Apertura del año judicial
Informe de la Fiscalía: incremento del 61 % en los delitos contra la vida cometidos por menores desde 2002

Los tribunales siguieron un total de 179 causas por delitos contra la vida cometidos por menores de edad, lo que supone un incremento del 61 por ciento respecto a los 111 expedientes registrados en 2002, según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2004, dada a conocer este martes con motivo de la apertura del año judicial.

13/09/2005
Diariocrítico/Agencias/Madrid

La Memoria de la Fiscalía hace balance de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que entró en vigor en 2001 y que previsiblemente será reformada por el Ejecutivo de Zapatero. Las principales conclusiones muestran "problemas" a la hora de ejecutar las medidas contempladas en la ley y diferencias de recursos entre las distintas comunidades autónomas para llevarlas a cabo.

En lo que se refiere a los hechos delictivos, además de los cometidos contra la vida, destaca especialmente el incremento registrado en las causas por delitos contra la libertad e identidad sexuales (1.320 frente a los 1.187 expedientes de 2002).

Este órgano destaca la "novedosa presencia" en España de bandas de jóvenes delincuentes que, insertos en pandillas, atemorizan y violentan a otros menores con "prácticas cuasi mafiosas" que degeneran en peleas en la vía pública con instrumentos peligrosos y armas blancas, produciendo heridas mortales.

La incidencia de este fenómeno delictivo se ha incrementado en los últimos tiempos y, según la Fiscalía, suele estar influenciado por prácticas similares de países centro y sudamericanos, "constituyendo una fuente permanente de preocupación para las autoridades policiales y judiciales, estando su incidencia esencialmente presente entre los menores de origen latinoamericano".

La Fiscalía también hace referencia a otros problemas concretos como la violencia doméstica, que está teniendo un "sensible incremento". Generalmente, se trata de "episodios típicos reiterados" a lo largo del tiempo que en la mayor parte de los casos no han sido denunciados por los perjudicados (los padres generalmente).

'Bullying'

Las memorias de las fiscalías autonómicas también hacen referencia al 'Bullying' (acoso continuado con violencia o intimidación de menores hacia otros menores en centros educativos).

Las denuncias son cada vez más numerosas, bien porque cada vez se tiende a judicializar situaciones "más o menos cotidianas", bien porque los menores quE sufren estas presiones tienen la valentía de denunciarlas, tal y como refiere al Fiscalía de Ciudad Real. En algunas ocasiones estos incidentes se han desencadenado "por motivos racistas".

Ley del Menor

En lo que se refiere a la Ley del Menor, considera que se ha avanzado en los objetivos de promoción de respuestas especializadas y flexibles en este ámbito y en el impulso de la celeridad. No obstante, reseña "grandes diferencias" entre los medios disponibles para ejecutar las medidas previstas en las diferencias comunidades autónomas, habiéndose producido avances en algunas (entre las que cita País Vasco, Cataluña y Madrid) y estancamiento en otras, "cuando no graves disfunciones.

Todas las memorias de las secciones de menores autonómicas reseñan que "el centro de gravedad" de los problemas se ha trasladado a la fase de ejecución de las medidas y la aparición de las denominadas "listas de espera de menores" pendientes de ejecutar, con grandes diferencias entre comunidades, incluso en ocasiones entre provincias.

Por ejemplo, Canarias constata la falta de plazas en centros de menores, mientras que la fiscalía de Segovia pone de manifiesto la "intolerable falta de medios personales y materiales". En la misma línea, la fiscalía de córdoba denuncia la carencia de recursos para ejecutar medidas como los arrestos de fin de semana o los internamientos terapéuticos.

Sentencias

La Fiscalía evalúa también la función de los distintos intervinientes en el proceso, destacando la especialización de los letrados y la mejora de los servicios policiales por su adscripción a las fiscalías de menores. Sin embargo, explica que el informe del equipo técnico es un factor de retrasos y dilaciones en el proceso.

Respecto a la fase de ejecución de la sentencia las fiscalías también critican la carencia de medios para el cumplimiento de las medidas de internamiento y la inexistencia de plazas en algunas provincias, con los consecuentes perjuicios para los menores.

Las fiscalías también ponen de relieve la "compleja situación" que generan los jóvenes condenados a una medida privativa de libertad de larga duración y que por no haber cumplido los veintitrés años deben permanecer en los centros hasta el cumplimiento de esta edad.

Por ello proponen que cuando alcancen los dieciocho años cumplan su condena en prisión y con régimen penitenciario, salvo que existan razones que justifican su estancia en un centro de menores por su madurez o por su "extraordinario comportamiento que hagan suponer que no reincidirá en el delito y que su ingreso en prisión sería muy perjudicial".

El informe sobre los menores concluye con algunas observaciones relacionadas con el absentismo escolar (causa de frustración del proceso de socialización); las denuncias por fugas en centros de menores; la inexistencia de servicios de guardia de las entidades públicas de protección de menores; la problemática de los menores subsaharianos emigrantes en la zona de Campo de Gibraltar, no acompañados de sus padres; o las intervenciones frente a riesgos de mutilación genital femenina.

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