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La situación de la Sanidad en España

Diariocrítico ha elaborado un amplio informe sobre la situación actual de las Comunidades Autónomas al respecto.

ANDALUCÍA

- Chaves, el problema de la mediación imposible

El presidente andaluz Manuel Chaves tiene una posición difícil de cara al modelo de financiación de la deuda sanitaria por su doble calidad como presidente también del PSOE. Pero forma parte del grupo que, con Rodríguez Ibarra, Barreda o Iglesias, o como el dirigente del PSOE de Madrid, Simancas, propone determinadas correcciones a la propuesta gubernamental. Correcciones que, como iremos viendo, pasan por la introducción de determinados factores de corrección, como la pirámide poblacional o la dispersión de los habitantes de una región en pequeños municipios.

La Comunidad andaluza cuenta con una población de 7.829.102 habitantes y, según los datos oficiales del ministerio de Economía y Hacienda, el gasto sanitario en el año 2003 fue de 6.438 millones de euros mientras los ingresos por financiación fueron 5.811 millones, lo que supone un desequilibrio mínimo de 627 millones de euros al año. Lo cual origina, obviamente, una importante deuda sanitaria.

Así las cosas, el PP andaluz ha aprovechado para emplazar a Chaves a que aclare antes de la Conferencia de Presidentes la postura que va a mantener su Gobierno sobre la financiación sanitaria, porque creen los populares que ha pasado de criticar la propuesta -y en cierta forma encabezar el bloque 'correccionista' del PSOE- a "rendir pleitesía" al Ejecutivo de Zapatero. En cualquier caso, el PP andaluz se opone frontalmente a que el déficit sanitario se aborde con una subida de los impuestos directos o indirectos y consideran un "chantaje" a las comunidades la oferta hecha por el Gobierno central.

ARAGÓN

- Iglesias no está por el aumento de los impuestos

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se encuentra entre la espada y la pared, pero más cerca del bloque 'revisionista' del PSOE y a la espera de que Zapatero saque un conejo de su chistera en el último momento que salve la situación. Porque, como ha señalado con mucha ironía el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Ángel Biel, "lo que ofrece ahora el Gobierno central es similar a lo que ganan las empresas de telefonía con el redondeo de las llamadas" y "ahora la cifra para todo son mil millones, si hay una inundación o si hay que mejorar la sanidad". Contienen esas frases, sin duda, una fuerte carga política.

Aragón, además del envejecimiento poblacional y la dispersión parecida a la Castilla-La Mancha (como veremos luego), cuenta con un problema añadido: el aumento de la población por inmigrantes y que no ha sido contemplado en el actual sistema. De ahí que el Gobierno autónomo sea tan cítrico con Pedro Solbes, ya que, si se tiene en cuenta que en el conjunto de España hay como unos cuatro millones de inmigrantes, lo que significa un importante aumento de la población, " todo lo que se le ocurre a Solbes es poner mil millones para la sanidad", lo cual, efectivamente, mueve a risa.

A esa problemática inmigratoria no es ajena Aragón; una problemática que aumenta durante los meses de verano por el turismo, aunque en menos medida, claro está, que en la costa mediterránea. Y en cuanto a la posibilidad de incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos, José Ángel Biel expresa muy bien el sentimiento del Gobierno aragonés: "Lo que realmente encarece el precio de la gasolina son los impuestos del Estado" y rechaza "que las comunidades asuman el desgaste que supone aumentar los impuestos".

BALEARES

- Matas se pliega a la postura frentista del PP

El Ejecutivo del PP de las Islas Baleares que preside Jaume Matas se ajustará a la postura 'oficial' del partido. Es decir, que se cumpla el modelo vigente sobre financiación sanitaria aprobado por el Gobierno de Aznar en la anterior legislatura y que se garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

No obstante, Matas, ha convocado para este miércoles a los presidentes de los Consells Insulares de Baleares a una reunión previa a la segunda conferencia de presidentes, para tratar el contenido de la propuesta del Gobierno central para reformar el sistema de financiación de la sanidad. Un encuentro que se celebrará en el Consolat de Mar y al que asistirán el presidente del Consell de Ibiza y Formentera, Pere Palau; y las presidentas del Consell de Mallorca y de Menorca, Maria Antonia Munar y Joana Barceló respectivamente.

Las Islas Baleares cuentan con una población de 980.472 personas. Su gasto sanitario en el 2003 fue de 825 millones de euros y sus ingresos por financiación ascendieron a 681 millones de euros, alcanzando un déficit de 144 millones de euros.

El Ejecutivo balear, que aplicó entonces la subida del denominado 'céntimo sanitario' en el impuesto de la gasolina, rechazará de plano la subida de impuestos que plantea el Gobierno de Zapatero y esperará a escuchar las nuevas contrapartidas que presente el Ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles o en la Conferencia de Presidentes del próximo sábado.

