Una profunda sensación de inestabilidad se está apoderando de la política catalana, a raiz del estallido del denominado caso Carod. Las primeras decisiones del gobierno tripartito, previstas en el pacto de coalición suscrito por Pasqual Maragall, Josep Lluis Carod Rovira y Joan Saura, se están viendo deslucidas y tapadas por las consecuencias de la crisis provocada por la visita del conseller en cap a Perpiñán para entrevistarse con dirigentes de ETA. La desilusión está empapando a los votantes de izquierdas, mientras CiU continua casi en estado catatónico.

Ramón BORRELL (Barcelona)

Numerosos altos cargos de la Generalitat desl segundo y tercer nivel están todavía por cubrir. Una cifra indeterminada de ofertas de cargos de responsabilidad en la Administración pública autonómica han sido rechazadas por ejecutivos y profesionales asalariados en empresas privadas que cobran sueldos superiores que los que les ofrecen los consellers para ser directores generales o cargos de confianza de los diferentes departamentos de la Generalitat postpujolista. A esa diferencia salarial hay que añadir la desconfianza que en no pocos casos les merece embarcarse en una travesía, la del Tripartito, que muestra un rumbo vacilante y nada definido. Sólo Maragall parece seguro de saber hacia dónde se va.

El escándalo producido por Carod Rovira ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero ya antes -y después- se han producido nombramientos que ha asombrado a seguidores de los tres partidos coligados. El más sorprendente fue el de un hermano de Carod-Rovira como secretario general del departamento del conseller en cap. En otras ocasiones, esta perplejidad ha ido acompañada de irritación. Es el caso de miembros destacados de la plataforma maragalliana Ciutadans pel Canvi (Ciudadanos por el Cambio).

Muchos de ellos son profesionales cualificados que durante más de ocho años han hecho una voluntariosa campaña a favor de un cambio capitaneado por Maragall. En el aparato del PSC se les llamaba desconfiada y malévolamente Ciutadans pel Càrrec (Ciudadanos por el cargo). Ahora, una vez Maragall está en lo alto de la Generalitat ven como se desvanecen sus esperanzas de lograr poder ayudar desde dentro del Gobierno a cambiar Cataluña. Y encima, el PSC de Montilla no cuenta con ellos para figurar en las listas de las elecciones legislativas del 14 de marzo.

La correlación de fuerzas alcanzada en las elecciones del pasado 16 de noviembre -con un fortísimo ascenso de ERC-no era la prevista por Maragall y los suyos. Y la distribución de cargos dentro del organigrama de la administración autonómica ha tenido que adaptarse a ese escenario menos propicio a los socialistas que a los republicanos.

Y mientras se apaga la ilusión inicial entre los votantes progresistas, crece la tensión entre los socialistas catalanes y los del resto de España. Nunca habían estado tan al rojo vivo las relaciones entre PSc y PSOE como ahora. La situación más parecida es la que se produjo a raiz de la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómica (LOAPA) en los años ochenta del siglo pasado. Si entonces los socialistas catalanes pagaron en comicios autonómicos posteriores el pacto autonómico suscrito en Madrid por la declinante Unión de Centro Democrática y el PSOE rampante de Felipe González, ahora pueden resultar tremendamente nocivos los cruces de descalificaciones, amenazas y contradeclaraciones de los Rodríguez Ibarra, Bono, Montilla y Maragall.

El brillante periodista Joan Barril, nada sospechoso de antisocialista, escribió el miércoles en El Periódico: "Maragall no paga las facturas, dice Ibarra. Pero lo dice un amigo y a los amigos se les ha de perdonar todo. Amigos que te hacen la cama de la escisión en cuanto pueden. Amigos que tientan a otros amigos para que vuelvan a fundar la Federación Catalana del PSOE. Realmente, viendo lo que estamos viendo, empezamos a creer que la amistad política es un oxímoron, una definición que se niega a si misma, como capitalismo popular, militares humanitarios o, a partir de ahora, compañeros socialistas". Esto es, grave desencanto entre los votantes progresistas catalanes que sólo puede tener un beneficiario: el PP.

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