- Dezcallar y Saiz abren una semana crucial de la Comisión del 11-M, en la que comparece también la Guardia Civil
- Los comisionados interrogarán al CNI sin haber podido ver los nuevos documentos remitidos por el Gobierno

Semana crucial en la Comisión de Investigación del 11-M: ¿Informó el CNI al Gobierno de Aznar de que los atentados eran obra de ETA en la mañana del 11-M? ¿Mantuvo el CNI esa versión en los días sucesivos? ¿Alguien del CNI llamó en la mañana del 11-M a un alto cargo policial para informarle de que el atentado era obra de los 'árabes'? A estos y otros muchos interrogantes deberán responder el actual director general del CNI, Alberto Saiz, y su antecesor, Jorge Dezcallar, en la nueva ronda de comparecencias ante la Comisión del 11-M que se inicia el lunes.

M. Á. Menéndez/Diariocrítico

La Comisión de Investigación del 11-M ha adelantado la nueva ronda de sesiones al lunes, ya que el miércoles quedará inhábil al reunirse la Diputación Permanente del Congreso, por la mañana, y el pleno por la tarde. Para no perder más tiempo, los comisionados decidieron convocar para la tarde de este lunes a dos de los platos fuertes que aún quedaban por comparecer: el director general del CNI cuando ocurrieron los hechos, Jorge Dezcallar, actual embajador ante el Vaticano, y su sucesor en el cargo, Alberto Saiz.

Pero Dezcallar y Saiz acudirán 'aleccionados' a la Comisión: el ministro de Defensa, José Bono, les ha informado que hay límites legales para su declaración y les ha pedido el "cumplimiento estricto de la legalidad". Estos extremos fueron confirmados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de que el último Consejo de Ministros decidiera remitir a la Comisión del 11-M otros siete documentos clasificados para su estudio en 'sesión secreta'. Así, pues, los comisionados podrían quedar decepcionados, porque tanto Dezcallar como Saiz comparecerán "con arreglo a lo dispuesto en la ley y contarán lo que pueda contar".

Según fuentes de la Comisión, es previsible que Dezcallar utilice la excelente oportunidad que se le presenta para descargar su ira contra el Gobierno de Aznar, toda vez que fue ese Ejecutivo el que desclasificó dos documentos del CNI sobre el caso que dejaron a los servicios secretos a los pies de los cabellos y lo convirtieron en la risión de sus homólogos del mundo. Sobre todo uno de ellos, fechado a mediodía del mismo 11 de marzo y en el que el CNI hacía un análisis de por qué creía que los atentados los había cometido ETA y por qué desechaba la posibilidad de que fuera Al Qaeda. La desclasificación de esos documentos -el segundo se refería a que el CNI no se creía la reivindicación del atentado a través de un periódico digital en árabe en Londres- produjo un profundo malestar en la 'Casa' y muy especialmente en Dezcallar.

Sin embargo, hay ciertos aspectos que Dezcallar deberá responder ante los comisionados. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que desde el CNI se llamara telefónicamente a primeras horas de la mañana del 11 de marzo a un alto cargo policial -concretamente, a un ex comisario general- para informarle de que tuvieran cuidado porque 'es cosa de los árabes'. De haberse producido esa llamada -y de confirmarla de alguna manera Dezcallar- se estaría abriendo una brecha de incalculables consecuencias.

Nueva remisión de documentos

En cualquier caso, los dos dirigentes del CNI -el actual y su antecesor- van a comparecer sin que los comisionados hayan tenido tiempo material de analizar los nuevos documentos remitidos por el Gobierno, unos documentos, pro cierto, pertenecen al Ministerio de Interior, pero no al CNI, y que, en cualquier caso, se mantendrán como "secretos" aquellos datos requeridos que afectan directamente a la lucha contra ETA. La restricción gubernamental afecta a la solicitud de "informes, notas informativas o cualquier comunicación oficial elaborada durante los días 11, 12 y 13 de marzo donde se recogen actuaciones sobre presuntos miembros de ETA en relación a los atentados del 11-M, o, en su caso, confirmación oficial de que no existen".

El Consejo de Ministros acordó mantener su clasificación como secretos por contener información directamente vinculada a la lucha antiterrorista. No obstante, el Ejecutivo facilitará parte de la información demandada en esa solicitud en la que habrá restricciones, a fin de "facilitar" la investigación: los diputados podrán tener acceso a fotocopias de dos notas informativas elaboradas los días 11 y 12 de marzo de 2004, así como de una comunicación recibida en la Comisaría General de Información por correo electrónico, y que se refieren al seguimiento de sospechosos o supuestas identificaciones de miembros de ETA.

Así, el Gobierno ha remitido a la Cámara fotocopias de los tres documentos en los que, mediante su tachadura, se han omitido todos los datos que permitirían conocer detalles de la investigación, las fuentes utilizadas para esa investigación, personas que han dado supuestas identificaciones de terroristas, nombre de sospechosos o lugares donde se han producido investigaciones y supuestas identificaciones.

Malestar gubernamental

No obstante, si los comisionados considerasen que esas fotocopias no son suficientes y exigen la exhibición de los documentos originales, el Gobierno solicitará al presidente del Congreso, Manuel Marín, que los documentos íntegros queden únicamente en manos del presidente de la Comisión, el canario Paulino Rivero, alegando lo previsto en el apartado quinto de la resolución de la presidencia de la cámara sobre secretos oficiales.

El Gobierno adoptó esa decisión ante las 'filtraciones' de documentos que se han registrado a lo largo de los últimos días. Esas 'filtraciones' han producido un profundo malestar en el Ejecutivo, que se ha dirigido al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, exponiéndole "su preocupación" por el hecho de que "se hagan públicas informaciones contenidas en los documentos clasificados como secreto" de los que se ha dado cuenta en sesión secreta en la comisión de investigación.

Los nuevos comparecientes

La sesión del lunes -que comenzará por la tarde- estará copada, pues, por Dezcallar y Saiz, y abrió una semana realmente definitiva, porque detrás de los dirigentes del CNI comparecerán los principales cargos de la Guardia Civil. Así, el martes está previsto que acudan José Luis Prieto Carrero, subdirector del Instituto Anatómico Forense; Félix Hernando Martín, coronel Jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Subdirección de Operaciones de la Guardia Civil; los generales del Instituto armado José Manuel García Varela y Vicente Faustino Pellicer, y el ex director general, Santiago López Valdivielso, y su sucesor en el cargo, Carlos Gómez Arruche.

Estas comparecencias serán tan fundamentales como las de Dezcallar y Saiz, porque de Félix Hernando dependían en último extremo el agente de la UCO conocido como "Víctor" y quien tenía por confidente al presunto delincuente marroquí Rafa Zouhier, quien ha denunciado presiones para que no hable y ha afirmado que él ya comunicó el robo de explosivos.

Para la sesión del jueves están previstas otras dos comparecencias cruciales: la del ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y su sucesor en el cargo, Víctor García Hidalgo. Díaz de Mera deberá explicar por qué se creyeron la versión de que era Titadyne la marca del explosivo utilizado y, a ser posible, despejar la polémica surgida entre el subdirector general Operativo, Pedro Díaz-Pintado, y el ex comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, sobre quién dijo a quién lo de Titadyne.

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