CANTABRIA

- El Gobierno de Cantabria considera la propuesta un primer paso interesante, con aspectos por matizar

El Gobierno de Cantabria, del que forman parte PSOE y Partido Regionalista de Cantabria, apoyará, tanto en la reunión de los consejeros de Hacienda de este miércoles como en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, la propuesta del Gobierno para hacer frente al déficit sanitario. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, ha calificado dicha propuesta de "primer paso interesante". El titular de Economía considera que "se trata de un primer paso interesante para abordar el problema de mantenimiento económico del sistema en los próximos años, aunque consideramos que todavía en el documento quedan algunos aspectos por matizar y mejorar".

Agudo destaca "el compromiso del Gobierno central con un tema que es competencia de las Comunidades Autónomas". "Lógicamente todas la autonomías también se deben comprometer en la solución del problema para que entre todos se fortalezca el servicio nacional de salud y se mejoren los servicios públicos", subrayó en un comunicado.

Para el consejero, se debe tener también en cuenta la medida propuesta por el Estado de incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, y que la parte correspondiente se ingrese en las Comunidades Autónomas. Menos clara es la vicepresidenta del Gobierno regional y secretaria general de los socialistas cántabros, Lola Gorostiaga, que hoy mismo declinó entrar en el debate sobre la conveniencia de aplicar los citados gravámenes. En su opinión la vía impositiva "más adecuada" sería el 'céntimo sanitario' aplicado sobre los carburantes, una medida que "incide sobre la calidad de vida y el medio ambiente" aunque que, de llegar a aplicarse, planteó que "habría que compensar con políticas públicas de apoyo, por ejemplo, al transporte público".

El consejero de Economía considera que se deben matizar los criterios de reparto del fondo adicional que se acuerde y que se debe incorporar una revisión del funcionamiento de los fondos de atención sanitaria para extranjeros y desplazados. En su opinión, también se deberá contemplar en el acuerdo la compensación del coste sanitario prestado a los trabajadores por accidente de trabajo y enfermedades profesionales en aquellos casos en que la contingencia esté cubierta por la Seguridad Social.

Igualmente, considera que "sería interesante una garantía de los ingresos para la financiación sanitaria de forma y manera que éstos no se desvíen en exceso del crecimiento del PIB nominal". Según ha precisado Agudo, todas estas observaciones serán planteadas por Cantabria en el marco de la reunión técnica y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles.

Los datos de la Consejería

Según datos facilitados por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, en su última comparecencia pública durante los dos últimos años la inversión sanitaria por habitante ha crecido un 14,06%. Este incremento presupuestario, cifrado en 79 millones de euros, ha marcado las líneas de actuación impulsadas durante los dos últimos años, con el paciente y los profesionales como centro de referencia, y estructuradas en torno a dos ejes: revisar y modernizar la Atención Primaria como primer nivel asistencial y configurar y dotar a la sanidad cántabra con unas infraestructuras hospitalarias capaces de prestar una asistencia de alta calidad y mantenerse como referencia nacional.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales puso el ejemplo de un día cualquiera del año para identificar la actividad del Servicio de Salud Cántabro. 20.167 ciudadanos acuden y son atendidos en los centros de salud por los profesionales de Atención Primaria y 977 de estos profesionales visitan a los pacientes en su domicilio. De igual modo, un día cualquiera 143 pacientes están siendo intervenidos quirúrgicamente, 509 son sometidos a una prueba diagnóstica, 3.464 visitan una consulta hospitalaria, 223 quedan ingresados en un hospital, 803 serán atendidos en los servicios de urgencia y 295 llamarán al 061. También se expedirán 25.000 recetas y se realizarán 916 pruebas de laboratorio.

CASTILLA-LA MANCHA

- Barreda pide que se tenga en cuenta la dispersión y la pirámide poblacional

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, llegará a la Conferencia de Presidentes con una postura sobre la financiación sanitaria y la global prácticamente acorde con la planteada por los también socialistas Manuel Chaves (Andalucía), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y, en cierta medida, Marcelino Iglesias (Aragón). Acepta la propuesta gubernamental, pero la considera insuficiente; insuficiencia que, por otra parte, se arreglará con las nuevas cifras de aportación estatal que ofrecerá José Luis Rodríguez Zapatero para intentar salvar la cumbre 'in extremis'.

