La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valdemoro ha dictado un auto por el que archiva las diligencias abiertas por un presunto delito de amenazas denunciado por Rafá Zohuier, confidente de la Guardia Civil e imputado en los atentados del 11-M, en el centro penitenciario Madrid-III (Valdemoro) donde se encuentra recluido.

Diariocrítico/Agencias (Madrid)

La juez considera en su resolución de la declaración de Zohuier no puede deducirse que existiera "comportamiento alguno susceptible de encajar en el tipo penal de amenazas", porque en ningún momento los agentes de la Benemérita que le visitaron en prisión "vertieron expresiones o realizaron comportamientos que pudieran llevar a Rafá Zohuier a pensar que su vida o su integridad física o psíquica se encontraban en peligro".

Por ello, decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, sin que sea necesario practicar ninguna otra diligencia de investigación. El pasado día 14, Zohuier declaró ante la juez por la denuncia interpuesta por el fiscal tras tener conocimiento de que el interno aseguraba haber recibido amenazas por parte de miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante su comparecencia, Zohuier, encarcelado por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que investiga los atentados ocurridos en Madrid el pasado 11 de marzo, sólo dijo que un año antes de los sucesos puso en conocimiento de la Guardia Civil que el ex minero asturiano Emilio Suárez Trashorras -también imputado en el caso-, le había ofrecido explosivos.

A la salida del Juzgado, a preguntas de los periodistas, aseguró que había avisado de los atentados y que no le hicieron caso. Pero el confidente del instituto armado no realizó tal afirmación ante la magistrada de Valdemoro.

"SE IBA A COMER LOS 200 MUERTOS"

En el auto de archivo, la juez relata que en su "farragosa" declaración el reo manifestó que los agentes de la Guardia Civil que le visitaron en la cárcel de Valdemoro como parte de la investigación de los atentados del 11-M no le amenazaron directamente, sólo le dijeron que no contara nada porque si no "se iba a comer los 200 muertos".

Sin embargo, a juicio de la instructora, esa expresión "no puede entenderse como una amenaza ni directa ni indirecta", sino como "una percepción" del recluso, puesto que, para que pudiera incurrir en el ilícito previsto en el artículo 169 del Código Penal, "debe amenazarse con un mal que pueda constituir un delito".

El confidente de la Guardia Civil sostuvo que se sintió "abandonado y tirado", supuestamente, según el auto, por la Benemérita. Para la magistrada, dicha sensación no puede ser objeto de un procedimiento penal, puesto que los agentes "no amenazaron al señor Zohuier".

"La consecuencia que puede extraerse -prosigue el auto- es que Zohuier ha querido dejar claro, por los motivos que sean, que él no es un 'chivato', utilizando para ello una serie de cartas en las que podría extraerse inicialmente que estaba siendo amenazado, pero que , al abundar en los detalles y aspectos principales de los hechos (...), puede comprobarse que son un intento de desahogo y de justificación de su situación personal, pero carecen de entidad suficiente como para continuar con un proceso penal".

Por otro lado, la juez indica en su resolución que el único dato que podría apuntar a la existencia de un delito de amenazas sería una conversación telefónica que el denunciante mantuvo con un tal Mario, que según el propio Zohuier era otro supuesto confidente de la Guardia Civil, en la que éste le dijo que su cabeza "valía mucho".

Sin embargo, en esta ocasión la instructora también descarta que Zohuier fuese objeto de amenazas, puesto que entiende que igualmente fue una "interpretación peculiar" de éste el sentirse coaccionado, y más cuando continuó llamándolo por teléfono a esa persona, por lo que para la juez resulta "dudoso" que el recluso se sintiera en peligro.

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