imagen de
verdadera eficacia y auténtica voluntad común", para lo que aún queda un camino
por recorrer. "Los hombres pasan, pero los retos crecen. Trabajemos para que
no sea Europa la que pase de largo", es la conclusión del Presidente del Parlamento
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