El gasto sanitario en Castilla-La Mancha asciende en la actualidad a 1.600 millones de euros, mientras que los ingresos no llegan a los 1.500 millones. Es decir, que existe un desfase anual de unos 100 millones de euros. No son cifras preocupantes por el momento, pero sí a medio y largo plazo si tenemos en cuenta que ese desfase se produce porque entre 2003 y 2005 la población de derecho se ha incrementado en esta Comunidad en un 7 % y la de hecho en porcentajes aún más altos (Seseña, por ejemplo, verá aumentar su población en unas 50.000 personas más con las nuevas urbanizaciones, la mayor parte de ellas llegadas desde Madrid).

Otro problema que cita Barreda: la Comunidad tiene 80.000 kilómetros cuadrados de territorio, con 919 municipios (una gran dispersión) y sobre 1.900.000 habitantes, de los que alrededor de 600.000 tienen más de 65 años. Es decir, que existe una gran dispersión de la población, lo que encarece el sistema sanitario, y, además, cuenta con un elevadísimo porcentaje de población, lo que también encarece el servicio.

Con esos datos en la mano, Barreda llegara a la cumbre del sábado con la propuesta de aplicar un criterio corrector al meramente poblacional: que se tenga en cuenta el número de habitantes, sí, pero que se corrija ese criterio con otros que tengan en cuenta la pirámide población -estructura social- y la dispersión.

Castilla-La Mancha, que accedió a las competencias de Sanidad hace tres años, no aplica aún el céntimo sanitario, pero no descarta su aplicación en el futuro.

CASTILLA Y LEÓN

- La Junta rechaza la propuesta del Gobierno porque dice que perdería ingresos

La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta realizada por el Gobierno de la Nación para la financiación sanitaria por ser "claramente insuficiente" y porque no van a negociar un modelo en el que no se contemple la 'garantía sanitaria'. Además, en 2006 y 2007, que es para los que el Gobierno dedicaría una cantidad no consolidable, Castilla y León perdería en cada ejercicio 14 millones de euros, que a partir del año 2008 serían cuarenta y cuatro millones de euros. Así se lo hizo saber el pasado lunes la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Según los datos manejados por la Consejería de Hacienda, en 2004 Castilla y León percibió 50 millones de euros en concepto del capítulo de "garantía sanitaria" que recoge el actual modelo de financiación, y que con el nuevo reparto de los 500 millones que quiere dedicar el gobierno de Rodríguez Zapatero a las 17 autonomías durante los dos próximos años, serían 30 millones por transferencias del Estado más seis millones en concepto de la parte correspondiente a la subida de impuestos del alcohol y el tabaco. Pero la consejera de Hacienda estima que de la subida de los impuestos de estos dos artículos, la Comunidad Autónoma recaudaría el 40 por ciento, y el 60 por ciento restante iría a las arcas del Estado.

En cuanto a la subida de los impuestos de le electricidad en 2 puntos y el céntimo sanitario del 2,4 al 4,8, dicen en la Junta que preside el popular Juan Vicente Herrera que supondrían a mayores unos 91 millones de euros, y que de momento no estaba decidido nada. Además, según Pilar del Olmo, diez comunidades autónomas reciben en la actualidad la garantía sanitaria, y en caso de desaparecer ésta, el Estado ahorraría dinero con la sanidad: en torno a 414 millones de euros, mientras que los costes los cargaría sobre las Comunidades Autónomas.

La 'doctrina' que Herrera llevará a la Conferencia de Presidentes del sábado es que el Sistema Nacional de Salud tiene que estar financiado por el Estado para que todos los españoles reciban asistencia en cualquier punto del territorio nacional. Por lo tanto, para la Junta castellano-leonesa la propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero es "muy precipitada", no resuelve un problema que "requiere un pacto de Estado" y desde Castilla y León están dispuestos a colaborar, pero no a perder parte de los ingresos con los que ahora cuenta.

Castilla y León tiene una superficie de 94.223 kilómetros cuadrados, con 2.249 municipios y una población de 2.487.646 personas, con un alto porcentaje de mayores de 65 años. Según los cálculos efectuados por la Consejería de Sanidad, una persona mayor de 75 años ocasiona un gasto sanitario siete veces mayor que el de otro ciudadano menor de 65 años. También se destaca el mayor coste de los servicios al ser una población muy dispersa y que los costes se disparan por los desplazamientos que tienen que realizar los servicios sanitarios.

A fecha de agosto de 2005, la Comunidad de Castilla y León ha alcanzado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 919.334 afiliados frente a los 17.968.476 del total nacional. De la misma manera, a fecha 31 de julio de 2005, la cifra de afiliados extranjeros a la Seguridad Social fue de 43.904, un 56,41 % más que en julio del año anterior y representa el 2,76 % del total nacional, estimado en 1.590.187 (un 48,99 % más que el mismo mes de 2004).

