El próximo sábado, 7 de mayo, finaliza el plazo de solicitudes para la regularización de inmigrantes abierto de forma extraordinaria el 7 de febrero, -es decir, hace ahora tres meses-, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Jesús Caldera. Tanto Caldera como la secretaría de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, se han mostrado muy satisfechos del balance obtenido, que supera los 520 mil nuevos inmigrantes regularizados, sin inmutarse ante las feroces críticas que han recibido por parte del principal grupo de la oposición, el PP, cuyos dirigentes no han ahorrado críticas contra esta iniciativa. El denominado "empadronamiento por omisión" ha facilitado durante estos noventa días a los trabajadores extranjeros no inscritos en el padrón poder legalizar su situación aportando "documentos públicos fehacientes" que acreditaran su permanencia en España antes del mes de agosto de 2004, junto al permiso de trabajo y carecer de antecedentes penales, otro de los requisitos que exige el Reglamento de Extranjería consensuado entre Gobierno, patronal y sindicatos. El proceso que ahora se cierra, que ha llegado a colapsar las oficinas abiertas para tal efecto, ha permitido entre otras cosas y a juicio del ministro de Trabajo, el "reflote de la economía sumergida". Ante las distintas interpretaciones de la nueva normativa que inmediatamente se hicieron, surgió la pregunta: ¿qué documentos se consideraban "fehacientes"? El ministerio de Jesús Caldera dejó claro que cualquier documento original -o copia debidamente compulsada- emitido o registrado debidamente por una Administración Pública española, en la que figuraran los datos de identificación del interesado. Para el PP este proceso, por el contrario, ha sido un "coladero" y "ha creado confusión y falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones". Los populares, en una proposición no de ley que pretenden que se debata en la Comisión del Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, alertan de las consecuencias jurídicas que tendrá esta normativa que tildan de "inconstitucional" porque genera "desigualdad de trato". Las criticas más duras y descarnadas, no obstante, las ha lanzado este mismo fin de semana la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, quien, en una entrevista publicada en el diario El Mundo el lunes, festividad de la CAM, se mofa de que los inmigrantes puedan obtener papeles "no se sabe sí con un billete de autobús o con una tapa de yogur caducado", algo que le parece "sorprendente". Aguirre considera que esto sólo puede provocar el 'efecto llamada'. CiU se desmarca de los socios del Gobierno A estas críticas se han sumado otras más, como las de CiU, partido que tampoco ve con buenos ojos tanta flexibilidad en materia de inmigración. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, declaró a este boletín que "peor no se ha podido hacer" y recordó que otros países como Francia y Alemania y Holanda se ha quejado públicamente de la manera que ha acordado este nuevo proceso el Gobierno español. Durán criticó los constantes cambios de criterio para que los extranjeros pudiera legalizar su situación, cambios para pasar finalmente 'la pelota' a los ayuntamientos. Los nacionalistas catalanes no han querido, pues, sumarse a la petición realizada por los socios del Gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Izquierda Unida (IU), quienes, junto con el PNV, reclaman que el periodo de normalización se amplíe hasta el mes de agosto. En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los tres grupos piden que se flexibilice los plazos, los requisitos y los procedimientos del actual proceso para poder alcanzar la cifra de 1,3 millones de personas previstas por el Gobierno. En la iniciativa conjunta recuerdan que hasta entonces tan solo se habían presentado 321 mil solicitudes. La proposición no de ley pide también que se acepte un certificado de no tener antecedentes penales en España y no en el país de origen ya que a muchos de los solicitantes les es imposible conseguirlo. Asimismo, propone que se legalice a todos los niños inmigrantes "como condición propia del concepto de protección a la infancia" (único punto al que CiU no se opone), y que se incluya a los autónomos y socios de trabajadores de las sociedades cooperativas en la regularización. Esta iniciativa, probablemente no llegará a ser debatida por el pleno del Congreso puesto que el Gobierno se ha cerrado en banda a la posibilidad de ampliar los plazos porque considera que estos tres meses han sido suficientes para que tanto empresarios como trabajadores hayan podido poner en orden sus situación laboral y sus papeles para continuar residiendo en España. El hecho de que decidiera ampliar los plazos implicaría una nueva reforma del Reglamento de Extranjería y abrir un proceso de regularización distinto, que, según los especialistas en extranjería, supondría iniciar largos y complicados trámites burocrático para que los diferentes organismos afectados emitieran sus dictámenes y dieran su visto bueno hasta que, finalmente, el Consejo de Ministros lo aprobara definitivamente. Curiosamente tanto la