La Fiscalía del Tribunal Supremo no pedirá por el momento que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, declare como testigo en la causa abierta contra Josu Ternera por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 a raíz de la entrevista que mantuvo con la banda terrorista ETA. El fiscal del caso remitió un escrito al magistrado del Supremo Jose Ramón Soriano, que instruye esta causa, en el que explica que al existir ya otra abierta contra Carod Rovira en este tribunal por su reciente encuentro con dirigentes de ETA "parece oportuno esperar al resultado" de la misma, antes de pedir su citación como testigo en esta causa.

Diariocrítico (Madrid)

En un escrito de tres folios, el fiscal recuerda que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, como acusación particular, pidió la citación como testigo de Carod tras la publicación de la noticia de su reunión en Francia con dos dirigentes de ETA, entre ellos el prófugo José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, imputado por el Supremo como inductor del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de diciembre de 1987, en el que murieron 11 personas.

Las razones de la petición de la AVT eran dos: confirmar que en la actualidad, como en la época del atentado de Zaragoza, Josu Ternera es jefe de ETA; y, en segundo lugar, conocer los medios usados por Carod para entrevistarse con él, ante la necesidad imperiosa de proceder a su detención e ingreso en prisión.

El fiscal rechaza absolutamente la primera de las razones de la AVT, al entender que en la causa abierta sólo interesa si Urruticoetxea formaba parte de ETA cuando ocurrió el atentado de Zaragoza, y no en la actualidad, por lo que la declaración de Carod no aportaría nada a la comprobación de ese extremo.

Respecto a la segunda razón, la Fiscalía indica que la necesidad imperiosa de su detención tampoco tiene nada que ver con la causa contra Josu Ternera por el atentado de Zaragoza. En este sentido, indica que ese posible testimonio de Carod podría servir para conocer el actual paradero de Urruticoetxea, por lo que su citación sólo podría producirse en el marco de la pieza separada de situación personal del querellado, pero no en la investigación principal del atentado.

Además, destaca que, a tenor del escrito de la AVT, cabe deducir que las preguntas que quiere hacer a Carod podrían conducir a una autoinculpación del político catalán en posibles conductas delictivas, por lo que perdería su cualidad de testigo para transformarse en imputado. Y esta circunstancia, para el fiscal, es "poco acorde con el trámite procesal debido y correspondiente a una pieza de situación personal".

Tras esta explicación, el fiscal indica que, al existir una causa abierta en el Supremo contra Carod por la querella en su contra de Manos Limpias, por los mismos hechos por los que la AVT desea interrogarle, es oportuno esperar al resultado de ese procedimiento.

Si se estimase imprescindible en esa causa la declaración de Carod, y ésta se llevase a cabo, la Fiscalía pediría la deducción de testimonio al sumario por el atentado de Zaragoza. Sin embargo, para el fiscal, Carod sólo podría ser citado como testigo en caso del archivo de la querella de Manos Limpias, y tras constatarse que no existe otra causa incoada contra él por su entrevista con ETA.

Finalmente, el fiscal señala que, si es citado a declarar como testigo, debería certificarse el cargo público que ostente cuando ello suceda, ya que, si forma parte de un Gobierno autónomo, puede declarar en su despacho, y, en cualquier caso, si presta declaración en catalán, tendrá que asistirle un intérprete.

Tras el informe del fiscal, ahora será el magistrado del Supremo José Ramón Soriano, instructor de la causa contra Josu Ternera, el que decida si le cita a declarar como testigo. La abogada de Urruticoetxea, Jone Goricelaia, a la que también se dió traslado de la petición de la AVT para formular alegaciones, no había presentado informe alguno a las 15.00 horas de este jueves.

En cuanto a la querella de Manos Limpias, el Supremo dió este jueves traslado al fiscal para informe, y ha designado ponente de la decisión al magistrado más antiguo de la Sala, Enrique Bacigalupo, según informó el sindicato de funcionarios.

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