CATALUÑA

- La Generalitat destina 1.000 euros per cápita al año, 500 menos de lo 'recomendable'

Cataluña facilita atención sanitaria a todos sus habitantes, incluidos los inmigrantes sin papeles, y, al mismo tiempo, atiende a miles de pacientes de otras comunidades. En cambio, sólo recibe dinero del Estado para cubrir los gastos de las 6.800.000 personas censadas, 305.000 menos de las que en realidad utilizan los servicios de la sanidad pública.

La cifra de beneficiarios de la Seguridad Social en Cataluña no para de crecer, según los datos manejados por la Generalitat. A fecha de hoy, la sanidad catalana tiene un millón más de usuarios que en 1999 y en 2012 sumará otro millón. La Generalitat reclama, por tanto, una financiación acorde con esos incrementos demográficos y dinero suplementario para mejorar la calidad asistencial que, pese a todo, es puntera en España.

Si Cataluña tiene en realidad 7,1 millones de usuarios de la sanidad pública y necesita destinar 500 euros más a cada uno de ellos, la cifra resultante es clara: 3.550 millones de euros. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Y los del resto de comunidades con deficit sanitario? Del tabaco y el alcohol, así como de las gasolinas -Cataluña ya aplica un impuesto sobre las mismas, el 'céntimo sanitario'- y, con toda probabilidad, también de la factura eléctrica.

Estiman en la Generalitat que esa cifra sería la razonable tal y como están las cosas. Pero hay otros factores que pueden hacerla insuficiente a corto plazo. El principal es el envejecimiento de la población catalana que, como es lógico, incrementa significativamente el gasto sanitario. El Gobierno tripartito catalán pide que en el futuro se tenga también en cuenta este extremo.

Cataluña arrastra un déficit sanitario de 2.100 millones de euros, pese a disponer este año de un presupuesto de 7.231 millones. Además de la aportación del Estado, la Administración estudia cobrar por determinadas prestaciones. Sin embargo, por el momento, se descarta la implantación del copago, el abono de una cantidad (un euro) cada vez que se acude a la consulta del médico.

Reducir el gasto farmacéutico

El departamento de Salud (antes Sanidad) de la Generalitat ha mejorado la gestión, aunque ya no sabe de dónde recortar más gastos. El personal, sometido a constantes congelaciones salariales, no está dispuesto a más sacrificios, pese a que se lleva el 50 % del presupuesto. Además, las autoridades sanitarias temen, si no mejoran los sueldos y las condiciones, que continúe la fuga de enfermeras catalanas hacia el Reino Unido o Portugal, donde los sueldos son más altos. Otros han optado ya por pasarse a la sanidad privada. Por ello, la consellera Marina Geli (PSC) es contraria a someter a los trabajadores a 'nuevos sacrificios'.

Aclarado este punto, el único apartado susceptible de recortes es el del gasto de farmacia. Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat subrayan que en España se lleva un tercio del astronómico presupuesto sanitario. Sin embargo, en muchos países europeos es de sólo un 15 %.

Geli es partidaria de financiar los medicamentos esenciales y gravar el coste del resto. La consellera de Salud estudia cobrar a cada usuario según sus ingresos y rentas, lo que significaría que en determinados casos, como el de los parados, muchos específicos se facilitarían gratuitamente a los pacientes con pocos recursos.

Más prestaciones, pero pagando

En pleno debate sobre la financiación de la sanidad, emergen nuevas demandas de prestaciones y agravios comparativos entre comunidades. Por ejemplo, el País Vasco, Navarra y Andalucía cubren la asistencia bucodental hasta los 14 años. En este asunto, Cataluña pide uniformidad de criterios en toda la red.

El departamento de Salud catalán está dispuesto a aumentar la lista de prestaciones de la sanidad pública, siempre que el usuario pase por caja. Fuentes de este departamento precisan que nadie deberá pagar por los servicios básicos que hoy presta la sanidad pública. En cambio, sí lo tendrán que hacer en determinadas visitas, intervenciones oculares o de estética, siempre en función de los recursos económicos de cada paciente.

Con ese conjunto de medidas, la Generalitat pretende reducir las listas de espera. El departamento de Salud promete un plazo máximo de seis meses en una lista de operaciones, entre las que figuran las de prótesis o las cataratas. También desea abordar el uso desmesurado de los servicios de urgencias. La consellera Geli apunta que la solución pasa por aumentar los recursos económicos del los centros de asistencia primaria (CAP), que a menudo se encuentran colapsados.

COMUNIDAD VALENCIANA

- Camps, endeudado, acusa al Gobierno de poner en riesgo la calidad del sistema

El bloque popular tiene su segundo ariete frentista en el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, pero los socialistas creen que con él sí es posible llegar a los acuerdos a los que, por imposible, no se llegará, al pareceer, con la Comunidad de Madrid. Así, el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, se ha acercado más en lo contextual a la postura de los socialistas Barreda, Rodríguez Ibarra y Chaves de pactar con el Ejecutivo central una mayor financiación, que con la más rupturista de la señora Aguirre y de su consejero Lamela.

De cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Rambla ha dicho que el Gobierno central debe hacer una propuesta para la financiación sanitaria que permita el desarrollo del actual modelo de financiación, pero actualizando la variable de población para ajustarla a la realidad demográfica de la Comunidad Valenciana para no poner en riesgo la calidad del sistema sanitario escatimando recursos. Camps estima que en su comunidad necesita una aportación de más de 600 millones de euros cada año -su gasto sanitario fue en 2003 de 3.998 millones de euros, mientras sus ingresos de financiación alcanzaron los 3.277 millones, dándose por tanto un desequilibrio de 721 millones de euros-, a los que sumó otros 120 millones por las personas que han sido acogidas en la comunidad, conocidos como "desplazados" en la financiación.

La Comunidad Valenciana tiene 23 más de 4,8 millones de ciudadanos en posesión de tarjeta sanitaria, mientras en 2002, año en el que entró en vigor el modelo de financiación, la cifra se situaba en 4.200.000. Son datos que pondrían de manifiesto que en esa Comunidad se da asistencia sanitaria a unas 654.000 personas que no cuentan para el modelo de financiación actual. Un gasto al que la Generalitat Valenciana tiene que hacer frente de forma exclusiva y que genera, obviamente, una importante deuda.

Además, esta Comunidad cuenta con un segundo handicap: el importante volumen de turistas de otras Comunidades a los que la Comunidad Valenciana debe ofrecer asistencia sanitaria, especialmente durante los meses de verano. Cada año, la Comunidad recibe más de 9 millones de turistas, lo que obligar a dimensionar la sanidad valenciana ante la demanda que ello origina. Claro que lo que Camps y su consejero Rambla olvidan es que esos turistas incrementan para estar en perfectas condiciones de atender la demanda sanitaria que originan unos importantes ingresos para la Comunidad. Pero, en fin, según los datos oficiales, sólo la atención a desplazados de otras comunidades supone una gasto de más de 120 millones de euros para las arcas de la Generalitat Valenciana, que el Gobierno central solo compensa, según los datos de Camps, con 3,5 millones de euros a través del fondo de cohesión.

De ahí que Camps acuda a la reunión del Senado con la propuesta de desarrollar el Fondo de Cohesión, tal y como prevé el actual modelo de financiación impulsado por el entonces gobierno de Aznar. En el fondo, es parecido a lo que piden otras comunidades regidas por socialistas, que quieren introducir otros factores de corrección en base a la pirámide de población y a la dispersión de la misma.

Lo que más reprocha Camps y su Gobierno es que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiera financiar la deuda sanitaria traspasando el peso de la misma a los ya sufridos bolsillos de la ciudadanía, y lo que piden es que el Gobierno central garantice la sostenibilidad del sistema nacional de salud.

Desde luego, el gasto sanitario es importantísimo en esta Comunidad: han invertido en los últimos años más de 126 millones de euros en alta tecnología sanitaria; invierten cada año 22 millones de euros en transporte sanitario urgente, y se van a invertir en los próximos cuatro años 1.100 millones de euros para la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias. En definitiva, que el presupuesto sanitario ha crecido un 27 por ciento en dos años, más que ninguna otra autonomía española. Por ello, dicen los de Camps, pedirán al Gobierno central una implicación con la sanidad "como lo hemos hecho en el Consell", y hacer una aportación de recursos que permita seguir desarrollando ese modelo. "Cuando hablamos de salud, el Gobierno central no debería escatimar recursos de la forma que lo está haciendo", dice el conseller Rambla.

GALICIA

- La especificidad gallega

A trescientos cuarenta millones de euros (56.571 millones de pesetas) ascendió durante el pasado 2004 el déficit acumulado por la Sanidad pública gallega, en consonancia con ser Galicia una de las tres comunidades autónomas con mayor grado de endeudamiento. Ayer miércoles, una comisión de los tres partidos presentes en el Parlamento de Galicia, a la que asistieron, además los consejeros de Presidencia, Economía y Sanidad, analizó en profundidad la postura de la Xunta frente a la propuesta concreta de Madrid ante el déficit gallego.

