| EDITORIALES
DE LA PRENSA VASCA |
EDITORIAL DE GARA
(31/12/04)
Ibarretxe tendrá que retratarse
El Parlamento de Gasteiz, en una sesión
histórica que debe enterrar definitivamente
el Estatuto del 79, aprobó una propuesta
que como se recogía en el editorial de ayer
tiene la paradoja de basarse en conceptos
como una Euskal Herria de siete territorios,
el derecho de libre determinación y la necesidad
de una consulta, para después constreñir
todo ello en un nuevo proyecto estatutario
para tres provincias. Sin embargo, el Gobierno
de Lakua y los partidos que lo sustentan
saben que ese paso ha sido posible gracias
a la audaz apuesta política de hondo calado
realizada por la izquierda abertzale, cuyo
fin, expuesto con toda nitidez, no es el
de abrir una negociación sobre competencias
o transferencias, sino habilitar un proceso
que, con los elementos recogidos en el preámbulo
del plan, pueda llevar, desde un acuerdo
entre todos, a la definitiva resolución
del conflicto.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, que
tan dado es a la fotografía de las actitudes
de los demás cayendo en demasiadas ocasiones
en la caricaturización de las posiciones
políticas de sus adversarios tiene ahora
una estupenda oportunidad para retratarse
a sí mismo. En sus manos está pretender
conducir el enorme caudal político existente
en estos momentos en Euskal Herria por el
embudo de buscar únicamente una mayor capacidad
de gestión administrativa para la CAV, un
nuevo Estatuto para otros 25 años, o aprovechar
esta coyuntura histórica, desconocida hasta
la fecha en el país, para buscar un acuerdo
político, lo más amplio posible, que abra
el camino de la paz y de la democracia.
Si los discursos lanzados ayer en la tribuna
de oradores del Parlamento de Gasteiz son
sinceros, Juan José Ibarretxe debe tener
la seguridad de que cuenta, no con 39 votos
a favor de su plan, sino con una amplia
mayoría política y social del país que considera
que el reconocimiento de Euskal Herria como
sujeto político y el derecho de autodeterminación
son las claves para construir, con el mayor
consenso político posible, un país democráticamente
normalizado, en el que las vascas y vascos
sean los dueños de su propio futuro para
decidir lo que libremente quieran. En esa
vía, resulta imprescindible contar con la
voluntad popular, por lo que la consulta
se convierte en un elemento esencial de
la misma. Eso es lo que ahora toca. Toca
trabajar por el acuerdo y por dar la palabra
al pueblo, toca hacer la paz entre todos.
Y toca, sobre todo, que el conjunto de agentes
políticos y sociales esté a la altura de
las circunstancias. -
EDITORIAL
DE El CORREO (31/12/04)
Plan con Batasuna
La votación del plan Ibarretxe en el Parlamento
vasco ofreció ayer el resultado que deseaban
sus promotores: su aprobación como proyecto
de reforma estatutaria. De esa manera, el
momento programado por Ibarretxe para dar
inicio a la campaña electoral de cara a
los próximos comicios autonómicos se ve
reforzado con la tramitación de dicho plan
ante las Cortes Generales. Desde el principio,
el nacionalismo gobernante ha intentado
transferir al Estado constitucional la responsabilidad
sobre su disposición rupturista. Elevando
a las Cortes Generales la decisión adoptada
ayer, Ibarretxe y su partido consiguen enfocar
los comicios autonómicos como una liza entre
la voluntad de los vascos y el marco constitucional;
como un enfrentamiento entre la legitimidad
vasca y la legalidad española. Ése es precisamente
el escenario propicio para las aspiraciones
electorales del PNV pero, sobre todo, para
lograr que sus votos arraiguen sobre la
división y el enfrentamiento.
Las llamadas y requerimientos que el nacionalismo
gobernante había dirigido hacia Batasuna
acabaron cuajando ayer en una coincidencia
de intereses. Poco importa que dicho resultado
fuese consecuencia de un acuerdo previo
que contemple contrapartidas a favor de
la formación liderada por Arnaldo Otegi.
Porque la votación constituyó, en sí misma,
un pacto. Lo que parece indiscutible es
que ayer Euskadi se adentró definitivamente
por un callejón que no ofrece otra salida
que la derrota electoral de los patrocinadores
del plan soberanista en las próximas elecciones.
De lo contrario, acabará haciéndose realidad
la advertencia de Ibarretxe de que el camino
por él emprendido no tiene vuelta atrás.
El nacionalismo de PNV y EA decidió en septiembre
de 1998 proyectar el futuro del País Vasco
mirando a la izquierda abertzale y dando
la espalda a los vascos constitucionalistas
y al resto de los españoles. Tras el fracasado
ensayo realizado en torno a la Declaración
de Estella, el nacionalismo gobernante confió
en el poder de arrastre del plan Ibarretxe
convertido tanto en factor de cohesión para
sus filas como en elemento de atracción
hacia las bases de la izquierda abertzale.
Con la votación de ayer, Euskadi se va a
convertir en el único rincón del mundo democrático
en el que el marco básico de convivencia
es definido no a través de un esfuerzo de
consenso, sino mediante la aplicación de
un criterio mayoritario alejado tenazmente
de los deseos de quienes no lo secundan.
El apoyo de Batasuna a los propósitos del
tripartito gobernante no resulta gratuito.
Es cierto que sus frutos no podrán ser capitalizados
por una formación que se encuentra fuera
de la ley y que, si nada cambia, continuará
excluida de la contienda electoral. Pero
el pacto implícito que representa la votación
de ayer contribuye a una mayor radicalización
de los postulados de partida del plan Ibarretxe.