CEOE, organismo representante de la Patronal, como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, han coincidido en opinar que no es necesario ampliar por más tiempo los plazos de regularización que acaban el 7 de mayo al entender que ha sido suficiente. Lo contrario, para los dirigentes sindicales podría potenciar el 'efecto llamada', la compra-venta de documentos falsos -un fenómeno contra el que se ha luchado a lo largo de este periodo de regularización- y el incremento de las llamadas 'mafias' dedicadas a la explotación de inmigrantes bajo falsas promesas de ponerles en regla los papeles. El balance del proceso Según los datos facilitados por el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el primero de mayo, quince días antes de cumplirse los tres meses, en toda España se han recibido 520.710 solicitudes de regularización, siendo Cataluña, Madrid y Valencia las tres comunidades autónomas que más peticiones han tramitado. De las 100.371 presentadas en Cataluña se admitieron a trámite 97.901, lo que representa el 97,54 por ciento; de las 138.015 realizadas en la capital, 132.902 también fueron admitidas, es decir, el 96, 30 por ciento, y de las 77.889 hechas en Valencia también fueron admitidas 75.778, lo que supone el 97,29 por ciento. Estas altas cifras contrastan con las tramitaciones presentadas en dos ciudades como Ceuta y Melilla, en las que se registraron durante el mismo periodo tan solo 16 y 21 solicitudes, respectivamente. En Ceuta se rechazó una de ellas y en Melilla, dos. El colectivo más numerosos de inmigrantes registrados eran ecuatorianos, con 25,25 por ciento, seguido de rumanos, con el 16,37 por ciento; marroquíes, el 11,48 por ciento; colombianos, el 9,95 por ciento; bolivianos, el 6,41 por ciento; búlgaros, el 3,93 por ciento. El 26,61 por ciento restante lo componen una amalgama de personas de diferentes países: argentinos, ucranianos, uruguayos, paquistaníes, chinos, senegaleses o venezolanos. El 32,49 por ciento de estas peticiones han sido para trabajos de hogar mientras el 67,52 por ciento se han cursado para otros regímenes. Un dato curioso es que las solicitudes cursadas a lo largo de los últimos días del mes de abril se duplicaron al ver que se acercaba la fecha límite del plazo establecido por el Gobierno. De nueve mil diarias que hubo a principios del mes de febrero se pasó a 17.954, que fueron las que se registraron el pasado jueves, dia 28 de abril, mientras al día siguiente, viernes,29, se registraron 14.211. Ante esta avalancha de última hora, la Seguridad Social se ha visto obligada a abrir oficinas de refuerzo. En Madrid, en concreto, una de las comunidades donde un mayor número de personas se han regularizado, se abrieron dos oficinas en las que se atiende a los demandantes sin cita previa desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche ininterrumpidamente. Partida extraordinaria para inmigración Una de las novedades que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha querido destacar de esta normalización es que por primera vez en el presupuesto de 2005 se ha incorporado una partida específica de 120 millones de euros para que los Ayuntamientos y las CCCAA pueda destinarlos a programas de acogida e integración (72 millones), o de refuerzo educativo (48 millones). A la asignación básica que recibirán todas las comunidades por igual se ha tenido en cuenta a aquellas que sufren más 'presión migratoria' de entrada por sus características geográficas, es decir, Madrid, Cataluña y Valencia. El acuerdo de creación de este Fondo de Apoyo para la inmigración fue tomado el pasado 18 de abril durante la reunión que presidió Rumí del Consejo Superior de Política de Inmigración. En este organismo participan diversos organismos ministeriales, las CCAA y la federación de Municipios y Provincias (FEMP). Según el padrón municipal hecho público recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de extranjeros residentes en nuestro país a 1 de enero de 2005 alcanza ya los 3,69 millones de los 43,97 millones de habitantes que hay en España. En el año 2004 la población creció en 770 mil personas de las cuales 650 mil nuevas inscripciones son de ciudadanos extranjeros, duplicándose en un año en número de empadronamientos. En una década la cifra se ha multiplicado nada menos que por siete. Los datos del INE, en los que aún no se han contabilizado los resultados globales de la 'normalización', revelan también que España tiene mayor población de foráneos que Francia y se acerca de la que tienen Alemania, Austria o Bélgica. Entre las comunidades en las que más ha aumentado este colectivo está Baleares, en donde los extranjeros representan el 15 por ciento de la población empadronada, seguida de Madrid, Murcia y Valencia, con más del 12 por ciento, Cataluña y Canarias, con más de 11 por ciento y La Rioja, con un 10 por ciento. El PP, sin embargo, considera que los únicos datos reales y fiables para contabilizar el número de residentes extranjeros en España son los que han sido atendidos en los diferentes servicios públicos de los Ayuntamientos y las Comunidades.
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