Con 2.760.000 habitantes, de los cuales cerca de 600.000 son mayores de 65 años (mientras que 663.000 son mayores de 45 y menores de 65), el progresivo envejecimiento de la población gallega y el crecimiento vegetativo negativo de la población (en el 2003 nacieron 20.285 gallegos y fallecieron 29.449), condicionan todo el sistema público de salud, dado que la expectativa de vida se sitúa, según los últimos datos referidos al primero de enero del año 2003 en 76,5 (hombres) y 80,6 (mujeres). Mientras que el índice de mortalidad se sitúa en 1062,9 defunciones por cada 100.000 habitantes. Para hacer frente a estas necesidades, el SERGAS (Servizo Galego da Saúde), cuenta con un total de 162 quirófanos para operaciones ordinarias y 13 más de urgencias; siendo 7.643 el total camas hospitalarias instaladas, de las cuales sólo funcionan 7.129, estando además dotados de 559 camas para atención psiquiátrica.

Al reunirse hoy, como paso previo a la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo sábado, el Consejo Económico y Fiscal, las tres fuerzas políticas presentes en la cámara gallega lo hacen sin ninguna esperanza de llegar a consolidar ningún tipo de postura común frente a la propuesta del Gobierno central para reducir el déficit sanitario.

A la conocida postura del Partido Popular, opuesta en bloque a la subida de los impuestos en alcohol, tabaco, energía eléctrica y carburantes, hay que añadir la del Bloque Nacionalista Galego, quien el lunes por boca de su diputado en el Congreso, Francisco Rodríguez, cifraba el déficit sanitario real en 5.000 millones de euros, y consideraba insuficientes los 1.000 millones que el Gobierno pone hoy encima de la mesa. Rodríguez, lapidario, afirmaba que lo mejor que puede ocurrir con la propuesta para financiar el déficit sanitario es "que no salga adelante".

No obstante, el BNG, socio minoritario en el Gobierno bipartito, pese a que aboga por la soberanía fiscal, deberá bailar al son de los socialistas gallegos y siguiendo el compás que marque Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta, quien apuesta, sin demasiado entusiasmo, por la solución del Gobierno central, aunque acogiéndose a la especificidad gallega, tal y como anunció hace apenas mes y medio en su discurso de investidura. De ahí su interés por dar cuenta y razón a todos los grupos parlamentarios del estado en el que se encuentran las negociaciones con el Ejecutivo central.

LA RIOJA

- Sanz se niega a subir impuestos

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, forma parte del 'blque de rechazo', pero con una posición más matizada: se muestra seguro de un cambio de propuesta de Zapatero, con un aumento de la oferta a las autonomías, una oferta que se concretaría antes de la cumbre de presidentes y en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para Sanz, lo "óptimo" sería aumentar las cantidades e introducirlas en el sistema actual de financiación. Y ello sin condicionar las cantidades a un incremento de los impuestos, unos impuestos que, en ningún caso, se van a subir en La Rioja.

El moderado optimismo de Sanz se basa en que la propuesta gubernamental también ha sido criticada por los 'socios' de Gobierno de Zapatero y por los propios presidentes del PSOE el pasado sábado. Por eso, Sanz mantiene que "merece la pena reflexionar y decir: así no podemos seguir".

MADRID

- Aguirre alerta sobre el sistema de facturación entre Comunidades

La Comunidad de Madrid considera que para solucionar los problemas de financiación de la sanidad debe desarrollarse el sistema de financiación vigente y atender los incrementos poblacionales que hemos experimentado algunas comunidades autónomas. Estos son los datos oficiales que maneja el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Deuda del estado con la Comunidad de Madrid. Del incremento de población de casi tres millones de personas en el conjunto de España entre 1999-2004, 650.000 habitantes corresponden a Madrid, el 22,47 % del total nacional. Por esta razón el ejecutivo madrileño adoptó un acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación el pago de 1.414 millones de euros con el fin de poder adecuar los servicios públicos de la Región a su población real. El Gobierno de la Comunidad de Madrid pide que se le abone una deuda, no que se cubra un déficit propio.

Pacientes atendidos. Madrid presta cobertura sanitaria a 6.006.646 personas, según los últimos datos -31 de julio de 2005- de emisión de la Tarjeta Sanitaria Individual (TIS), lo que representa un incremento del 2,48 % (145.193 asegurados más) en los últimos doce meses, fundamentalmente por el aumento de población extranjera protegida.

Del total de tarjetas sanitarias emitidas y válidas en la región, el 12,31 % corresponde a extranjeros residentes, siendo el colectivo de los ciudadanos ecuatorianos el que mayor número aglutina con 169.013, seguidos de colombianos -69.751-, rumanos -59.673- y marroquíes -53.845- y peruanos -31.204-. En la Comunidad de Madrid existen en la actualidad 739.301 extranjeros en posesión de la Tarjeta Sanitaria Individual, de los cuales 361.817 son mujeres y 377.484 son hombres; frente a los 632.746 que disponían de ella en julio de 2004.