En una situación de extrema debilidad y
desconcierto, la izquierda abertzale ha
decidido cobijarse a la sombra del nacionalismo
gobernante. Pero a la vez ha conseguido
escorar a éste hacia su lado, cegando así
toda posibilidad a las ya limitadas esperanzas
de que el PNV decidiera virar hacia una
mínima moderación de sus postulados.
Si ya con anterioridad el plan Ibarretxe
no ofrecía posibilidad alguna para el encuentro
entre nacionalistas y no nacionalistas,
los 39 votos que ayer secundaron su tramitación
según lo previsto en el artículo 46 del
Estatuto de Gernika conducen a una fractura
ineludible. Es el momento de recordar que
el contenido del proyecto aprobado va mucho
más allá de una mera reforma estatutaria
y que en realidad quiebra los principios
que la Constitución de 1978 estableció como
marco para el desarrollo autonómico. Por
eso resulta impensable que las Cortes Generales,
a través del pleno del Congreso, puedan
siquiera admitir a trámite la propuesta
votada por el Parlamento vasco. Esto es
algo que el nacionalismo no sólo conoce
perfectamente, sino que se dispone a utilizar
como argumento central de su campaña electoral,
para convertir el rechazo constitucional
a la decisión del Parlamento vasco en la
palanca de una nueva victimización abertzale.
Los tres votos de Batasuna han adelantado
el calendario inicial de Ibarretxe, de forma
que no sólo va a concurrir a los comicios
con un plan, sino que a éste se le añadirá
la explícita negativa de las Cortes Generales,
del PSOE y del PP, a dar carta de naturaleza
a un proyecto que quiebra el marco de convivencia
en Euskadi y entre Euskadi y el resto de
España. Pero si las Cortes Generales son
depositarias de la facultad constitucional
para evitar el dislate que entrañaría la
normal tramitación del plan Ibarretxe, la
reconducción de los acontecimientos hacia
un horizonte más racional y sensato depende
de la ciudadanía vasca y de su opción de
voto en las próximas autonómicas.
EDITORAL DE DEIA (31/12/04)
Apasionante futuro político
LA PROPUESTA de nuevo Estatuto auspiciada
por el Gobierno vasco es desde ayer un proyecto
asumido por el Parlamento una vez que el
Pleno del mismo aprobara por mayoría absoluta
su contenido y el camino que traza hacia
la reforma del marco legal de la Comunidad
Autónoma Vasca. Un apasionante escenario
político de futuro que no por complicado
tiene por qué dejar de ser ilusionante.
Por sorpresa, con una maniobra de fracción
del voto propio, Sozialista Abertzaleak
aportó los tres sufragios que propiciaron
una mayoría absoluta de 39 votos. El primer
debate a suscitar es, como era previsible,
uno interesado sobre la calidad de los votos
que han propiciado la mayoría absoluta.
El valor de esos votos es el mismo que hubieran
tenido en sentido contrario. Ni más, ni
menos. El argumento esgrimido ayer por Leopoldo
Barreda en el sentido de que esos votos
harían del Plan Ibarretxe el Plan de ETA
se desfonda al invertir los términos ya
que el parlamentario "popular" no suscribirá
nunca el criterio de que la alineación en
numerosas situaciones precedentes de SA
con PP y PSE frente al tripartito implique
la coincidencia de objetivos entre estos
partidos y la organización armada. No hay
perversión en esos votos, que son representación
de voluntad popular expresada en las urnas.
Menos aún tras el archivo del "caso Atutxa",
que ahoga polémicas estériles. La perversión
a la política vasca la aporta la violencia
de ETA. Y a ella corresponde ceder el protagonismo
de una realidad sociopolítica existente
pese a todo a quien lo debe tener, que son
los representantes políticos del sentir
de ese mundo. Una cesión sólo reconocible
en el abandono inmediato de la violencia,
como exige la sociedad vasca.
CONVIENE DESPEJAR dudas sobre lo aprobado
ayer. El texto que el Parlamento hace suyo
es el que es y no otro. No es un texto inmutable,
como no debe serlo ninguno legal en la medida
de poder adaptarlo a las realidades de la
sociedad que se dota de ellos. Pero tampoco
cabe interpretar unilateralmente el sentido
de lo aprobado en función de la conveniencia
de SA ni de nadie. La administración del
escenario subsiguiente corresponde a cada
uno de quienes lo han propiciado pero sin
perder de vista esa realidad. Un escenario
que es decisión de la sociedad vasca por
vía de sus representantes. De ello hay que
felicitarse. De ello y de que el texto consagre
ese criterio de decisión, residenciada en
la voluntad última del pueblo vasco, que
era una de las carencias evidentes del marco
legal vigente. El camino viene plagado de
dificultades y queda por delante una ruta
complicada en la que nuestros políticos
deben estar a la altura de las circunstancias;
de abandonar posturas encastilladas. La
complicación añadida del inminente final
de la legislatura es prueba de fuego en
la que las cartas del peso parlamentario
vuelven a quien tiene en su mano la decisión
de repartirlas: el votante. En la expectativa
más inmediata no resulta alentadora la primera
reacción del PSOE y del Gobierno español.
Denota doble rasero que habla de desprecio
a las decisiones soberanas del Parlamento
vasco cuando se compara con el compromiso
a priori de respaldo a la voluntad que exprese
la Cámara catalana en relación a su propia
reforma estatutaria. La coherencia está
en ser fiel a principios democráticos con
carácter universal, no a pactos de interés
político privado como el tripartito catalán
o el de PSOE-PP. Pero el futuro es un período
apasionante e ilusionador que requiere lo
mejor de la inteligencia política de todos.
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