· Los grupos pactan limitar el laicismo a "las escuelas de titularidad pública" con la oposición de ICV

Fumata blanca in extremis. Tras una tarde de 'chalaneos' y negociaciones entre todos los grupos políticos del Parlamento catalán, a últimas horas de este jueves, el tripartito y CiU llegaron a un pacto sobre el polémico tema de la financiación. Con ello se da por seguro, que este viernes el Estatut saldrá adelante definitivamente con los votos necesarios. Por otro lado, CiU, PSC y ERC acordaron, con la oposición del ICV-EUiA, una enmienda técnica que modifica el artículo sobre Educación que se votó el miércoles en el título de Derechos, Deberes y Principios Rectores para limitar la exigencia de "laicidad" a las "escuelas de titularidad pública" y no a toda la "enseñanza pública", como preveía en un principio el texto. Esta fórmula satisfizo tras muchas horas de tira y afloja las expectativas de CiU pero provocó la salida de ICV-EUiA del acuerdo, formación que finalmente no votó la enmienda transaccionada. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, escenificaron el acuerdo a las 21.20 horas cogidos del brazo y con un signo de victoria con el pulgar en alto bajo el cuadro de Antoni Tapies que preside uno de los salones del Parlament.

29/09/2005
Diariocrítico/Agencias

Finalmente, el tripartito que gobierna Cataluña y CiU han alcanzado un acuerdo sobre el modelo de financiación para Catalunya, el polémico y gran escollo para el pacto definitivo sobre el proyecto de reforma del Estatut, que así tiene asegurado salir adelante en la votación de este viernes.

A este acuerdo de última hora se ha llegado después de una serie de reuniones en los despachos de CiU, en las que han participado Francesc Homs (por parte de CiU), Miquel Iceta (por el PSC), Joan Ridao (por ERC) y Joan Boada (por ICV-EA).

A pesar de que todavía queda un pequeño escollo, el de la laicidad en la enseñanza pública, que debe superar una última discrepancia de menor importancia. Porque, de forma paralela a la financiación se fue negociando la reformulación de la definición de la educación pública como "laica", para que sea votada por CiU este viernes. No obstante ello retrasó el anuncio público del acuerdo en financiación.

Pese a otra maratón negociadora con el 'conseller primer', Josep Bargalló, como principal artífice de un texto de consenso, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que estuvo en el Parlament desde las 17.30 horas mantuvo la oposición de Unió --13 diputados en el Parlament-- a las diferentes propuestas que se iban planteando pese a la transigencia de ICV-EA.

La propuesta de financiación incluiría los ejes básicos del sistema defendido por CiU en su último documento con variaciones terminológicas en torno a la capacidad normativa de la Generalitat en los tributos cedidos del Estado. Así, se establecería que la Generalitat tendría capacidad de intervención en la fijación de los tipos impositivos, las exenciones, reducciones y bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota. Inicialmente CiU reclamaba plena capacidad normativa sobre estos tributos.

También se sustituiría la polémica cuota de retorno por una "aportación" al Estado con dos vertientes, una a la solidaridad y otra para cubrir los gastos de los servicios del Estado en Catalunya. El establecimiento de la llamada cuota inicial fue lo que causó mayores dificultades en la negociación y lo último en consensuarse. Las discrepancias en torno a la financiación de los entes locales también se cerró con una fórmula que da preeminencia al Parlament a la hora de fijar los criterios de distribución de los recursos que el Estado destina a los ayuntamientos y que se concretaría con una ley de finanzas locales.

Limitan el laicismo a "las escuelas de titularidad pública"

CiU, PSC y ERC acordaron, con la oposición del ICV-EUiA, una enmienda técnica que modifica el artículo sobre Educación que se votó el miércoles en el título de Derechos, Deberes y Principios Rectores para limitar la exigencia de "laicidad" a las "escuelas de titularidad pública" y no a toda la "enseñanza pública", como preveía en un principio el texto. Esta fórmula satisfizo tras muchas horas de tira y afloja las expectativas de CiU pero provocó la salida de ICV-EUiA del acuerdo, formación que finalmente no votó la enmienda transaccionada.

Esta cuestión fue el último escollo del acuerdo definitivo al nuevo Estatut, que perduró incluso después de haber cerrado la cuestión de la financiación por la oposición de CiU, y especialmente de UDC. De esta manera, quedarían fuera de esta exigencia los centros privados concertados, respondiendo a las demandas de UDC, y se incorporaría también al redactado del artículo el planteamiento de CiU para garantizar "el derecho" de los "padres y madres" a escoger la "formación religiosa y moral" para sus hijos "acorde a sus convicciones".

Así, además de eliminar la frase que aseguraba un modelo educativo en Catalunya "en el cual la enseñanza pública es laica", se añade un nuevo apartado a este artículo para especificar que "los padres y madres tienen garantizado, de acuerdo con los principios establecidos con el artículo 36.4 el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública en las cuales la enseñanza es laica".

El artículo 36.4 al que se hace referencia es el apartado del nuevo Estatut que afirma que ninguno de los preceptos de este texto puede "reducir o limitar" los "derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y los convenios internacionales ratificados por España".

Además, el apartado sobre los centros concertados también se modifica para eliminar la referencia que decía que "los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen el deber de cumplir las obligaciones de servicio público que determine la ley", para establecer simplemente que este tipo de escuelas "podrán ser sostenidos con fondos públicos de acuerdo con aquello que determine la ley, para garantizar los derechos de acceso en condiciones de igualdad y a la calidad de la enseñanza", un redactado que planteaba CiU en sus enmiendas.

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