Además de la población inmigrante asistida según la base de datos de Tarjeta Sanitaria, el Sistema Sanitario Madrileño está atendiendo a otros colectivos extranjeros, que demandan asistencia urgente. Este colectivo proviene de la diferencia existente entre la base de datos de Tarjeta Sanitaria y las cifras del Padrón municipal, que a fecha 31 de julio de 2004, asciende a 383.697 extranjeros empadronados que no han solicitado la Tarjeta Sanitaria, al amparo de la Ley 4/2000, y en consecuencia no poseen la tarjeta, pero sí están utilizando los servicios asistenciales de urgencias.

A estas cifras deben sumarse las de los extranjeros que ni están empadronados, ni poseen tarjeta sanitaria, pero que igualmente demandan atención en los servicios de urgencia y de difícil cuantificación.

Gasto per capita. En la Comunidad de Madrid, el gasto per cápita es de 1.098 euros, lo que la situaría por delante de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares.

En 2003, un año después de recibir las transferencias, el gasto per capita era de 863 €, lo que supone que en 2 años de Gobierno de Esperanza Aguirre la Comunidad de Madrid invierte 235 euros más por habitante en Sanidad, lo que supone 1.098 euros. Estas cifras colocan a la Comunidad de Madrid por encima de la media nacional. Se ha aumentado la financiación de la sanidad un 32 %-33 % en los tres últimos años -sin incluir la construcción de ocho nuevos hospitales-, 14 puntos por encima del PIB nominal.

El Presupuesto de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 2005 es de 5.510 millones de euros, lo que representa el 36,5 % del total. De acuerdo con la Ley del Sistema de Financiación el mínimo legal que tenía que haber presupuestado la Comunidad de Madrid en 2005 son 4.299 millones de euros y, sin embargo, se han presupuestado 1.211 millones de euros más, "lo que refleja la gran apuesta de Comunidad de Madrid por la Sanidad Pública", según el Gobierno autónomo.

Sobre la propuesta que ha hecho el Gobierno para la financiación de la Sanidad, en primer lugar, el gobierno regional no modificará su política impositiva: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid no aceptará ningún tipo de imposición en relación a su política impositiva, ya que gracias a ella se está ahondando en la generación de riqueza y puestos de trabajo en la región", según el Gobierno de Aguirre.

Además, según insiste el ejecutivo autonómico, la propuesta de Rodríguez Zapatero "pretende coaccionar a las CCAA para que suban impuestos indirectos, especialmente el de hidrocarburos; está demostrado que subiendo impuestos lo único que se genera es paro y recesión económica y en la situación actual de subida permanente de los carburantes a nivel mundial roza el absurdo proponer una mayor subida a través de impuestos".

Sistema de "facturación" entre Comunidades. En ese sentido, alegan los populares que la propuesta realizada "no resuelve el problema estructural de la financiación del gasto sanitario que no es coyuntural, sino estructural. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la primera en proponer el desarrollo del sistema de financiación actual, que es correcto y que fue aprobado por todas las Comunidades Autónomas. El único problema que tiene el modelo actual es la falta de voluntad política del gobierno actual de desarrollarlo, aportando fondos suficientes y llegando a un Pacto de Estado. Subiendo el Fondo de Cohesión se atiende el incremento de población, el gasto de desplazados y se cubre la mayor parte del déficit estructural del sistema. La Comunidad de Madrid quiere trabajar para llegar a un acuerdo las 17 Comunidades Autónomas, algo que no se consigue con reuniones de 10 minutos, ni informes sesgados ni globos sondas ni subiendo los impuestos a los ciudadanos porque eso sólo genera paro, recesión económica a medio y largo plazo".

Insiste el Gobierno autónomo que "el Estado debe tener en cuenta la realidad del sistema sanitario madrileño teniendo en cuenta el aumento de población en la Comunidad de Madrid y la atención que en la Comunidad de Madrid prestamos a ciudadanos de otras comunidades y del extranjero. No se puede exigir a los ciudadanos de Madrid que paguen con sus impuestos la atención sanitaria a ciudadanos de otras Comunidades Autónomas. Si el Gobierno no tiene en cuenta esta realidad, tendremos que ir a un sistema de facturación entre Comunidades, lo que supondría el principio del fin del Sistema Nacional de Salud".

El problema de la financiación de la Sanidad no se puede resolver aportando una pequeña cantidad en 4 años, ya que el gasto sanitario ha crecido fundamentalmente por la nueva población protegida en las comunidades autónomas. De esta manera, el problema de la financiación sanitaria sólo se solucionará cuando el Estado aporte el dinero necesario para atender a la nueva población.

