El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pidió al juez Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, el procesamiento de los cuatro presuntos terroristas islámicos detenidos en enero de 2003 en Cataluña por los delitos de integración en organización terrorista, tenencia de explosivos, y falsificación al encontrar similitudes entre los teléfonos que se les intervinieron y los utilizados en el 11-M. Tras ser detenidos en enero de 2003 fueron posteriormente puestos en libertad por el juez Guillermo Ruiz Polanco y enviados de nuevo a prisión por el propio Garzón el pasado día 24.

Diariocrítico (Madrid)

El representante del Ministerio Fiscal considera que hay indicios que vinculan a los cuatro salafistas con los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, que provocaron 191 muertos y más de 1400 heridos, y con los atentados del 12 de octubre de 2002 en Bali, en los que murieron más de 180 personas y unas 300 resultaron heridas, la mayoría turistas extranjeros.

Tras analizar las llamadas y los teléfonos móviles intervenidos en enero de 2003, se han encontrado similitudes entre los aparatos intervenidos a los presuntos salafistas con los utilizados en los atentados citados, informaron fuentes jurídicas.

El pasado día 24, el juez Garzón decretó prisión incondicional para cuatro de los 16 presuntos terroristas islámicos detenidos en enero del año pasado en Cataluña y que fueron puestos en libertad por el magistrado Guillermo Ruiz Polanco -suspendido cautelarmente de funciones- antes del pasado verano por falta de indicios contra ellos.

Se trata de Mohamed Nebbar, Mohamed Tahraoui, Alí Kaouka y Larbi Allag, cuya identidad verdadera es Djamel Boudjelthia. Todos ellos fueron detenidos ayer en diferentes puntos de Cataluña, según el auto de prisión dictado por el magistrado, ante quien comparecieron para ingresar posteriormente en la prisión madrileña de Soto del Real. Los cuatro "forman parte integrante de una 'célula' de infraestructura y apoyo logístico a la organización integrista argelina Grupo de Protectores de la Corriente Salafista, vinculada a la también organización terrorista Al Qaeda".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les atribuyó un delito de integración en organización terrorista y otro de terrorismo. Se basó en nuevos informes policiales y una comisión rogatoria para decretar su ingreso en prisión, a pesar de que cumplían con las comparecencias que les impuso el juez Ruiz Polanco.

El pasado mes de septiembre, Ruiz Polanco reabrió la causa contra ellos al recibir un informe del FBI que decía que la mezcla de unas sustancias abandonadas por uno de los arrestados podría servir para fabricar napalm casero, "sustancia altamente abrasiva destinada como componente de artefactos explosivos con el fin de aumentar el poder abrasivo y daños personales de aquellos".

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