El Estatut fija unos "derechos y deberes" más allá de los constitucionales

Cataluña es la primera comunidad autónoma que fija, a través de su nuevo Estatut, unos "derechos y deberes" para sus ciudadanos más allá de los que recoge la Constitución española, en base a los cuales establece también los "principios rectores" que deben regir la actividad de los poderes públicos en esta comunidad. La votación de este título en el pleno del Parlament escenificó la primera gran ruptura del consenso entre el tripartito y CiU, cuando la federación votó en contra del conjunto del título por establecer la "laicidad" de la enseñanza pública.

28/09/2005
Diariocrítico/Agencias/Barcelona

Este exhaustivo capítulo, que incluye muchos derechos de nueva generación como los medioambientales y tecnológicos, ha sido el apartado del que hizo bandera ICV-EUiA, que junto a sus socios del tripartito, logró finalmente un acuerdo con CiU y PP para incluirlo dentro del Estatut, con rango de ley orgánica, y no como carta anexa, como pedían los conservadores. Para alcanzar el acuerdo final, la extensión del capítulo tuvo que reducirse y se incorporó un mandato al Parlament para que apruebe una Carta que detalle y amplíe estos derechos estatutarios.

Los ciudadanos de Cataluña podrán reclamar el cumplimiento de estos derechos ante la ley, para lo que se abrirá una Sala de Garantías Estatutarias específica dentro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según prevé el propio Estatut. El texto otorga además al Consell Consultiu la potestad para "tutelar" estos derechos y dictaminar, de forma preceptiva y vinculante, sobre la adecuación a los derechos y principios rectores estatuarios de las leyes que emanen del Parlament catalán.

El apartado sobre Educación fue el que más dificultades presentó en este capítulo y el que llevó finalmente a CiU a votar en contra de todo este primer título del Estatut, por su oposición al precepto que establece que "la enseñanza pública es laica" en Cataluña.

Aunque el dictamen del Consell Consultiu avaló este precepto al considerar que "no impide ni es obstáculo" a la previsión constitucional que impone a los poderes públicos garantizar "por el derecho de los padres" a ofrecer "formación religiosa a sus hijos de acuerdo con sus convicciones", la federación siguió oponiéndose a ello hasta el final de la negociación asegurando que suponía "imponer" con rango estatutario "el modelo social de unos por encima del de otros".

Finalmente, dada la persistencia de ICV-EUiA principalmente y también de ERC en mantener al tripartito firme en este aspecto, no fue posible ninguna transacción con CiU y sus tres enmiendas al apartado de educación fueron rechazadas por los tres grupos del Gobierno, propiciando el voto en contra de la federación a todo el título.

También ocasionó cierta polémica, en círculos políticos de Madrid, la inclusión del "derecho y deber de conocer el catalán", que incluye la obligación de "los jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantil, encargados de registro Civil y personal al servicio de la Administración de Justicia" que ejerzan su cargo en Cataluña a "acreditar" un "nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales", castellano y catalán.

Este mandato se extiende también, según el texto aprobado en el Parlament, al personal "de la administración estatal situada en Cataluña" y a los "órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal".

Eutanasia

La propuesta de Estatut catalán incorpora muchos de los derechos de nueva generación, como los que garantizan la sostenibilidad medioambiental, la protección ciudadana ante todos los tipos de contaminación y el acceso igualitario a las nuevas tecnologías, entre otros. También el derecho a "morir dignamente" y a decidir "de manera anticipada" el tratamiento médico que cada persona quiere recibir cuando "no esté en condiciones de expresar personalmente su voluntad" son reconocidos en el texto.

Los derechos de las mujeres y la "perspectiva de género" en la actividad de los poderes públicos quedan también fijados en el Estatut, que obliga a las administraciones catalanas a "garantizar un abordaje integral de todas las formas de violencia contra las mujeres y los actos de carácter sexista y discriminatorio". Además, insta a los poderes públicos a "reconocer el valor económico del trabajo de cuidado y atención en el ámbito doméstico y familiar en la fijación de sus políticas económicas y sociales".

Según el nuevo Estatut, las administraciones deberán también "velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos en lo que respecta a las cuestiones que pueden afectar su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular por lo que respecta al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual".

En el ámbito de las familias, además de garantizar la "protección jurídica, económica y social de las diversas modalidades de familia", el Estatut obliga a los poderes públicos a "promover la igualdad de las diferentes uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros".

Además de proteger la "conciliación de la vida laboral y familiar", con una "atención especial a las familias numerosas", la propuesta de reforma estatutaria obliga a "promover políticas públicas que favorezcan la emancipación de los jóvenes" facilitándoles acceso a trabajo y vivienda, así como políticas específicas para la infancia, las personas mayores y los discapacitados.

Crea un espacio catalán de relaciones laborales

Los derechos laborales y sindicales de los ciudadanos catalanes también quedan detallados en el proyecto de Estatut, que prevé la "creación de un espacio catalán de relaciones laborales". Además del derecho a la "igualdad y gratuidad en los servicios sanitarios" públicos pide asegurar una vida digna a las personas en situación de pobreza.

Para garantizar el derecho a "la igualdad" entre todas las personas, el Estatut fija la obligación de las administraciones de "promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, la xenofobia, la homofobia y cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas".

"Reconocer a los que lucharon por el autogobierno catalán"

Entre los principios rectores de los poderes públicos en Cataluña se incluye también la preservación de la "memoria histórica" de esta comunidad. El único artículo de este título que fue considerado inconstitucional por el Consell Consultiu fue el referente a los medios de comunicación, dado que en la primera versión del texto se fijaba la condición de "neutral" para todos los medios. En congruencia con el dictamen, todos los grupos acordaron suprimir este término especificar que sólo lo han de ser "los públicos".

Volver