"Lo que pone el Gobierno son 500 millones de euros, al año durante 2 años, una propuesta que no resuelve ningún problema del Sistema Nacional de Salud ni la financiación sanitaria de la Comunidad de Madrid. Lo que sí hace es gravar los impuestos de los ciudadanos que no van a ver mejorado su sistema sanitario y sí perjudicado su bolsillo. Además es una propuesta hecha a espaldas de la realidad del Sistema Nacional de Salud, de sus problemas y que abunda en la descohesión del propio sistema", se afirma desde la Consejería que dirige Manuel Lamela.

MURCIA

- La propuesta de ZP es "insultante", según Valcárcel

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, es, junto a la madrileña Esperanza Aguirre, el segundo exponente frentista del PP: Valcárcel rechaza "de plano" la propuesta del Gobierno central para financiar la sanidad subiendo determinados impuestos; una propuesta que califica de "insultante" y "ridícula" la cifra de 14 millones de euros ofrecida para Murcia, ya que "si se aplicara el actual sistema, todavía en vigor, nos corresponderían 200 millones". Milagros de la aritmética.

No ahorra Valcárcel calificativos para la proposición: "Insolidaria, inconcreta, inflacionista e inoportuna, ya que se plantea subir un impuesto como el de hidrocarburos justo cuando más caro está el petróleo". Y pide, como Aguirre y, en su conjunto, los presidentes autonómicos del PP, que se aplique el sistema vigente pactado con el Gobierno de José María Aznar.

Para Valcárcel, no es sólo una cuestión de principios, sino también de números, porque, según los cálculos de su Gobierno, si se cumpliera el actual sistema con la corrección precisa, Murcia percibiría aproximadamente 200 millones de euros, pero el Gobierno central ofrece 14 millones. Y, desde luego, Murcia se niega a subir ni un céntimo más los impuestos adicionales que plantea Rodríguez Zapatero, "pues nos negamos de plano a que los murcianos paguen la sanidad que corresponde al gobierno de España". Es una frase, como se ve, repetida por los presidentes del PP, pero que también dicen los del PSOE.

NAVARRA

- Sanz planteará un gran pacto de Estado

Una posición más moderada del 'bloque duro' del PP es la que plantea el presidente de Navarra, Miguel Sanz: la necesidad de llevar a cabo gran pacto de Estado sobre la financiación de la sanidad. Según dijo, si en el encuentro se acepta que la solución al déficit sanitario se lleve por la vía del acuerdo entre las comunidades autónomas, ofrecerá Pamplona como sede de un encuentro de trabajo.

Sanz es consciente -y lo cree sinceramente- que las comunidades autónomas tienen que hacerse corresponsables en la financiación del déficit sanitario, lo admite, pero añade que también es una cuestión de Estado y como tal requiere un amplio consenso nacional para definir cuál es el modelo de sistema que garantiza prestar los servicios sanitarios con el máximo de eficacia y calidad para los usuarios.

La necesidad de ese pacto viene dada porque la sanidad adolece de unos problemas concretos: falta de regulación de la demanda y la oferta o la necesidad de adecuar el sistema anterior a las nuevas necesidades derivadas del incremento de la inmigración. Pero también cree -he ahí una diferencia con presidentes del PP- que el usuario del servicio sanitario tiene que ser consciente de que tiene un coste que sólo puede sufragarse por la vía de los impuestos o de las tasas. Ello, evidentemente, le acerca en cierta forma a la 'fórmula Zapatero'.

Pero no es óbice para que califique de "miseria" una aportación gubernamental de sólo 500 millones de euros para repartir en un año y de "improcedencia" la idea de garantizar la financiación del déficit sanitario a través de la subida de los impuestos indirectos.

PAÍS VASCO

- Ibarretxe dirá 'no' al "yo invito, tú pagas'

El lehendakari Juan José Ibarretxe llegará a la cumbre de presidentes con una fórmula muy similar a la de los críticos a la propuesta de Zapatero y que se puede resumir en que no consentirá que entre en la política de Sanidad el "yo invito y tú pagas". Una frase que resume crítica a modelos financieros propuestos, sí, pero también a la posibilidad de nuevas prestaciones que deban ser asumidas -y pagadas- por las autonomías.

En Euskadi se da algunos de los problemas que vemos también en otras comunidades, como el hecho de que la pirámide poblacional está evolucionando hacia un perfil de sociedad mayor, en la que el grupo de población mayor de 64 años ha superado al de menos de 15 años. Así, el número total de habitantes es similar al de hace 25 años, pero con notables diferencias en su distribución por edades. Y ya se sabe que a mayor edad mayor gasto sanitario.

El Sistema Sanitario Vasco está formado por una red de centros públicos pertenecientes a Osakidetza/Servicio vasco de salud (Svs) y pro centros privados. Su sector hospitalario cuenta con un total de 51 centros de los que 20 son públicos y trabajan más de 20.000 personas en total.

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